Políticas públicas y sentido de urgencia

El descontento social que existe en el interior del país, asociado a las fuertes brechas de acceso a servicios públicos de calidad, se justificaría en la ausencia de políticas públicas focalizadas y en la ineficacia de las autoridades en el manejo de los recursos públicos. Para corregir esta situación, no solo basta con conocer de cerca las necesidades básicas de la población que se pretende atender, sino que, además, se debe contar con sentido de urgencia: visto cómo hacer más y mejor las cosas en el menor tiempo posible.

De acuerdo con el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía peruana crecería un 2.6%, 0.3 puntos porcentuales por debajo del estimado presentado en el Reporte de diciembre, debido a la afectación económica de la convulsión social durante el mes de enero, sobre el dinamismo de los sectores minería y turismo, principalmente, y que terminó afectando negativamente la confianza de los empresarios y consumidores; así como el efecto adverso de las fuertes lluvias y huaycos registrados en la segunda semana de marzo, sobre el sector agropecuario y pesca.

Así, a propósito de lo anteriormente descrito, el BCRP estima que la economía peruana registre un crecimiento del 0% en el primer trimestre del año. Es decir, tres meses del año, en los que no habríamos generado algo adicional como país, en los que nos habríamos estancado con respecto al primer trimestre del año pasado, y que seguramente nos pasaría factura en lo que a bienestar y oportunidades para todos se refiere.

Qué duda cabe que estos resultados deberían de despertar en las autoridades, más aún en las del interior del país: gobernadores regionales y alcaldes, sentido de urgencia para que trabajen con sus equipos, como si estas situaciones se fuesen a repetir en el corto plazo.

Según el último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 200 conflictos sociales entre activos y latentes, donde más del 40% de estas se encuentran ubicados en Cusco, Apurímac, Áncash, Puno, Ayacucho, Arequipa y Junín, departamentos que fueron fuertemente afectados por la violencia detrás de las protestas sociales del mes de enero.

En este contexto, nada nos asegura que quienes se aprovecharon del descontento de la población, nuevamente vuelvan al bloqueo de carreteras y vías. Asimismo, con la aún incertidumbre sobre un eventual Fenómeno del Niño en 2024, cientos de miles de familias, viviendas, establecimientos de salud e instituciones educativas están aún expuestas a desastres naturales. De acuerdo con estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 8.3 millones de personas, más de 2.1 millones de viviendas, 8,165 centros poblados, 4,440 establecimientos de salud y 14,432 instituciones educativas, están expuestos a inundaciones a nivel nacional. Entre los departamentos con población más afectados estarían Lima (con 13.8% del total), La Libertad (11.4%), Callao (11.3%), Lambayeque (9.3%) y Piura (7.9%).

¿Cómo mitigamos o prevenimos estos eventos? Básicamente actuando con políticas públicas efectivas y sentido de urgencia. Solo ejecutando obras, traduciendo recursos en servicios de calidad, la población estará más satisfecha. Solo ejecutando obras, pondremos a buen recaudo los cientos de miles de familias expuestas a desastres naturales.