El régimen chavista detuvo a al menos siete jóvenes indígenas pemones, acusados de participar en el asalto a un batallón de las Fuerzas Armadas en las primeras horas del domingo, un ataque que dejó un soldado muerto en el estado Bolívar.
Según denunció el líder pemón y ex alcalde del municipio Gran Sabana Ricardo Delgado, el chavismo ha “militarizado” la comunidad de Kumarakapay, cuyos habitantes “se resguardan ante la presencia de uniformados con verde oliva”. Además, detalló que los detenidos son Amilcan Pérez, Fredrick Fernández, Yahamir Mella, Fermín Fernández, Leomar Delgado, Lisandro González y Alfredo Fernández, todos miembros de dicha localidad.
Horas antes había denunciado la detención del sargento Darwin Balaguera. Al respecto, Delgado denunció que estaba siendo torturado por el capitán Rivas Pinzon, de la Guardia Nacional Bolivariana. Además, indicó que el régimen también arrestó a Juvencio Gómez, líder pemón y ex diputado por la Asamblea Nacional.
Las autoridades chavistas confirmaron el domingo la muerte de un uniformado en el asalto, realizado en el Batallón 513 Mariano Montilla.
“En la madrugada de hoy, fue asaltada una unidad militar al sur del país, por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraídas un lote de armas de dicha unidad”, escribió en Twitter el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. Según aseguró, las armas fueron recuperadas, aunque no dio cifras al respecto. Medios locales habían señalado en la víspera que unos 100 fusiles habían sido sustraídos.
El régimen, además, acusó a varios países de la región. Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, los atacantes fueron “entrenados en Colombia”, recibieron “colaboración artera del gobierno de Jair Bolsonaro” y tienen “su base de operaciones en Perú”.
“Es una estrategia golpista de triangulación de gobiernos del Cartel de Lima para producir violencia, muerte y desestabilización política en Venezuela”, tuiteó Jorge Arreaza.
A su vez, Vladimir Padrino reportó que los capturados “están aportando información de interés criminalístico”, y que organismos de seguridad del Estado “están activados en persecución del resto”.
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