El Foro Penal, organización no gubernamental que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado las detenciones arbitrarias en el país desde que se estableció el estado de alarma por el COVID-19 el pasado 13 de marzo.
Ha habido un “aumento de detenciones” durante este período, dijo un reporte de la organización, que cifra en 39 este tipo de arrestos.
La ONG alertó sobre la “retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región”, aunque no precisa el número de detenidos por estos motivos. Sí indicó que al menos la mitad de los detenidos fueron excarcelados.
Durante el tiempo que duran estos arrestos, explica el reporte, las autoridades imparten a los detenidos una “charla informativa” sobre la pandemia o les “implementan castigos tales como obligarles a hacer ejercicios y repetir frases mientras practican estos ejercicios” hasta que finalmente son liberados.
"En otros casos, se observó que estas personas son fotografiadas o grabadas y su identidad es revelada en redes sociales, prosigue el Foro Penal.
El director de la organización, Alfredo Romero, explicó a Efe que hasta ahora ninguna persona que ha sido detenida por no usar mascarillas ha pasado más de 24 horas bajo arresto.
Sin embargo, considera que todas estas aprehensiones, que pudieran enmarcarse en el estado de alarma, siguen siendo arbitrarias al no estar respaldadas por un proceso legal que incluya presentación en tribunales.
La ONG señala que durante los últimos 30 días, han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro “o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia del COVID-19”.
El Foro Penal asegura que en Venezuela hay 335 personas privadas de libertad por razones políticas, 214 civiles y 121 militares, un balance que es certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre ellos se cuentan los diputados Juan Requesens, Gilber Caro e Ismael León. Además, en los últimos días fueron secuestrados Demóstenes Quijada y Maury Carrero, dos asesores del presidente interino Juan Guaidó. Ninguno de ellos ha sido liberado.
En los últimos días se contaron también los arrestos de distintas personas que reportaron sobre las carencias de la infraestructura sanitaria del país para enfrentar el avance de la pandemia. Reuters reportó a finales de marzo al menos siete episodios en los que el régimen trató de detener personas por este motivo.
La Fiscalía venezolana detuvo a finales de marzo a 17 personas en el este de Caracas por participar en una fiesta en una vivienda donde se registraron dos casos de contagio del COVID-19, una enfermedad que hasta ahora deja 189 infectados y 9 fallecidos en el país.
Con información de EFE
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