Costa Rica y el riesgo de jugar con fuego

La imagen internacional de Costa Rica se construyó durante décadas: democracia estable, instituciones sólidas y una cultura política que, con problemas, como cualquier otra, estaba muy lejos de las turbulencias del vecindario. Hoy, esa reputación se pone a prueba por algo más que una elección polarizada: un presidente -Rodrigo Chaves- afrontando varios procesos penales y electorales, un intento reiterado de levantar su inmunidad y una confrontación abierta con el Tribunal Supremo de Elecciones.

No se trata solo de una disputa doméstica. En plena cuenta regresiva hacia los comicios del 1 de febrero de 2026, la manera en que Costa Rica resuelva este pulso enviará una señal al hemisferio sobre si sigue siendo una democracia madura o si decidió entrar al club de las democracias que utilizan la justicia como arma política.

Las acusaciones por supuesta falta de imparcialidad son apenas la punta del iceberg. A ello se suman acusaciones de la Fiscalía General en un par de expedientes que, examinados con algo de profundidad, resultan jurídicamente frágiles y hasta ridículas.

Regresando al frente electoral, se busca acusar al Presidente por supuesta parcialidad electoral en intervenciones puntuales. Esta figura, dirigida a funcionarios públicos y destinada a evitar desigualdad en la competencia, no puede usarse para castigar la posición político-partidista de un mandatario. Es natural que un político que ha llegado a ocupar la más alta responsabilidad nacional tenga una identidad partidaria. En democracias maduras, vemos a diario cómo los jefes de estado hacen compatible su vida partidaria con el ejercicio de sus funciones. Un Presidente seguirá opinando sobre asuntos de importancia nacional, tomando decisiones de política pública y ejecutando sus programas durante toda su administración, incluido el periodo que coincide con la campaña.

Por ello constituye una distorsión grave utilizar un inventario de declaraciones y decisiones, propias del ejercicio presidencial, para construir un expediente sancionatorio que, en el peor de los escenarios, pudiera terminar en una destitución o inhabilitación.

Esto es precisamente lo que está sucediendo en Costa Rica. A semanas de la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones solicita un desafuero que introduce una inestabilidad institucional profunda. No solo altera la contienda política, sino que afecta la certidumbre jurídica del país, genera inquietud en actores económicos y empaña la confianza en el arbitraje electoral. Esa intervención, por oportunidad, impacto y selectividad, termina convirtiéndose en sí misma en un factor que incide en la campaña.

La justicia electoral está llamada a ser árbitro, no protagonista. Sin embargo, el Tribunal ha decidido alimentar la percepción de parcialidad. El Presidente Chaves ha concentrado un número inédito de denuncias de este tipo, casi el doble de las recibidas en total por los cinco mandatarios anteriores, lo que permite afirmar con fundamento que se le está aplicando un estándar distinto.

No podemos normalizar el desafuero como herramienta de lucha política. Dos intentos en el año de conclusión del mandato sientan un precedente delicado. El árbitro electoral y el Ministerio Público son instituciones vitales para la democracia y el Estado de Derecho: deben ser y parecer independientes. Su involucramiento en estas maniobras no solo los afecta a ellos, sino que erosiona el clima general de confianza del país. Este patrón de conflictos políticos trasladados a la arena institucional tiene que terminar, no solo para lo que resta de la presente gestión, sino como principio general para la salud democrática de Costa Rica.

El mensaje ya llegó al exterior. El Congreso de Estados Unidos ha convocado a la embajadora Catalina Crespo para que explique la posible instrumentalización institucional con motivaciones políticas. El congresista Mario Díaz-Balart también expresó públicamente su preocupación. Que Estados Unidos, que suele ver a Costa Rica como una “democracia modelo”, pregunte si se está usando la justicia electoral como arma es una señal fuerte hacia el país y la región, especialmente en un momento en que la administración Trump otorga particular importancia a sus socios hemisféricos.

Costa Rica se ganó, por derecho propio, la fama de democracia madura y estable. Hoy enfrenta una encrucijada: evitar que la justicia se convierta en un campo de batalla política y, con ello, no sumarse a la vergonzosa lista de países donde los procesos judiciales se usan, y se perciben, como vendetta o arma electoral. La decisión que tome en los próximos meses marcará su reputación institucional por muchos años.

* El autor es un reconocido empresario de Costa Rica.