Una jueza ordena liberar a Kilmar Abrego Garcia de la custodia del ICE

El fallo significa que Abrego Garcia quedará libre y, al menos por ahora, fuera de la inminente amenaza de ser deportado nuevamente.

Una jueza federal ordenó el jueves la liberación de Kilmar Armando Abrego Garcia quien estaba bajo custodia migratoria, al afirmar que el gobierno de Donald Trump lo había retenido durante casi cuatro meses "sin autoridad legal", pese a las reiteradas promesas de expulsarlo nuevamente del país.

El fallo, de la jueza Paula Xinis, fue un duro revés para el gobierno, que en numerosas ocasiones había prometido que Abrego Garcia nunca estaría libre en suelo estadounidense. También representó el último giro en una larga y complicada saga que, a lo largo del año pasado, lo hizo pasar de ser un migrante desconocido que vivía en Maryland y fue deportado de manera injusta a El Salvador en marzo, a ser uno de los símbolos más conocidos de la agresiva agenda de deportaciones del presidente Trump.

El fallo de Xinis, emitido en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, significaba que Abrego Garcia quedaría libre de custodia y, al menos por ahora, fuera de la inminente amenaza de volver a ser deportado del país.

Sin embargo, aunque el fallo fue una severa reprimenda a la forma en que los funcionarios de Trump han manejado sus numerosos casos interrelacionados, es poco probable que sea la última palabra. El Departamento de Justicia podría apelar la decisión, y los funcionarios gubernamentales también podrían iniciar un nuevo proceso migratorio en su contra.

Además, Abrego Garcia sigue enfrentando otros cargos penales por tráfico de migrantes indocumentados en un tribunal distinto, de Nashville.

Sin embargo, Andrew Rossman, uno de sus abogados, aplaudió la decisión de Xinis.

"La decisión de hoy de conceder la libertad a Abrego Garcia es una victoria no solo para un hombre de Maryland, sino para todos", dijo Rossman. "Estamos satisfechos por la decisión del tribunal que defiende el debido proceso y el Estado de derecho".

En su decisión de 31 páginas, Xinis dijo que no tenía más remedio que poner en libertad a Abrego Garcia, señalando un hecho notable pero a menudo pasado por alto sobre el caso: el gobierno de Trump nunca había obtenido una orden definitiva válida para su expulsión de Estados Unidos.

La falta de una orden de expulsión, dijo Xinis, significaba que el gobierno había estado reteniendo a Abrego Garcia sin autoridad legal.

Resultaba aún más extraordinario dada la forma en que comenzó su calvario. En marzo, los funcionarios de inmigración detuvieron a Abrego Garcia en las calles de los suburbios de Maryland y lo pusieron en un avión junto con decenas de otros inmigrantes rumbo a El Salvador, a pesar de que la única orden judicial a su nombre prohibía expresamente que fuera enviado ahí.

Xinis dedicó gran parte de su fallo a repasar lo que describió como la "tortuosa historia" del caso. Eso incluye un periodo de casi cuatro meses en el que el gobierno de Trump desobedeció tres órdenes judiciales --incluida una de la Corte Suprema-- para facilitar la liberación de Abrego Garcia de El Salvador, donde afirma haber sido torturado mientras estuvo encerrado en una conocida prisión construida para terroristas.

Durante ese tiempo, Trump acusó personalmente a Abrego Garcia de pertenecer a la violenta banda callejera MS-13, utilizando como prueba una imagen manipulada que mostraba tatuajes en sus nudillos. Altos funcionarios de su gobierno se sumaron a los ataques, profiriendo repetidamente insultos contra Abrego Garcia, como "pandillero", "monstruo", "depredador ilegal" y "terrorista extranjero ilegal".

Luego, en junio, justo cuando Xinis estaba perdiendo la paciencia con la Casa Blanca y amenazaba con declarar a los funcionarios en desacato, la fiscala general Pam Bondi repentinamente anunció que estaba haciendo lo que sus subordinados ya habían dicho que era imposible: traer a Abrego Garcia de vuelta de El Salvador.

Sin embargo, no solo lo llevaron de regreso para cumplir las instrucciones de Xinis, sino también, como dijo Bondi, para que los fiscales federales de Nashville pudieran acusarlo de haber participado presuntamente en una conspiración de un año de duración para introducir clandestinamente a migrantes indocumentados a través de las fronteras estatales estadounidenses.

Durante la mayor parte de los tres meses siguientes, el gobierno osciló, de forma un tanto confusa, entre prometer procesar a Abrego Garcia con todo el peso de la ley y prometer su deportación a un país que no fuera El Salvador.

Mientras los funcionarios iban y venían, el juez federal a cargo del caso penal de Abrego Garcia lo liberó de la custodia por los cargos de tráfico de inmigrantes, poniendo en duda lo que denominó como "intentos mediocres del gobierno de vincular a Abrego con la MS-13".

Tres días después de ser puesto en libertad, Abrego Garcia volvió a ser detenido, esta vez por funcionarios de inmigración que repentinamente afirmaron que intentarían deportarlo a Uganda, un país con el que no tenía ningún vínculo. Fue en ese momento cuando sus abogados interpusieron una nueva demanda ante Xinis, con el fin de bloquear su expulsión a un país que no era el suyo.

Esa demanda desató una confusión que duró varias semanas, mientras los funcionarios planteaban planes para expulsar a Abrego Garcia a otros países africanos, como Suazilandia y Ghana. Sin embargo, todas las propuestas fracasaron, porque los funcionarios no pudieron lograr acuerdos con sus homólogos en el extranjero.

A finales de octubre, cuando la paciencia de Xinis se estaba agotando de nuevo, el gobierno hizo otra propuesta. Enviaría a Abrego Garcia a Liberia, que había accedido a acogerlo y era, como señalaron los abogados del gobierno en los documentos judiciales, "una democracia floreciente y uno de los socios más cercanos a Estados Unidos en el continente africano".

Los abogados de Abrego Garcia también rechazaron esa idea y dijeron que estaban desconcertados por el hecho de que la Casa Blanca se negara obstinadamente a enviar a su cliente a Costa Rica, el único lugar al que había aceptado ir y que también había accedido a aceptarlo.

Gran parte de las idas y vueltas del gobierno se hicieron patentes porque Xinis convocó repetidamente a los abogados del Departamento de Justicia y a los funcionarios de inmigración a su juzgado de Maryland con el fin de realizar audiencias para determinar qué planeaban hacer con Abrego Garcia.

En su fallo, reprendió al gobierno por su conducta durante esas audiencias, afirmando que sus abogados la obstruyeron en varias ocasiones, que habían desobedecido sus instrucciones directas y que incluso la habían "engañado de manera deliberada".

Eso ocurrió, señaló, cuando los abogados le dijeron que la opción de enviar a Abrego Garcia a Costa Rica ya no era viable, dejando a Liberia como la única opción.

Pero eso, insistió la jueza, resultó no ser cierto.

A las 24 horas de que los abogados descartaran la opción de Costa Rica, uno de los altos funcionarios del país dijo a "múltiples fuentes de noticias", escribió Xinis, "que su oferta de conceder a Abrego Garcia la residencia y el estatus de refugiado es, y siempre ha sido, firme, inquebrantable e incondicional".

Todo ello indicaba que el gobierno no se tomaba en serio --y quizá nunca lo había hecho-- la nueva deportación de Abrego Garcia. Y ese, dijo, era en parte el motivo por el que lo había puesto en libertad.

"La persistente negativa de los demandados a reconocer a Costa Rica como una opción viable de expulsión, sus amenazas de enviar a Abrego Garcia a países africanos que nunca aceptaron recibirlo y su tergiversación ante el tribunal de que Liberia ahora es el único país disponible para Abrego Garcia, reflejan que, cualquiera que fuera el propósito de su detención", escribió, "no era el 'propósito básico' de la expulsión oportuna a un tercer país".

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.