Érika Palacios, de 44 años, y Ronald Sevilla, de 25, fueron detenidos el pasado 3 de enero y serán juzgados por instigación al odio. ¿El motivo? Haber protestado por falta de comida.
Se trata de la primera aplicación de la polémica Ley contra el Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, que incluye penas de 10 a 20 años de prisión.
Un tribunal del estado Carabobo, en el norte del país, ordenó la privación de libertad para Palacios y Sevilla, detenidos el 3 de enero en una protesta de unas 15 personas que cerraron una avenida y quemaron neumáticos, reclamando comida para el pueblo venezolano.
Según un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia, ambos serán juzgados por "detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos", "obstaculización de la vía pública" e "instigación al odio", delito castigado con hasta 20 años de prisión en la Ley contra el Odio.
"Este delito se encuentra tipificado en la ley contra el odio que limita el derecho a manifestar, a la libertad de expresión y el derecho a disentir", señaló a la agencia AFP el abogado Luis Betancourt, de la ONG Foro Penal.
Palacios y Sevilla están detenidos en una sede policial a la espera de juicio. La mujer trabaja en un taller mecánico y el hombre en una funeraria.
Durante los últimos días se han registrado algunos saqueos o intentos de saqueos en varias ciudades del país, así como pequeñas pero múltiples protestas por falta de comida y de servicios básicos, como el agua.
"Ellos no están sentenciados, pero pudieran ser condenados a 20 años de prisión y es algo que nos preocupa profundamente. Es el primer caso que registra Foro Penal al que le han aplicado la ley contra el odio", subrayó el Betancourt.
La Constituyente venezolana, que rige con poderes absolutos, aprobó en noviembre pasado una la ley que castiga "delitos de odio" y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.
"Quien (…) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años", establece uno de los 25 artículos.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acusó al régimen chavista de "criminalizar" la disidencia. El texto fue propuesto por el presidente Nicolás Maduro tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
Los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una alarmante inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.
Con información de AFP
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