La justicia británica le reconoció el martes al rey emérito Juan Carlos de Borbón la inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación en 2014, lo que el padre del actual monarca español reclamaba intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su Corinna Larsen en Londres.
Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres dictaminaron que la “alegada conducta previa a la abdicación” es “inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”.
El equipo jurídico del ex monarca, de 84 años, defendía desde 2021 que este no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.
Sin embargo, un juez de la Alta Corte de Londres se la había denegado en marzo argumentando que ya no era miembro de la casa real y que incluso antes de su abdicación, los “actos de acoso” de los que lo acusa la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, no se beneficiaban de dicha protección.
El Tribunal de Apelación accedió después a reexaminar la cuestión pero únicamente mientras fue jefe de Estado.
Paralizada hasta la resolución de este recurso, la demanda por acoso podrá ahora sin embargo proseguir en una fecha por determinar, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad para el periodo posterior a su abdicación.
Acusaciones de amenazas y hostigamiento
Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas dentro y fuera de España por permitir el retorno de la democracia al país.
Pero una serie de escándalos a partir de 2012, incluida su relación con Larsen, derrumbaron su imagen, llevándolo primero a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, y en agosto de 2020, a exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde entonces.
Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria --divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen-- presentó en 2020 una demanda civil contra él por acoso en Londres, donde vive.
Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (68 millones de dólares).
Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, que niega todas las acusaciones.
Reclamando la inmunidad, el abogado del ex rey, Tim Otty, defendió en noviembre que esta “es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida”.
Dicha “conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúe con abuso de poder”, agregó ante los jueces del Tribunal de Apelación londinense.
Estos debían estimar, por ejemplo, si al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán --entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)--, quien según Sayn-Wittgenstein la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje o si se trataba de un favor personal entre amigos.
¿Amante o testaferro?
El abogado de Larsen, James Lewis, insistió entonces en que la inmunidad solo se aplicaba a actos realizados “en el desempeño de funciones oficiales” y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre el CNI.
Recientemente, los abogados de la empresaria modificaron su demanda, eliminando toda referencia a los servicios secretos españoles para dar a entender que Juan Carlos y Sanz Roldán actuaron de forma privada.
El caso se vio enturbiado por la publicación de un polémico pódcast titulado “Corinna y el Rey”, en que los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan, con testimonios de Larsen y otros entrevistados, un romance que al venirse abajo “abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen”.
En documentos judiciales presentados en noviembre, los abogados de Larsen aseguran que aunque Juan Carlos le entregó los 68 millones de dólares alegando “un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento”, su intención era en realidad ocultarlos al fisco español, utilizándola como testaferro.
Y afirman que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012, al buscar acceder a dicho dinero.
(con información de AFP)
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