Me atormenta lo que hice como abogada en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Donald Trump

Yo trabajaba como abogada en el Departamento de Justicia cuando Donald Trump fue elegido como presidente. Fui empleada de la Oficina del Consejero Jurídico, que es donde los presidentes solicitan permisos que indican que sus órdenes ejecutivas y otras acciones contempladas por ellos son legales. Me uní al departamento durante el gobierno de Barack Obama, como una abogada de carrera cuya labor supuestamente sería independiente de la política.

Nunca me hice ilusiones sobre la presidencia de Trump. El mandatario de inmediato manifestó que su agenda era acabar con nuestra democracia, pero yo tomé la decisión de permanecer en el Departamento de Justicia (donde se encuentran algunos de los mejores abogados del país) tanto tiempo como pudiera soportarlo. Creía que podía servir a nuestro país de mejor manera al luchar contra sus acciones desde dentro que si me mantenía al margen. Sin embargo, he reconsiderado esa decisión.

Mi trabajo consistía en adaptar las acciones ejecutivas de la administración para hacerlas legales (al limitarlas, también podía hacerlas menos destructivas). Mantuve mi compromiso de intentar cumplir mi juramento incluso cuando el presidente se negaba a cumplir el suyo.

No obstante, había un sacrificio: los abogados disminuimos los impactos dañinos inmediatos de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, pero también las hicimos más aceptables para los tribunales.

Esto brotó a la vista del público desde el principio del gobierno de Trump con la litigación sobre la orden ejecutiva que prohibía los viajes desde varios países predominantemente musulmanes, que mi oficina aprobó. El primer veto musulmán se apresuró al ponerse en marcha. Era radical y torpe; las cortes rápido le pusieron un alto. Los vetos discriminatorios sucesivos se beneficiaron de más tiempo y atención por parte de los abogados del departamento, que los limitaron, pero también los hicieron más tecnocráticos y, por consiguiente, más difíciles de bloquear para los tribunales.

Después de la decisión de la Corte Suprema en junio de 2018 en la que sostiene el tercer veto musulmán, revisé mi propio portafolio (que incluía asuntos que iban dirigidos contra inmigrantes no ciudadanos, y que buscaban desmantelar el servicio público y camuflar la corrupción del presidente) con el temor de que estuviera haciendo más daño que bien. Para el Día de Acción de Gracias de ese año, había renunciado a mi empleo.

Aun así, sentí que estaba abandonando el barco. Continué creyendo que una gran cantidad de abogados responsables que seguían en el gobierno podrían brindar una última línea de defensa contra los peores instintos de la administración. Incluso después de que me fui, les aconsejé a otros que podían hacer bien al quedarse. Los reportes informativos sobre un significativo rechazo por parte de los abogados del Departamento de Justicia parecían confirmar esta manera de pensar.

Estaba equivocada.

Al ver los ataques de la campaña de Trump a los resultados de la elección, ahora veo lo que podría haber sucedido si, en lugar de pulir la agenda de Trump, los abogados responsables del Departmento de Justicia se hubieran rehusado de manera colectiva, ética y legal a participar en los ataques sistémicos del presidente Trump contra nuestra democracia desde el principio. Los ataques habrían fracasado.

A diferencia de su Departamento de Justicia, la campaña de Trump ha dependido de abogados de segunda que carecen de las habilidades para mantener la farsa del presidente. Después de un reciente argumento oral de Rudy Giuliani, el juez Matthew Brann (un republicano) escribió que la campaña había ofrecido “argumentos legales sin méritos y con acusaciones especulativas, desvinculados de la demanda operativa y sin el respaldo de evidencia”. Incluso jueces designados por Trump se han negado a respaldar a abogados que no pueden dominar los mecanismos básicos de la abogacía.

Después de cuatro años de arrasar con una institución tras otra con el respaldo de abogados capaces, la agenda de Trump se topó con un muro.

La historia del ataque de la campaña de Trump contra nuestras elecciones pudo haber sido la historia del ataque de cuatro años del gobierno de Trump contra nuestras instituciones. Si, desde el principio, los abogados del Departamento de Justicia acusados de vender las mentiras de la administración hubieran dejado sus puestos (y así conservado nuestros talentos y reputaciones y, a la vez, exigir lo mismo de nuestros pares profesionales), la labor de defender las políticas del presidente Trump habría quedado en manos del tipo de abogados que ahora representan su campaña. Abogados como Giuliani habrían tenido que defender el veto musulmán en la corte.

Si eso hubiera ocurrido, los jueces probablemente habrían desmantelado la farsa de Trump desde el principio, con lo que habrían detenido el impulso de sus esfuerzos más horrendos y destructivos y habrían generado una muy necesitada rendición de cuentas al comienzo de su presidencia.

Antes de la elección de 2020, estaba atormentada por lo que no hice. Por todas las maneras en las que no opuse suficiente resistencia. Ahora, después de la elección de este año, estoy atormentada por lo que hice. El sacrificio no valió la pena.

Al dar voz a aquellos que intentan destruir el Estado de derecho y dignificar sus esfuerzos con nuestros talentos e incluso nuestra capacidad básica, permitimos esa destrucción. ¿Hicimos suficientes actos positivos para compensar el daño que facilitamos, como un funcionario de salud pondría al presidente en los márgenes para impulsar avances en el desarrollo de vacunas? No.

Sin importar cuáles fueron nuestras intenciones, fuimos cómplices. De manera colectiva, perpetuamos a un líder antidemocrático al conformarnos con su ataque a la realidad. Tal vez fuimos víctimas del sistema, pero también fuimos sus instrumentos. Sin importar cuánto nos resistimos desde adentro, lo hicimos como miembros de una clase profesional de abogados gubernamentales que permitieron el ataque a nuestra democracia, un ataque que casi acabó con ella.

Le debemos al país nuestra honestidad sobre eso y sobre lo que vimos. Le debemos disculpas. Yo ofrezco mis disculpas aquí.

Además, le debemos nuestros mejores esfuerzos para restaurar nuestra democracia y compartir lo que hemos aprendido para ayudar a movilizar y promulgar reformas (para recordarles a futuros abogados gubernamentales que cuando les soliciten socavar nuestra democracia, el camino correcto es rehusarse y hacer que sus pares estén a la misma altura).

Liderar con el ejemplo y hacer todo lo que sea posible para asegurarnos de que esto nunca ocurra de nuevo. Si no lo hacemos, volverá a suceder.

© The New York Times 2020

Erica Newland, consejera en Protect Democracy, trabajó en la Oficina del Consejero Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2016 y 2018.