Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, denunció Amnistía Internacional en su nuevo informe titulado "Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela", sobre los hechos ocurridos en Venezuela a fines de enero de 2019.
"Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.
"Las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Nicolás Maduro, supieron de estos crímenes, públicos y notorios, y no hicieron nada para impedirlos. Esto es encubrimiento. Llamamos a todos los Estados para que demuestren su respaldo incuestionable a las víctimas y no dejen impunes estos delitos. La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores ante esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional consideró -en su artículo- que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.
Amnistía Internacional recomendó la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomendó la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.
Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, Amnistía Internacional sostiene que los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes.
El informe
Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las muertes por uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y masivas, los posibles actos de encubrimiento, así como la falta de investigación de estos en enero de 2019, "no fueron hechos azarosos". Por el contrario, "formaron parte de un ataque conformado por múltiples actos de violencia, que estuvo previamente planeado y dirigido contra una población civil distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno".
La ONG sostiene que se trató de "un ataque sostenido de agentes estatales orientado a controlar, neutralizar, castigar o eliminar a las personas consideradas o percibidas como opositoras".
Amnistía Internacional consideró que, debido a las características del ataque en enero de 2019, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas del Estado, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, se habrían cometido en Venezuela crímenes de lesa humanidad.
"El contexto de generalidad y sistematicidad en el que se han dado patrones similares en Venezuela en los últimos años hace pensar que los hechos analizados en este informe, así como los patrones ya denunciados en el pasado, configurarían uno de los delitos considerados más graves por la comunidad internacional. Este tipo de crímenes atroces exige la investigación, procesamiento y sanción de aquellas personas responsables, teniendo en cuenta que son imprescriptibles y que habilitan la aplicación de la jurisdicción universal", sostuvo AI.
"La clasificación del tipo de delito, así como la responsabilidad penal individual que pudiera corresponder en su caso, deben ser siempre determinados de manera independiente e imparcial por una autoridad judicial nacional o internacional, según corresponde", agregó.
Por último, señaló: "No obstante, la impunidad imperante en Venezuela hace difícil pensar que los mecanismos nacionales respondan a la obligación de dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en estos años, lo cual propicia su repetición. Por lo tanto, la organización considera que la justicia internacional es crucial en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de garantías de no repetición".
El informe completo
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