Desmontar los narcoestados para recuperar la seguridad ciudadana y el estado de derecho

El socialismo del siglo XXI suplantó la política y la ideología por el crimen organizado trasnacional. Con narrativa de revolución, populismo y antiimperialismo impuso el terrorismo de Estado como metodología y la gestión del crimen como plan de gobierno, afirmando el narcoestado de Cuba, creando narcoestados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y en provincias o estados en México, Colombia, Brasil, Argentina y más. En esta realidad, solo desmontar los narcoestados puede recuperar la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Narcoestado es “un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales del tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico. Se trata de países donde las organizaciones ilegales que producen, transportan o venden drogas controlan las instituciones legítimas mediante la fuerza, el soborno o el chantaje”.

Aplicando este concepto, la realidad objetiva prueba que las dictaduras del socialismo del siglo XXI: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador fueron estructuradas como narcoestados. Que sus gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula da Silva con el Comando Vermelho y el Comando de la Capital; México con López Obrador y Sheinbaum en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y más; Colombia de Petro con el ELN, las FARC; Argentina con provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, instaladas con los Kirchner; han creado y coexisten con narcoestados.

La situación de los países y gobiernos en Latinoamérica ha pasado de los “narco vínculos” de la década de los 90s a la “toma del poder por los narcos” y su efecto los “narcoestados” (la estrategia del narco colombiano Pablo Escobar).

En el tiempo de los narco vínculos como el caso de Samper en Colombia se trataba del financiamiento de campañas políticas por los narcos, pero cuando el socialismo del siglo XXI tomó el poder, pasó al control directo del narcotráfico como fuente de financiamiento del terrorismo y del ataque sostenido a las democracias, con la falacia castrista que el “narcotráfico es un arma de lucha antimperialista”.

En este contexto hay por lo menos tres escenarios: 1.- los países bajo dictadura que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son narcoestados plenos; 2.- los países con gobiernos elegidos pero con sistema institucional de narcoestados que son Ecuador y Bolivia; 3.- los países con gobiernos para dictatoriales que protegen, toleran o negocian directa o disimuladamente con los narcoestados dentro de su territorio, que son México, Brasil, Colombia, Brasil, Argentina…

En todos estos casos la alternativa es solo una, desmontar los narcoestados. Esto es el combate directo al narcotráfico descabezando la penetración política de los narcos en gobiernos nacionales, locales, estatales, representaciones nacionales o territoriales,, senadores, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, y cualquier tipo de presencia criminal en las esferas políticas o partidistas. Todos saben quiénes son y donde están, pero lo único que hay que vencer es el compromiso económico, miedo y/o la complicidad.

En las dictaduras el punto de quiebre fue la captura de Nicolás Maduro, hoy el reo Maduro, pero la subsistencia de su aparato en control del gobierno de Venezuela no ha desmontado el narcoestado. En el caso de Cuba, la terminación del régimen acabará no solo con el narcoestado más antiguo de las Américas sino también con el sostenimiento del sistema y la protección criminal transnacional. En Nicaragua el régimen caerá arrastrado por la terminación de la cúpula criminal de Cuba. En los tres casos el tema central es no dar impunidad a los principales de la operación narcoterrorista.

El caso de Ecuador es emblemático porque desde la recuperación de la democracia por el presidente Lenin Moreno lo duro es el desmontaje del narcoestado por lo que lucha el presidente Daniel Noboa, tal vez aún sin una presión efectiva a los niveles que asumieron condición política en la instalación del narcoestado que perdura.

Bolivia sigue siendo un narcoestado y lo será mientas se mantenga la constitución plurinacional que suplantó con delitos y masacres a la República de Bolivia, cuya restauración es la base para derrotar al crimen enmascarado en la política. No habrá política ni estado de derecho mientras se mantenga la simulación de una democracia que no tiene ninguno de los elementos esenciales señalados por la Carta Democrática Interamericana.

En el caso de los gobiernos de México, Colombia, Brasil, Argentina y más, corresponde a los políticos darse su lugar y separarse de los criminales que son parte del sostenimiento de narcoestados internos, que todos conocen pero que simulan ignorar con el argumento de “necesidad política”.