El dictador Ortega ha sido reelecto por cuarta vez, previo encarcelamiento de todos los candidatos opositores, clausura de medios de prensa, persecución a líderes sindicales y empresariales, una infame represión por la cual entre ochenta y cien mil nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica.
¿Ortega es el único responsable de esta tragedia?
No. Esos actos de barbarie ocurrieron - y ocurren- porque la mayoría de gobiernos latinoamericanos guardaron silencio. Un silencio cómplice y deplorable, más grave aún a partir del 2008, año trágico, inolvidable, donde 320 personas fueron asesinadas por soldados y para militares al servicio del régimen. Los heridos se estimaron en dos mil y según informe de Zeid Ra’ad al-Hussein, alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, numerosas personas fueron torturadas, algunas violadas, incluyendo la infame perversidad de introducirles el cañón del fusil por el recto. Así dice el dramático informe publicado por la ONU y ratificado posteriormente por la señora Michelle Bachelet, por la OEA y la Comunidad Europea.
Más aún, el 2019 policías y pandilleros motorizados asaltaron la Catedral Metropolitana de Managua para extraer a diez madres de familia en huelga de hambre que demandaban la libertad de sus hijos; por impedirlo, un sacerdote y una religiosa fueron golpeados por mercenarios del gobierno, según denuncia pública de la Diócesis.
Estos infames episodios, sin embargo, no merecieron el rechazo de nuestras cancillerías, que debieron suspender relaciones diplomáticas o retirar a sus embajadores en señal de protesta.
Y, en la OEA, Nicaragua no fue separada del organismo hemisférico porque no se tienen los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Interamericana Democrática, hoy convertida en papel mojado en tinta.
Ortega, sin embargo, tampoco fue penalizado por organismos multilaterales de crédito. Antes bien, resultó beneficiado. Haciendo una rápida revisión, en ese periodo el Banco Mundial facilitó más de USD 220 millones para diversos proyectos; el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) USD 1,800; el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) USD 240 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) USD 1,350. En otras palabras, la violación a los derechos humanos no inhabilita a los responsables ante la banca y el sector financiero.
Nicaragua, además, reporta un endeudamiento externo superior a doce mil millones de dólares, que representan el 95.1% del PBI y cuenta con el abierto respaldo de Rusia, que anuncia continuará apoyando económicamente y con armas a la dictadura centroamericana.
En ese escenario, a Daniel Ortega le importaba muy poco - o nada - meter presos a sus opositores para ganar el proceso electoral porque sabía que después de las elecciones se producirían algunos rutinarios pronunciamientos en su contra y después todo seguiría igual.
Es decir, el gobierno continuará activo en los foros internacionales y sus embajadores seguirán acreditados en todos los países del mundo. En paralelo, obtendrán más dinero de los organismos multilaterales de crédito y los sátrapas de la región - léase Cuba y Venezuela - aplaudirán las nuevas represiones, mientras más desesperados nicaragüenses cruzarán la frontera en busca de libertad y mejores condiciones de vida .
Todo, pues, seguirá igual.
*El autor de este artículo es abogado y político peruano. Fue embajador Representante Permanente del Perú en la Organización de Estados Americanos y Ministro de Relaciones Exteriores de Perú.
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