Referéndum en Italia: la austeridad política como antídoto económico de la pandemia

La crisis puso en el ojo del huracán a los políticos y sus salarios y los italianos decidirán si reducen o no el número de parlamentarios

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El primer ministro italiano Giuseppe Conte en la Cámara de Diputados (Riccardo Antimianipool/LaPresse  / DPA)
El primer ministro italiano Giuseppe Conte en la Cámara de Diputados (Riccardo Antimianipool/LaPresse / DPA)

“Donde hay demasiados para mandar, nace la confusión”. Fue de esta manera que, a inicios del siglo pasado, el segundo presidente de la República Italiana, Luigi Einaudi, criticaba la cantidad de voces cruzadas para resolver los problemas tributarios italianos de aquel entonces y su impacto en las cuentas nacionales. Casi un siglo después, parece ser que la misma coyuntura de voces se repite en la coalición de gobierno en medio de una de las mayores crisis económicas de su historia o tal vez la mayor, aunque esta vez, con un diferente matiz: el número de parlamentarios y su impacto en las cuentas nacionales. Ahora bien, ¿cómo arribó uno de los miembros fundadores de la Unión Europea a esta delicada situación?

Desde la instauración del sistema Euro hace casi dos décadas, Italia ejecuta una economía con un PBI cuya variable casi fija es su falta de crecimiento. Acostumbrada anteriormente a producir una devaluación de la lira, hecho que incrementaba su volumen exportable de productos favoreciendo su balanza comercial, Italia se vio atada a las vicisitudes del nuevo sistema monetario y de las políticas del Banco Central Europeo. Este proceso de estancamiento económico fue maridado en la órbita político-social con un euroescepticismo creciente que ha conducido a la llegada al poder de dos partidos de hartazgo de los ambos extremos de la esfera política: el Movimento 5 Stelle fundado por el comediante Beppe Grillo de tinte izquierdista-ecológico, y la Lega, de extrema derecha, este último liderado por Matteo Salvini.

Italia enfrenta una delicadísima situación económica con una deuda soberana que llega al 134,8% de su PBI y con una previsión financiera de elevarse al 160% del mismo por el efecto pandémico. Sumado a este dato, está previsto que el PBI caiga un 14% a causa de los rebrotes del virus durante el período estival. A su vez, desde el Palazzo Chigi en Roma, el Gobierno ha intentado ayudar a empresarios locales financiando dicha ayuda con déficit agravando el negativo de la cuenta corriente nacional. En medio de este tremendo escenario y dado el endeudamiento global, los italianos se ven únicamente favorecidos por el hecho de que la Comisión Europea hará caso omiso a las duras normas del Pacto de Estabilidad Europeo desahogando las exigencias para con sus cuentas nacionales.

En otra arista del problema se encuentran los tributos: Italia es el país con más presión fiscal de la Unión y llegó al 47% en 2019, hecho que produce el ahogo del empresariado local y lo conduce casi obligadamente a un alto índice de evasión. Por otro lado, el 35% del gasto público en Italia se pierde en pensiones dado el envejecimiento y la longevidad de la población.

La caótica situación llevó a los italianos al igual que otros pueblos en análoga circunstancia a solicitar un salvavidas en la costa de la Unión Europea. La Comisión Europea respondió al llamado arrojando un gran flotador de dinero generando ansiedad italiana: de los 750.000 millones de euros destinados a ayuda de países de la unión en serios problemas económicos, los italianos planean llevarse el 22,93% del paquete, es decir a módica suma de 172.000 millones de euros. Para esto, deberán adecuarse estrictamente a las exigencias de Bruselas.

Frente a estos enormes problemas ahora agravados por el COVID-19, el hartazgo de la población se hizo sentir. La pobreza creciente (1,8 millones de habitantes se hallan en pobreza absoluta, es decir marginados del sistema y el 27% de habitantes en pobreza relativa, es decir que son potenciales excluidos del sistema) puso en el ojo del huracán a los políticos y sus salarios, especialmente a los parlamentarios. En este sentido, a inicios de octubre de 2019 se había aprobado la reforma constitucional sobre la reducción de un tercio del parlamento italiano con el apoyo casi total de todos los partidos. Dicha ley habría entrado en vigencia en enero de 2020 si no fuera porque el Senado, en el uso de sus atribuciones, exigió luego de octubre sustento de la aprobación de la reforma mediante un referéndum popular respecto a la modificación de la ley constitucional en cuanto a sus artículos 56, 57 y 59 en materia de reducción del número de parlamentarios. Y es aquí que se desenvuelve la política italiana en estos días. En este referéndum que está en camino, no se requerirá el quórum del 50% más uno, con lo cual el número de votantes no será fundamental para el éxito de la votación.

Si la reforma es aprobada, la Cámara de diputados pasará de 630 a 400 diputados, en tanto que el Senado bajaría de 315 a 200 miembros. Con estos números se estaría reduciendo el 36,5% el número de parlamentarios. No obstante, desde el punto de vista de la representatividad, de aprobarse la reforma cada parlamentario representará más electores. En diputados, el número de ciudadanos por diputado representará un 57% más que antes y en el caso del senado un 60% más. Otro efecto importante será la modificación de los números para la elección del Presidente de la república: la mayoría calificada necesaria para elegirlo en los primeros tres escrutinios pasará de 674 grandes electores a 439 y la absoluta del cuarto escrutinio en adelante pasará de 505 a 330 electores.

El Consejo de los Ministros había decidido que el referéndum se ejecutase el 29 de marzo de 2020 pero dada la pandemia, la votación transcurrirá los días 21 y 22 de septiembre. Para los italianos en el exterior, y más especialmente para la comunidad italo-argentina, el evento está previsto para el día 15 de septiembre mediante correspondencia.

Para los italianos fuera de Italia o italiani all´estero, la votación resulta de vital trascendencia. De aprobarse la reforma, el número de senadores se reducirá de 12 a 8 y el de diputados de 6 a 4, por lo que la disminución será considerable.

Los sondeos muestran que “il taglio” o “el corte” estaría cerca. Según el Instituto IPSOS, que hizo un estudio para el diario italiano Corriere della Sera, el Sí llegaría al 46%, el 10% votaría un No, el 20% no iría a votar o votaría en blanco y el 26% estaría indeciso. Es sobre estos últimos indecisos que los partidos están haciendo un fuerte trabajo. El Movimento 5 Stelle (M5S) apoya en su totalidad la moción del Sí como un “voto anti-casta”. A su vez, Lega, Forza Italia y Fratelli D´Italia apoyan en su mayoría la idea. El único partido grande que ha dado señales de conflicto ha sido el Partito Democratico (PD) que conforma hoy el propio gobierno. Dicho partido llegó al poder el año pasado aliado a M5S, a quien apoyó con este proyecto pero sometiéndolo eventualmente a algunos requisitos sine qua non como ser la sanción de una nueva ley electoral proporcional que ajustaría el sistema de voto uninominal sumado a garantías de que el recorte no rompería el marco constitucional. No obstante, dichas condiciones no se respetaron provocando el enojo del PD, en especial de su secretario Nicola Zingaretti. Las quejas de varios políticos como Gianni Cuperlo y Giorgio Gori e incluso del grupo de Italia Viva son en este mismo sentido: alegan que la democracia se vería amenazada frente a estos cambios de representación y quedaría en manos de los jefes del partido, quienes aumentarían su cuota de poder.

Otras voces rechazan el cambio ya que distorsionaría la relación entre representantes y representados. El Senado italiano es elegido en base regional con lo cual las regiones más pequeñas tendrían una gran dificultad en ser representadas en el Quirinal por la mayoría e incluso por la minoría del cuerpo. Entre ellas, destaca la voz del politólogo Gianfranco Pasquino, quien sostiene que la idoneidad de los nuevos parlamentarios será peor que la actual dado que los partidos procurarán mayor disciplina partidaria basándose más en las figuras de los líderes y no en la calidad de sus miembros. Esto, agrega, sumado a la baja posibilidad de llegada al parlamento que tendrán los partidos pequeños.

Más allá de las divergentes opiniones políticas, desde lo económico, lo cierto es que el Sí ahorraría 100 millones de euros al año en la cuenta corriente. Desde lo político, sería una señal que los partidos políticos acompañan el momento crudo social que atraviesa la inmensa mayoría de los italianos.

A nivel internacional, el Sí de los italianos podría ser el puntapié como modelo para las futuras políticas de austeridad que serán necesarias frente a los mega desafíos de un mundo que, cada vez, es menos predecible y económicamente más duro.

El autor es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, y especialista en relaciones Internacionales.