Desaparecidas en Uruguay

Hace seis años que Nancy Baladán sube a su moto y recorre las calles de Uruguay en busca de respuestas sobre la noche que alteró su vida para siempre.

El 3 de diciembre de 2016, su hija Milagros Cuello ya estaba en la cama, lista para dormir, cuando cerca de las 11 de la noche recibió una llamada al celular. Algo le dijeron que la hizo levantarse, vestirse y convencer a su padre de que la dejara salir. “Voy y vuelvo en cinco minutos”, le dijo la adolescente de 16 años y se fue a pie hacia la plaza principal de Pando, Canelones, a menos de un kilómetro de distancia.

Esos minutos se transformaron en horas. Y luego en semanas, meses y años. La familia nunca volvió a ver a Milagros.

Antes de la tragedia, Baladán vivía tranquila. A sus 53 años, cuenta que manejaba un quiosco en su casa. Pero después de esa noche, no tuvo más opción que convertirse en detective y estudiosa de las leyes, porque a ningún policía, fiscal ni juez le importó que su hija estuviera desaparecida.

openDemocracy dedicó un año a investigar los casos de Milagros y de otras ocho mujeres desaparecidas. Realizamos más de 30 entrevistas a familiares y amigos de las desaparecidas, a una sobreviviente de trata, a fiscales, jueces, policías, trabajadoras sociales, investigadoras, representantes y técnicos de organizaciones sociales y colectivos populares; revisamos documentos, informes y denuncias.

La desidia oficial – judicial, fiscal y policial – es generalizada. El caso de Milagros refleja el prejuicio de las instituciones hacia decenas de mujeres uruguayas pobres que están desaparecidas: hay un historial consistente de omisiones, cometidas principalmente por las autoridades que deberían protegerlas.

¿Dónde está Milagros?

Esas omisiones y fallas se evidencian desde el primer momento. Durante los primeros interrogatorios policiales realizados apenas Milagros desapareció, tres hombres confesaron que la habían explotado sexualmente. Pero solo fueron procesados y condenados por el delito en 2019, tres años después, y luego de reiteradas denuncias y quejas de su madre y de colectivos sociales ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay. “Estuve dos años peleando para que los llevaran al juzgado. Y yo cruzándolos en la calle”, cuenta Baladán.

Ella sigue buscando a Milagros, aunque eso implique riesgos y las autoridades tampoco presten atención a las amenazas de muerte que recibe.

“Si seguís revolviendo mierda, te vuelo la cabeza”, le dijo un hombre en 2017 apuntándole a la cabeza, el día siguiente de haber ido a una cárcel a recabar el testimonio de un preso que supuestamente tenía información sobre el paradero de su hija. Llegó allí a pedido del departamento de personas ausentes del Ministerio del Interior, que tercerizó la investigación a la madre de la víctima.

“Fui y les dije que la información se había filtrado de ahí. Ellos y mi marido eran los únicos que sabían que iba a ir a la cárcel. En medio de la discusión, me dijeron: ‘Hasta aquí podemos llegar nosotros. Hacé lo que nosotros no podamos hacer’”, relata Baladán.

El ex comisario general Julio Sena, que en ese momento estaba al frente del área de lucha contra el crimen organizado e Interpol, asegura no conocer el incidente en el departamento que en última instancia estaba a su cargo.

“Me atrevo a decir que, si esto ocurrió, fue totalmente irregular”, dice Sena a openDemocracy.

La abogada de la familia, Natalia Suárez, señala que ni después de las condenas a los tres hombres por explotación sexual ni después de los resultados del examen del celular de Milagros – que reveló que uno de los tres hombres la había llamado la noche en que desapareció –, la justicia aceptó indagar en la hipótesis de desaparición por trata. Una hipótesis que incluso fue reconocida por la fiscal subrogante que imputó a los tres explotadores.

“Es muy probable que su desaparición haya estado directamente relacionada con ese circuito de explotación sexual”, dice a openDemocracy la que fue fiscal subrogante en el caso, Alicia Ghione. Y agrega: “No puedo decir si Milagros está viva o fue sacada del país, pero sí puedo decir que algunos testigos la vieron esa noche en la plaza subirse a un auto e irse... Así que es muy posible que haya sido una organización de trata”.

Se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza de Pando. No se elaboraron identikits ni perfiles psicológicos de ningún sospechoso, a pesar de que la abogada de la familia los había solicitado expresamente. El caso incluso estuvo seis meses estancado en la fiscalía, porque la introducción de un nuevo código penal provocó un atasco en el sistema, que cuenta con escasos recursos.

Para las autoridades, dice Baladán, Milagros “es solo un número más. Una desaparición más”. Para ella, su ausencia “es una mochila que pesa cada día más”.

Pero la negligencia de las autoridades no pudo detener a Baladán. En su búsqueda de Milagros, la sexta de sus nueve hijos, Baladán recorrió prostíbulos y cantinas de mala muerte, barrios peligrosos, cunetas, montes y baldíos en todos los departamentos del país, y llegó a Argentina y Brasil.

Su tenacidad fue incluso el puntapié de un movimiento feminista de apoyo a madres de mujeres desaparecidas, ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), hoy de alcance nacional.

Ante la falta de una labor policial y fiscal sólida, madres como Baladán se ven empujadas a perseguir ellas mismas los rastros de sus hijas y a trazar hipótesis sobre su destino: ¿fueron secuestradas por narcos, por proxenetas o por tratantes sexuales? ¿Murieron? ¿Las asesinaron?

¿Quién busca a las que no están?

El Ministerio del Interior no respondió a reiteradas solicitudes de información de openDemocracy. Finalmente, después de una espera de seis meses, en diciembre de 2022, se nos permitió entrevistar al comisario general Juan Rodríguez, director de lucha contra el crimen organizado e Interpol entre marzo de 2020 y marzo de 2023, en su oficina en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, un edificio que en la última dictadura funcionó como centro de espionaje y torturas de la Inteligencia Policial.

El departamento de personas ausentes, creado en 2004 y desde 2009 dependiente de la unidad que dirigió Rodríguez, lleva un registro de casos. Entre 2020 y 2022, recibió 14.402 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 6.228 fueron clasificadas como “personas ausentes”, según datos oficiales facilitados a openDemocracy en junio de 2023.

Según estos datos, el 99,5% de todos los casos que recibió el departamento fueron resueltos; ninguno de los casos de “personas ausentes” en ese período estaba relacionado con la trata sexual.

Sin embargo, nuestra investigación muestra que un número significativo de mujeres que figuran oficialmente como ausentes tenían vínculos con vendedores de drogas, o con personas sospechosas o condenadas por la explotación sexual de ellas o de otras mujeres.

La imposibilidad de identificar el papel que desempeña el tráfico sexual o de drogas en el destino de mujeres desaparecidas en Uruguay obedece a que, en general, ni la fiscalía ni la policía buscan evidencia que los conecte.

Además, confirmamos que es imposible obtener información confiable del registro: no tiene ningún criterio de desagregación, los datos proporcionados no siempre son correctos, no está completo ni actualizado. Por ejemplo, no se sabe cuántas denuncias están duplicadas (“repetidoras”, o personas que desaparecen más de una vez, en la jerga del departamento).

Rodríguez asegura que en junio de 2020 la policía adoptó un protocolo para investigar casos de personas ausentes que sistematizó el procedimiento de denuncia mediante un formulario específico para su ingreso al sistema informático policial. La forma en que se rellena este formulario determina qué trámite se da a cada caso. Pero hasta junio de 2023 la policía no había sido entrenada para aplicarlo.

Mientras, las organizaciones que trabajan en los territorios donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres llevan sus propias cifras. DENG registró 280 casos de este tipo entre principios de 2018, cuando se fundó el grupo, y agosto de 2022.

De ellos, 243 mujeres desaparecieron de manera intermitente o por períodos cortos, 20 aparecieron muertas y 17 siguen desaparecidas. Algunos de estos casos figuran en el registro de personas ausentes del Ministerio del Interior; otros no.

DENG también explicita que sus estadísticas son incompletas. “No podemos contactar a todas [las familias] o no nos llega la información. Y hay gurisas a las que nadie busca”, afirma Delia Cúneo, integrante del colectivo.

La respuesta estatal a estos casos “es un desastre absoluto”, afirma Andrea Tuana, directora de la organización defensora de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres El Paso, que presta servicios financiados por el gobierno a víctimas de trata en Uruguay. “Este tema no se prioriza, no interesa, no existe”.

La sobreviviente y activista uruguaya contra la trata Sandra Ferrinni dice, por su parte: “El Estado sabe mucho, y el Estado calla mucho”.

Las familias de siete mujeres desaparecidas en la zona oeste de Montevideo y el sureste de San José entre 2019 y 2022, piensan de modo similar.

En marzo de 2019, desapareció Florencia Barrales (19 años), y en septiembre, Gina Rodríguez (27). En 2020, desapareció Yamila Estévez (20) en enero, Jennifer Gómez (19) y Daniela Virginia Bera (22) en febrero, y Micaela Ramírez (21) en diciembre. Tatiana Pintos (35) desapareció en enero de 2022.

“Yo no sé si la policía buscó a mi hija. Sabemos que nadie desaparece porque sí”, dice Beatriz Estévez, la madre de Yamila Estévez.

“Yo les he dado muchos datos, muchos nombres, muchos lugares y... a esa gente no le han tomado declaraciones. O hay algo tapado, o están mintiendo. No sé qué es lo que está pasando”, dice Gladys Reimundo, madre de Jennifer Gómez.

Elizabeth Techera, madre de Florencia Barrales, añade: “Sentimos una carga tremenda, que la asumimos, además, solas”.

Cuando ellas dejaron de ir o al menos comunicarse con sus casas, las familias acudieron a las comisarías más cercanas. “Es una drogadicta, debe estar consumiendo por ahí” o “se habrá ido con su novio” fueron las respuestas más habituales de la policía, según relataron las madres a openDemocracy.

DENG empezó a asesorar a las familias y pronto se enteraron de que compartían la misma situación. Algunas de las jóvenes se conocían. Algunas habían huido antes de sus familias. Al menos dos habían sido secuestradas en las bocas de droga de 19 de Abril durante varias semanas y luego liberadas, según sus madres. Una incluso sabía que su hija estaba retenida en una boca y denunció su secuestro a la policía, pero asegura que no hicieron ningún intento por rescatarla.

En septiembre de 2021, hartas de la falta de acción policial y apoyadas por DENG, las madres de las seis mujeres que habían desaparecido en 2019 y 2020 presentaron una denuncia colectiva ante la fiscalía, alegando que sus hijas habían sido víctimas de trata, y exigieron una investigación.

Cuando openDemocracy le preguntó por estos casos, el comisario Rodríguez, exdirector de la unidad de lucha contra el crimen organizado e Interpol, desestimó la denuncia de las madres. Dijo que la policía había desarrollado otras hipótesis para explicar cada una de las siete desapariciones, y que ninguna estaba relacionada con la trata, pero se negó a dar detalles.

Según Rodríguez, la denuncia conjunta de las madres fue una reacción a la “conmoción” que sintieron por el descubrimiento de los dos cuerpos de mujeres enterrados en el barrio 19 de Abril.

“Pudieron relacionar, supongo yo, que las hijas frecuentaban los mismos lugares, tenían hábitos similares, entonces ahí generaron esa idea fuerza de que podía haber un tema de trata”, dijo Rodríguez. “Pero en la denuncia de las madres no hay pistas que indiquen trata”, agregó. Para Rodríguez, esta es razón suficiente para que las autoridades no avancen en esa hipótesis.

Estas siete desapariciones están entre 74 casos abiertos hace más de un año en el departamento de personas ausentes, según datos oficiales.

A su vez, hay otros 34 casos abiertos hace más de cinco años (incluido el de Milagros Cuello), y 48 casos de personas que desaparecieron hace más de una década y que siguen sin aclararse. Entre ellos se encuentra el de Silvia Fregueiro.

Treinta años sin noticias de Silvia

Silvia Fregueiro tenía 28 años cuando en diciembre de 1994 se fue a trabajar como empleada doméstica a Punta del Este, Maldonado. En Treinta y Tres, su ciudad natal, quedó su hijo de 12, Santiago Canet, y una numerosa familia que la esperaba para festejar la Navidad.

La tarde del 21 de diciembre fue la última vez que se supo de ella. Pocas horas después, fue vista con un hombre conocido por sus vínculos con el comercio sexual.

El 23 de diciembre, su empleadora denunció su desaparición a la policía y avisó a la familia. El día de Navidad, su madre, Ana Yacobazzo, y uno de sus hermanos viajaron a Punta del Este y confirmaron la denuncia a la policía. Pero ante la falta de respuesta policial, en febrero de 1995 Ana recurrió a un abogado para presentar otra denuncia ante un juzgado. Así logró forzar que se abriera una causa judicial.

Pero la policía tardó una década en redactar un informe oficial en el que se esbozan las posibles causas de la desaparición de Silvia. Fue solo entonces cuando admitieron que había una “alta probabilidad” de “una ausencia involuntaria por seducción o manipulación”, según el informe revisado por openDemocracy y fechado en 2004.

Las fallas y omisiones del estado tienen tal calibre que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición presentada por la familia contra el estado uruguayo por la posible violación de los derechos de Silvia a la vida, la libertad, la integridad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección legal.

La madre de Silvia murió en 2015 sin llegar a la verdad de lo que pasó con su hija. Su nieto Santiago, el hijo de Silvia, escribió a la CIDH: “Es muy difícil pensar más allá de hoy porque nunca sabemos si el mañana será con ella o todavía sin ella. Es imposible proyectarse más allá del presente, y es una herida que no cierra nunca”.

*Esta es una edición editada y recortada del artículo original publicado por openDemocracy