
Hace unos días, tuve el privilegio de participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, un encuentro que muchos ya reconocen como “el Davos de América Latina”. Ahí coincidieron jefes de Estado, ministros de economía y finanzas, presidentes de bancos centrales, organismos multilaterales, académicos y líderes empresariales.
Fui uno entre un reducido grupo de alcaldes de la región que fueron invitados como ponentes, lo que me permitió observar desde la primera fila cómo se está leyendo hoy el papel que pueden jugar las ciudades y las regiones metropolitanas en el nuevo orden global. Lo que escribo a continuación es una reflexión personal sobre lo que se debatió y las conclusiones que podemos traer a Nuevo León y los municipios metropolitanos mexicanos.
El mensaje central fue claro: el mundo ya no se mueve por discursos ni por afinidades ideológicas, sino por capacidad real de respuesta, fortaleza económica y funcionamiento institucional. Las decisiones estratégicas de potencias, empresas e inversionistas se están tomando con criterios cada vez más pragmáticos, y los territorios son evaluados por lo que pueden garantizar, no por lo que prometen.
En ese contexto, Estados Unidos ha dejado en claro que su relación con el mundo, particularmente con América Latina, se rige por una lógica abiertamente funcional y pragmática. Las prioridades están definidas: seguridad nacional, control de flujos migratorios, competencia económica global y relocalización de cadenas productivas bajo condiciones estrictas.
Esto tiene una consecuencia directa: las regiones ya no son relevantes por su ideología o historia, sino por su capacidad de ejecución y de ser socios económicos reales. América Latina, y dentro de ella México, ha dejado de ser vista como un socio automático. Hoy es un espacio estratégico que debe demostrar confiabilidad, disciplina institucional y capacidad para integrarse con rapidez a las nuevas dinámicas productivas. Quien ayuda a resolver problemas concretos entra en la ecuación; quien no, queda al margen.
Esta lectura se repitió una y otra vez en el foro. Ahí quedó claro que las regiones que hoy compiten no son las que prometen más, sino las que funcionan mejor. La atracción de inversión, el nearshoring y la integración a cadenas globales dependen cada vez más de gobiernos nacionales y locales eficaces, capaces de ofrecer certeza y agilidad económica y jurídica.

De esa discusión surge una conclusión que no podemos ignorar: la infraestructura más importante del siglo XXI no es solo física; es institucional y digital. Inversionistas, bancos de desarrollo y gobiernos ya no preguntan por discursos políticos. Preguntan cuánto tarda un permiso, qué tan aliada del crecimiento es la autoridad y si el Estado tiene capacidad técnica para cumplir lo que promete. Todo eso se resume, en una palabra: gobernanza.
En ese entorno la digitalización y agilidad administrativa del sector público deja de ser un tema burocrático y se convierte en un filtro geopolítico. No es modernización cosmética; es un mecanismo de selección duro. Los territorios que no pueden demostrar eficiencia, trazabilidad, interoperabilidad y certeza simplemente dejan de ser relevantes en la nueva arquitectura económica y geopolítica.
Para Nuevo León, el mensaje es directo. Nuestra fortaleza industrial, nuestra cultura productiva, la historia industrialista y nuestra ubicación estratégica nos colocan en una posición privilegiada frente a la reconfiguración global. Pero esa oportunidad no es automática ni permanente. Se gana -o se pierde- en la forma de gobernar.
El capital global no va a esperar a que los territorios se ordenen. Va a invertir donde el gobierno funcione, donde la seguridad esté garantizada y donde la relación con la autoridad sea clara y predecible, no donde tengan mejor propaganda o publicidad.
Aquí aparece una reflexión de fondo que atravesó todo el foro y que vale la pena subrayar: la soberanía, en el siglo XXI se defiende con economías fuertes y Estados que funcionen. Una economía sólida no es solo un indicador macroeconómico; es capacidad de decisión, margen de maniobra y autonomía real frente a presiones externas. Esta visión ha sido marcada con claridad por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, cuando insiste en que el Crecimiento con Justicia no es solo un objetivo social, sino una condición de soberanía efectiva. Un país o una región que no crece, que no genera empleo y que no ordena su administración y la calidad de sus gobernantes se vuelve vulnerable y dependiente.
En el nuevo orden global, los Estados fuertes no son los que se promocionan mejor. Son los que resuelven, los que tienen instituciones capaces de sostener su economía, proteger a su población y negociar desde una posición de fortaleza, no de urgencia o de ocurrencia. Ese fue el aprendizaje central que dejó el Davos de América Latina, y esa es la reflexión que Nuevo León debe asumir con seriedad histórica.
*El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.
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