Una investigación reveló los millonarios ingresos del rey Carlos III y el príncipe William

Una investigación reciente, realizada por The Sunday Times y el programa británico Dispatches, desvela información inédita sobre cómo el rey Carlos y el Príncipe William generan ingresos a través de sus propiedades privadas, los ducados de Lancaster y Cornwall, los cuales suman millones de dólares anuales.

Según el informe, estos vastos patrimonios, en lugar de depender de financiación pública directa, se sostienen mediante el cobro de tarifas a una amplia gama de organizaciones, incluidas entidades benéficas y servicios públicos financiados con impuestos, como el sistema de salud NHS, escuelas y fuerzas de defensa británicas. Esta práctica genera controversia sobre el papel financiero de la monarquía en el Reino Unido, en especial debido a las condiciones fiscales favorables que rodean a estos patrimonios.

El Ducado de Lancaster, que pertenece al monarca y se extiende por 18.109 hectáreas, en diversas ubicaciones de Inglaterra y Gales, y el Ducado de Cornwall, propiedad del príncipe William y compuesto por 52.609 hectáreas en el suroeste del país, fueron creados hace varios siglos con el propósito de proporcionar ingresos al soberano y al heredero al trono, respectivamente.

A lo largo de los años, estos patrimonios han evolucionado en su modelo de operación, pasando de ser simples fuentes de rentas de la nobleza a entidades comerciales que cobran tarifas por un amplio conjunto de actividades y derechos que se llevan a cabo en sus tierras. Entre los métodos de recaudación de ingresos, se incluye el cobro por el cruce de ríos, la utilización de terrenos para infraestructuras, el almacenamiento de vehículos públicos, y otros usos derivados del comercio, la minería y el turismo.

Una característica crucial en la gestión de estos ducados, y que ha sido objeto de cuestionamientos, radica en su exención de impuestos corporativos, a pesar de operar como negocios comerciales. Mientras que la mayoría de las empresas en el Reino Unido deben abonar impuestos sobre sus ganancias, el rey Carlos y el príncipe William disfrutan de un acuerdo especial que les permite retener todos los beneficios generados sin necesidad de tributar por ellos.

Según el reporte, esta disposición suscita inquietudes sobre la transparencia y equidad fiscal, particularmente en un contexto donde diversas instituciones del sector público, que sí se sostienen con los impuestos de los ciudadanos, pagan sumas considerables al utilizar infraestructuras o acceder a derechos de estos patrimonios. Declaraciones oficiales de ambos ducados recalcan que se trata de patrimonios privados y autosuficientes, que cumplen con las regulaciones y no dependen de fondos públicos. Sin embargo, no abordan de manera específica la cuestión de las exenciones fiscales aplicables a sus actividades comerciales.

El informe documenta múltiples ejemplos sobre cómo los ducados aplican tarifas a diversas entidades públicas para el uso de sus tierras y servicios. Un caso destacado es el del NHS, que paga 11.47 millones de libras (14.8 millones de dólares) durante un período de 15 años al Ducado de Lancaster para alquilar un almacén donde se depositan ambulancias eléctricas.

También se documenta que instituciones como el ejército británico, la marina y el sistema penitenciario destinan sumas anuales para cubrir tarifas de acceso a terrenos específicos o para el uso de infraestructura en propiedades pertenecientes a los ducados. Estos cobros adicionales, que recaen sobre servicios esenciales y públicos, generan preocupación entre algunos sectores de la sociedad británica, quienes consideran que estos fondos, destinados originalmente al bien público, terminan reforzando la fortuna privada de la monarquía.

Entre las prácticas más debatidas, se encuentra el cobro de tarifas a entidades benéficas. El reporte cita el caso de St. John’s Ambulance, una organización de la que el rey Carlos es patrocinador que destinó aproximadamente 60 mil libras (78 mil dólares) por derecho a operar en terrenos del ducado.

Estas tarifas aplicadas a organizaciones benéficas aparecen como un contraste notable con la imagen de compromiso y apoyo a causas sociales que tanto el rey como el príncipe proyectan en sus actividades oficiales. El informe sugiere que, al tratarse de fondos destinados a la caridad, podrían reconsiderarse los cargos aplicados a estas entidades.

En respuesta a la controversia, representantes de ambos ducados han publicado declaraciones defendiendo su estatus. Un portavoz del Ducado de Cornwall indicó que el príncipe William se ha comprometido con una transformación de sus propiedades, incluyendo planes para que las operaciones del ducado alcancen la neutralidad de carbono hacia el año 2032.

En tanto, un portavoz del Ducado de Lancaster recalcó que esta propiedad se mantiene como un patrimonio privado, sin recibir fondos del gobierno, e insiste en que los ingresos generados permiten inversiones en beneficio de las comunidades locales y en proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental. La declaración subraya el objetivo de las propiedades de mantener un impacto positivo, alineado con los valores públicos y los compromisos sociales y ambientales de los duques.