En El Salvador, cientos de detenidos asisten a juicios y audiencias masivas

Abogados advierten que los juicios masivos de personas detenidas durante la campaña contra las pandillas del presidente Nayib Bukele están empañados por pruebas imprecisas y restricciones a una defensa adecuada.

Cientos de detenidos en El Salvador están compareciendo ante los tribunales a través de video y de manera simultánea para una audiencia conjunta. Algunos abogados dicen que conocen a sus clientes por primera vez el mismo día del juicio. Y testigos anónimos están declarando en contra de decenas de sospechosos a la vez, dicen grupos de derechos humanos.

Más de cuatro años después de que el gobierno del presidente Nayib Bukele detuviera a decenas de miles de personas en una campaña contra la violencia de las pandillas, finalmente algunos de los detenidos están teniendo sus audiencias ante los tribunales.

Pero los juicios no se parecen a lo que la mayoría de los abogados habían visto antes.

Cientos de detenidos son parte de juicios masivos que derivan en condenas casi universales por delitos relacionados con las pandillas, según un nuevo informe publicado el miércoles por Human Rights Watch, así como según cuatro abogados defensores que hablaron directamente con The New York Times.

Los abogados y Human Rights Watch denunciaron violaciones generalizadas de las convenciones internacionales de derechos humanos en estos juicios.

El grupo de derechos humanos determinó que los jueces bloqueaban el acceso a los expedientes de manera rutinaria y los fiscales amenazaban a los testigos propuestos por la defensa con procesarlos. Los hallazgos se sustentaron en entrevistas con 15 abogados que representan a personas detenidas por delitos relacionados con pandillas --cuatro de los cuales hablaron con el Times-- y en una revisión de cuatro documentos de acusación que abarcan a más de 600 acusados y un documento de sentencia. Los abogados dijeron que los procedimientos masivos y rápidos les daban poco tiempo para presentar una defensa. Además, los casos dependen en gran medida de testimonios anónimos derivados de acuerdos de culpabilidad y de informes que algunos agentes de la policía han reconocido como fabricados o basados en pruebas no corroboradas.

El informe de Human Rights Watch añadió que los fiscales y los jueces tienen poca, o ninguna, independencia de la oficina de Bukele.

Un abogado describió que un juez lo había amenazado con detenerlo por representar a un detenido que tenía tatuajes que las autoridades habían interpretado como evidencia de pertenencia a una pandilla.

Los abogados entrevistados para este artículo hablaron bajo la condición de anonimato porque se les prohibió hablar públicamente sobre sus casos y temían represalias del gobierno. Todos dijeron que sus clientes habían estado detenidos al menos tres o cuatro años antes de tener un juicio.

"Primero llegaron los arrestos masivos, ahora son las condenas masivas", dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. "Estos juicios no brindan reparación a las víctimas de la violencia de las pandillas. Están diseñados para convalidar automáticamente las detenciones arbitrarias y dictar sentencias de prisión largas, en muchos casos a personas inocentes".

La Fiscalía General de la República de El Salvador, una portavoz de Bukele y la Corte Suprema de Justicia, que supervisa los tribunales que lidian con el crimen organizado donde se llevan a cabo los juicios, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bajo el mandato de Bukele, el pequeño país centroamericano de seis millones de habitantes --que solía estar desbordado por la violencia de las pandillas-- se transformó en uno de los países más seguros de la región..

Es una hazaña de la que suele jactarse Bukele, de 45 años. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes conservadores en todo el mundo le han declarado su admiración. Pero los grupos de derechos humanos, algunos gobiernos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han criticado las tácticas draconianas que utilizó Bukele para conseguir ese cambio.

Bukele ha defendido sus métodos al decir que se suele enfocar demasiado la atención en los derechos de los sospechosos y no la suficiente en los ciudadanos que han sido liberados de la violencia de las pandillas. En abril, dijo que las audiencias masivas no son una novedad, y señaló como ejemplo los juicios de Núremberg a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

"El único aspecto 'novedoso' es responsabilizar a los jefes por los delitos cometidos por sus organizaciones", publicó en redes sociales. "Pero nosotros no inventamos ese principio. Se llama 'responsabilidad de mando'".

Se calcula que 90.000 personas fueron detenidas bajo un régimen de excepción implementado en la primavera de 2022 que aún sigue vigente. La medida aumentó la población penitenciaria del país a aproximadamente 120.000, derivando en una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.

Algunos agentes de la policía nacional en El Salvador le dijeron al Times el año pasado que estaban bajo una intensa presión para cumplir con las cuotas de detenciones y admitieron que las detenciones arbitrarias y las pruebas endebles ayudaban a lograr esas cifras.

Desde que su partido político obtuvo una supermayoría en 2021, Bukele ha ejercido control sobre todos los aspectos del gobierno salvadoreño, incluidos la Asamblea Legislativa, los fiscales y los tribunales. Se promulgaron medidas antipandillas, que consideraban mayores penas por pertenecer a pandillas o por "agrupaciones ilícitas", la eliminación de los límites de la prisión preventiva y el permiso para procesar hasta a 900 personas al mismo tiempo si estaban vinculadas al mismo grupo criminal.

El resultado ha sido una presunción de culpabilidad en lugar de presunción de inocencia, y una simulación de justicia, no un trato justo en los tribunales, según los cuatro abogados con los que habló el Times. Tres de ellos dijeron que las pandillas eran un problema grave en su país y debían ser llevadas ante la justicia, pero que las medidas del gobierno iban demasiado lejos.

"Objetivamente hay pandilleros, delincuentes y sicarios, pero dentro de todas esas personas, hay inocentes también", dijo un abogado, que ha representado a casi 30 personas detenidas bajo el régimen de emergencia.

El abogado dijo que El Salvador necesitaba procesos justos para determinar quiénes eran los verdaderos delincuentes.

De hecho, el sistema está recompensando a algunos pandilleros que han sido testigos anónimos mediante acuerdos con los fiscales y reciben sentencias reducidas a cambio, dijeron los abogados.

En los tribunales, los testigos anónimos están ocultos detrás de pantallas para que solo los jueces y los fiscales conozcan sus identidades, agregaron. Los acusados comparecen en grupos por video desde el centro penitenciario. A principios de este año, casi 500 presuntos miembros de la pandilla MS-13 presenciaron juntos su proceso judicial de forma virtual desde la cárcel.

Los abogados dijeron que con frecuencia los testimonios de los testigos eran vagos, no estaban verificados y eran contradictorios, pero a menudo servían como la prueba principal utilizada para las condenas. También había una falta de pruebas de respaldo, dijeron.

Un abogado, que actualmente tiene más de 25 casos, dijo que un testigo anónimo había testificado contra 300 personas en una sola audiencia, incluidos dos de sus clientes. Y debido a que se juzgaba a tantas personas a la vez, afirmó otro abogado, a cada abogado se le asignaron solo unos cinco minutos para el contrainterrogatorio.

"Imagínate un abogado público que defiende a 80 personas de una vez", dijo otro abogado.

Un abogado, que tiene tres casos, dijo que en una ocasión se le habían dado solo unos 20 minutos para presentar sus alegatos finales. Otro defensor dijo que sentía que su argumento había sido poco más que una formalidad porque el juez parecía haber tomado ya una decisión; todos los 70 acusados fueron condenados.

Los jueces también permanecen anónimos en los juicios para protegerlos de represalias, y las audiencias, al igual que los expedientes de los casos, están selladas.

Los abogados dijeron que no se les había permitido reunirse ni hablar con sus clientes antes de los juicios. La primera vez que se reunieron, dijeron, fue de manera virtual en el tribunal durante una audiencia. Las pocas reuniones previas al juicio con los clientes que se han permitido llevar a cabo han sido virtuales y grabadas por las autoridades, según el informe de Human Rights Watch.

Los abogados entrevistados dijeron que todos sus clientes que llegaron a juicio habían sido condenados, y a menudo recibían sentencias de 20 a 30 años.

A finales de 2024, Bukele reconoció que 8000 personas inocentes habían sido liberadas de la detención. Grupos de derechos humanos han dicho que aproximadamente 30.000 personas inocentes fueron detenidas, un cálculo que Bukele ha negado.

Los fiscales han agrupado a los acusados en dos categorías. Están los "homeboys", o líderes de pandillas, y están los "colaboradores", la designación más común y definida de manera poco precisa. Se refiere a cualquiera que reciba un beneficio directo o indirecto por ayudar a una pandilla de cualquier manera y puede incluir a personas que fungen como vigilantes, llamados "postes" o "antenas", o incluso a quienes les dan comida.

Según la ley salvadoreña, los líderes condenados enfrentan sentencias de 40 a 45 años, mientras que los colaboradores enfrentan de 20 a 30 años.

El gobierno, dijeron los abogados, ha detenido de manera desproporcionada a residentes de las comunidades más pobres donde las pandillas operaban y a veces obligaban a los residentes a trabajar para ellas.

Una madre, que habló bajo condición de anonimato porque se le prohibió hablar públicamente sobre el caso y temía represalias, dijo que su hijo, ahora de 29 años, había sido detenido en junio de 2022 mientras se dirigía a su trabajo. Reconoció que ocasionalmente había comprado marihuana, pero insistió en que no llevaba nada el día de su detención y no pertenecía a una pandilla.

El mes pasado, dijo, fue sentenciado a 25 años por ser un colaborador. Su abogado planea apelar.

James Wagner cubre noticias y cultura en América Latina para el Times. Está radicado en Ciudad de México.