Control de precios: intervencionismo que perjudica a todos

Diversos operadores políticos que impulsan la equivocada idea de que una Nueva Constitución le daría mayores servicios y oportunidades a la población, vienen presentándose en distintos medios para justificar cómo es que ello sería posible. Al respecto del tema económico, por ejemplo, sostienen que un elemento importante para incluir sería el control de precios, puesto que, a su entender, debería ser el Estado quien controle los precios en favor de las mayorías, más aún en épocas inflacionarias.

Lo anterior, solo devela la ignorancia que se tiene sobre la definición del mecanismo, sus implicancias, consecuencias y perjuicios para la economía en su conjunto, que ya vivimos en épocas pasadas y que en países de la región que lo siguen utilizando, terminan fracasando en su objetivo de política y golpeando fuertemente los bolsillos de todos.

Establecer precios máximos por debajo del precio de mercado, determinado por la oferta y demanda, genera distorsiones severas en cualquier economía. El concepto de que un producto sea ofrecido a un menor precio por decreto y así sea accesible para todos suena popular; pero, esto reduciría la rentabilidad del comerciante, con lo que muchos dejarían de producir y vender en el mercado, generando escasez de productos, pérdidas de empleo, e incluso aparición de mercados negros con precios aún mayores a los originales.

Remontémonos a la segunda mitad de los ochenta. Con la intención de frenar la alta inflación de ese entonces y mejorar la capacidad de compra de la población, se establecieron controles de precios en bienes de primera necesidad, lo que produjo desabastecimiento en tiendas y mercados, ocasionando largas colas para conseguirlos.

Así, entre 1987 y 1990, el control de precios, sumado a otras medidas populistas como la emisión descontrolada de dinero, ocasionó una caída acumulada del 25% del PBI real; aumentó el desempleo, que pasó de 4.8% a 8.3%; y fuimos el país con el peor nivel inflacionario de toda la región, con una tasa de 7,649% en el último año. Además, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), la pobreza pasó de 41.6% en 1985, a 55% en 1991, lo que evidencia una afectación directa en el bienestar social.

Dos de los periodos más perturbadores para el desarrollo de la economía peruana fueron el Gobierno militar y el primer Gobierno de García. En ambos primó un Estado intervencionista. Sustitución de importaciones, limitando el ingreso de bienes importados a nuestro país, para proteger a la industria, en el primero; y, controles de precios, del tipo de cambio, la tasa de interés, bienes de consumo, en el segundo. En ambos se aplicaron políticas bien vistas desde el lado político, bien vistos por la platea, pero que terminaron siendo contraproducentes para la economía y la sociedad en su conjunto.

Los controles de precios, y demás políticas populistas, aplicados en el Gobierno de García, no solo trajeron consigo la escasez de alimentos e imágenes de colas para conseguir productos de primera necesidad, que nunca debemos olvidar, sino que también condujeron a una recesión económica, perjudicando a todos, más aún a quienes se pretendía ayudar con esas políticas: los más vulnerables.

Hoy, la narrativa de quienes impulsan el control de precios se sustenta en el “beneficio” que representaría para la población de menores recursos, el hecho de fijar precios a su alcance en un escenario de precios altos. Es decir, ignorando el pasado, la evidencia, el fracaso de una política de ese tipo, una política intervencionista.