La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana, un anuncio hecho este viernes que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de esta misión.
La visita tendrá lugar entre los próximos días 19 y 21, y durante su estancia la responsable de derechos humanos mantendrá una reunión con Nicolás Maduro y con el presidente encargado Juan Guaidó.
En la agenda de Bachelet están previstas además reuniones con representantes de la Asamblea Nacional (Parlamento), la oficialista Asamblea Constituyente y ministros venezolanos.
Por el lado de la judicatura, la alta comisionada será recibida por el presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab, además del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Como parte de lo convenido, la ex presidente chilena también recibirá a víctimas de violaciones de los derechos humanos y familiares de éstas, además de mantener contactos con líderes de diversos sectores de la sociedad civil.
La visita de Bachelet a Venezuela se ha negociado durante varios meses y estuvo precedida por una misión de avanzada que estuvo el pasado marzo en el país para verificar que se reunían las condiciones para la llegada de la alta comisionada.
Su viaje se hará en el marco de una invitación que le cursó el Gobierno y que su propia oficina solicitó.
Las tratativas para concretar la visita han tenido que ver con la voluntad de Bachelet de prepararla de modo tal que no pueda ser utilizada por el Gobierno ni por ningún otro actor político para sus propios fines.
En marzo pasado, Bachelet denunció que las fuerzas de seguridad del régimen, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina.
(Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en Venezuela)
"Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas", aseguró entonces la chilena. Y agregó: "En el contexto de la última ola de protestas en todo el país contra el Gobierno, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales -los 'colectivos armados'- incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones".
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