Venezuela: una salida exclusivamente electoral es imposible

CARACAS — Podría parecer que el alzamiento de militares el 30 de abril no cambió nada en Venezuela. Pero los sucesos de ese día revelaron dos aspectos que podrían ser decisivos: la existencia de una grieta en las fuerzas armadas y las dimensiones de la complejidad de la crisis venezolana y de su posible solución.

A menudo, en foros internacionales, editoriales y debates, se defiende la idea de una salida exclusivamente electoral a la crisis venezolana. Pero esa propuesta puede ser ingenua, algo que no podemos permitirnos en Venezuela: suele ser vaga y demasiado optimista. Con frecuencia no se especifica cómo asegurar esa deseada elección sin correr el riesgo de un proceso fraudulento, como sucedió el 20 de mayo, cuando Nicolás Maduro se reeligió como presidente sin observadores electorales internacionales ni credibilidad nacional o extranjera.

En los días posteriores al levantamiento de abril, se ha vuelto a insistir en que la solución a la crisis debe ser electoral, como reiteró el Grupo de Contacto Internacional. Se trata de una vía acertada, pero que no puede ignorar que la permanencia de Maduro imposibilitará realizar elecciones libres y confiables.

Por lo tanto, la pregunta en Venezuela no es si las elecciones son el mejor método para regresar a la democracia (lo son), sino cuándo es mejor celebrarlas. Esto es: ¿la transición a la democracia debe comenzar con la elección o, más bien, la salida de Maduro del poder debe ser la condición previa a la celebración de las elecciones?

Existen antecedentes de elecciones que han permitido el paso a la democracia, tal y como ha estudiado el investigador Staffan I. Lindberg. Ese fue el caso de Brasil: después de protestas ciudadanas y una grave crisis económica, la junta militar que llegó al poder por un golpe de Estado en 1964 convocó elecciones en 1985, en las que ganó un candidato opositor, Tancredo Neves. Esa victoria electoral permitió que Brasil restaurara un régimen civil. Pero en Venezuela no parece posible que se den las condiciones para unos comicios libres y justos que conduzcan a la democracia.

La Asamblea Nacional (AN) lo tiene claro. En febrero de 2019, aprobó un estatuto que rige la transición a la democracia y parte de la vía no electoral: el primer paso de la transición, se advierte, debe ser un cambio político que, en una segunda fase, permita celebrar elecciones genuinas.

La solución que aporta el estatuto de la AN es pragmática: el cese de la usurpación debe suceder antes que las elecciones. Una vez que salga del poder Maduro, se debe conformar un gobierno de unidad y asegurar así comicios presidenciales libres y justos. Esto supone reconocer la legitimidad de un cambio político no electoral que permita atender de manera inmediata y efectiva la emergencia humanitaria que vive el país y recuperar la institucionalidad y la autonomía de los distintos órganos gubernamentales, incluido el Consejo Nacional Electoral.

Este razonamiento es acertado porque con Maduro en el poder no será posible garantizar elecciones libres en Venezuela si antes no se rescatan las condiciones mínimas de integridad electoral que fueron destruidas luego de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Este es un dilema que debemos recordar: las elecciones solo pueden producir un cambio político si se garantizan las condiciones para celebrarlas.

Un breve repaso de nuestra historia reciente puede confirmarnos que el razonamiento del estatuto de la AN es el correcto. En Venezuela ya se ha intentado promover la transición a través de las urnas. Pero todos han fracasado. El régimen de Maduro, con el control absoluto de las instituciones del gobierno, desmanteló las competencias de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, promovió la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente e intervino en las elecciones regionales de 2017 —en las que la oposición denunció diversos fraudes—. El acto final fue la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que Nicolás Maduro se reeligió sin cumplir las garantías mínimas de integridad electoral.

Debe tenerse en cuenta que la transición en Venezuela no sería solo de un régimen autoritario a una democracia. Si ese fuera el caso, quizás la ruta electoral podría ensayarse. Pero la realidad venezolana, lamentablemente, es más complicada. Venezuela tiene hoy un Estado fallido que no es capaz de garantizar el suministro eléctrico ni el control del territorio. Ese Estado debe sanarse antes de convocar elecciones. Y esto precisa gestionar al mismo tiempo otras dos dimensiones de la transición: la transición de un Estado frágil a un Estado funcional y, al mismo tiempo, la transición de un Estado mafioso a un Estado institucional.

El cambio no electoral que funcionaría en Venezuela requiere, entre otras condiciones, romper la lealtad del ejército al régimen de Nicolás Maduro. En el estatuto se diseñó una estrategia para lograrlo por una vía que también puede y debe ser pacífica: incentivos negativos (como sanciones y otras medidas de coerción en el ámbito internacional) y positivos (la amnistía, la justicia transicional y la garantía de participación de las fuerzas armadas en el proceso de transición democrática).

El esfuerzo de la oposición y de los ciudadanos, por lo tanto, debe centrarse en promover un cambio no electoral que parta del desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. Esto es, quebrar el deber de obediencia al régimen, especialmente, por los funcionarios civiles y militares. Además de que puede ser pacífica, esta desobediencia también es legal: los militares pueden rechazar a un presidente apegados a los artículos 333 y 350 de la constitución, como consecuencia de lo que Francisco Rubio Llorente llamó el "derecho de resistencia frente al poder injusto".

Y si alguien tuviese dudas, basta ver la arremetida del régimen de Maduro en estos días: ha terminado con la clausura de facto de la sede de la Asamblea Nacional por efectivos militares y abrió procesos contra diputados de la oposición. La propuesta de celebrar elecciones libres en estas condiciones no es una alternativa.

José Ignacio Hernández G. es abogado y profesor de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Es investigador visitante del The Growth Lab, de la Universidad de Harvard.

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