Desde que en 2017 el Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética (IPGNE) advirtió como una necesidad para la masificación del gas natural en el Perú la implementación de una “tarifa estampilla” en el país. No solo han transcurrido cinco años, también hemos visto una serie de hechos y frustraciones del proceso de masificación, que han generado que hoy, esta idea, cuente con un prácticamente unánime respaldo de especialistas y empresas del sector. Incluso, el Poder Ejecutivo presentó a fines de 2021 al Congreso de la República, un proyecto de ley que, entre otras cosas pretendía la “nivelación de las tarifas” .
Luego de tan larga (y casi ansiosa) espera, el día 13 de julio de este año, el Pleno del Legislativo votó para la aprobación del PL 679/2021-PE; sin embargo, el texto aprobado contenía algunos cambios que terminaron desnaturalizando el proyecto del Ejecutivo.
Efectivamente, la necesidad advertida y el objeto del proyecto de ley era la “nivelación de tarifas” pero el texto aprobado por el Pleno excluyó a las poblaciones de las regiones ya concesionadas; y, con ello, el texto aprobado de la ley terminó “nivelando tarifas donde no las hay” y excluyendo a las poblaciones que tienen concesionarios y, por tanto, tarifas contratadas.
Llegados a este punto y gracias a la observación del PL por parte del Ejecutivo, actualmente existe la posibilidad que el Congreso: (i) apruebe por insistencia la Ley con el texto observado y que no puede nivelar tarifas que no existen; (ii) que sea enviado al archivo, caso en el que aquella situación advertida en el 2017 por el IPGNE se mantendría desatendida por el Estado Peruano; o, corrija su error y (iii) remita toda la carpeta a la Comisión de Energía y Minas para que se revalúen los aspectos observados por el Ejecutivo, especialmente aquellos que, como el comentado, afectan la razón de ser de la norma que se pretende promulgar.
Es claro, pues, que esta última opción es la más conveniente para el desarrollo y descentralización del país; es claro que, excluir a las regiones que tienen concesiones otorgadas no excluye a sus concesionarios privados, sino que en realidad discrimina a las poblaciones de dichas regiones y ello atenta contra la paz social del país.
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