El progresista AMLO, llevado por la necesidad, militariza México

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia de México)
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia de México)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un político poco convencional. Las elites políticas suelen verlo como antisistema, su relación con la prensa es muchas veces conflictiva, y en sus discursos abundan referencias al nacionalismo y a Dios. Como presidente de México, destaca en sus arengas la muy buena relación que mantiene con Donald Trump y la necesidad de un vínculo estrecho con los Estados Unidos de América. También, desde un primer momento relativizó el peligro de la pandemia del COVID-19 iniciada en China a fines del 2019, pese al explosivo aumento de contagiados y de fallecidos en su país, y centró su retórica en evitar el colapso económico y el aumento exponencial del desempleo y la pobreza. A diario afirma que una de sus cruzadas es la lucha contra la corrupción. A pesar de representar la tradición de la izquierda latinoamericana, AMLO no participa de las reuniones del denominado Grupo Puebla, que reúne a dirigentes progresistas jubilados, donde el actual gobierno Argentino abreva política e ideológicamente. Contrariando todos los pronósticos, el presidente mexicano está implementando un profundo proceso de militarización de la sociedad, incorporando a las FFAA en funciones de gobierno que son propias de los civiles, como veremos a continuación.

Sin duda el lector se habrá percatado al llegar a este punto de las similitudes entre AMLO y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; aquel considerado un fiel custodio del progresismo, éste calificado como exponente de la derecha neoliberal.

Resulta llamativo que la izquierda vernácula no mida con la misma vara a estos dos líderes políticos supuestamente tan diferentes, pero tan parecidos. Las anteojeras ideológicas y el peso de lo políticamente correcto habilitan en estos grupos el uso del doble estándar.

AMLO y Bolsonaro comparten también la decisión de otorgarle numerosas responsabilidades a los militares, que exceden ampliamente su rol tradicional. Los militares mexicanos llevan ya casi dos décadas de pelea cuerpo a cuerpo con los poderosos carteles de las drogas que operan en el país. Son grupos dotados de recursos económicos infinitos, con complicidades políticas y poseedores de armamentos que no tienen nada que envidiarle a ISIS, FARC o Al Qaeda.

Entre las nuevas responsabilidades que el primer mandatario mexicano les asignó a los militares figura la participación en la construcción de dos tramos del Tren Maya, de 1.500 kilómetros, una de las principales obras de infraestructura de interconexión del país. Eso no es todo; la lista de responsabilidades cedidas es extensa. El pasado 29 de julio, El Universal de México publicó un detalle de las numerosas obras y misiones en los que están empeñados los 62 mil miembros de las FFAA: el aeropuerto de Santa Lucía, el Banco del Bienestar, la remodelación de hospitales abandonados, la atención en la pandemia, el combate al huachicoleo, la vigilancia de las fronteras y el apoyo a la Guardia Nacional, la distribución de recursos de los programas sociales, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro Sembrando Vida, el reparto de fertilizantes y los puertos y aduanas, entre las principales.

El control de los puertos y las aduanas por parte de los militares mexicanos es la más reciente de las decisiones de AMLO y para muchos la más impactante por su magnitud e implicancias económicas y políticas. La motivación que expuso el Presidente fue poner fin a la corrupción y a los altos niveles de complicidad con actividades criminales ligadas al narcotráfico y al contrabando.

Agentes de la Guardia Nacional de México
Agentes de la Guardia Nacional de México

Desde el final de las guerras civiles y la consolidación política del país en la década del 1930, los uniformados de ese país habían tenido siempre un rol limitado en la vida política nacional. Los recursos presupuestarios asignados a las fuerzas armadas nunca fueron abundantes y su relacionamiento con otros países y en especial con los EEUU eran limitados. El avance avasallador del narcotráfico en el territorio nacional comenzó a cambiar esta situación. La debilidad y corrupción policial obligó a las gestiones tanto del PRI como del PAN a darle a las FFAA un papel central en esa batalla. Poco influyeron las preferencias ideológicas de los gobernantes a la hora de tomar estas decisiones, sino el calibre y la potencia de las armas y explosivos de los narcotraficantes y su penetración en la vida civil y política.

A pesar de que AMLO durante su campaña y primeros meses de gobierno argumentaba que no proseguiría con la militarización del país, al poco tiempo cambió de opinión y como nunca antes entregó a los militares tareas que eran propias de los civiles, además de encomendarle la profundización de la lucha contra el narcotráfico.

Al tomar estas decisiones, AMLO no dudó en poner al descubierto el fracaso del aparato estatal en el cumplimiento de sus funciones tradicionales, una confesión dramática para un país que hizo del poder del Estado un culto.

Por último, esta situación lleva a reflexionar sobre el ensordecedor silencio de la progresía argentina e internacional sobre este AMLO verde oliva. Mientras que la izquierda vernácula y latinoamericana alerta todo el tiempo sobre el poder que Bolsonaro le asigna a los militares brasileños en la salud, la seguridad interior, la política exterior, etcétera, omite comentarios sobre la creciente militarización en México. De igual modo en Venezuela, un país de fachada democrática tutelado por los militares, que controlan las funciones de gobierno e incluso de la vida civil.

Un abordaje más realista y práctico, alejado de oportunismos e ideologías, debería promover la pregunta –y su respuesta– de cómo y porqué las debilidades institucionales de nuestros países han conducido a los gobiernos a delegar en el mundo castrense más espacios y funciones de la vida pública. En Argentina, los devastadores efectos económicos y sociales del COVID-19 obligaron al gobierno progresista de Alberto Fernández a entregarle a las FFAA la responsabilidad de repartir en el conurbano bonaerense más de 6 millones de raciones de comida, y el despliegue intensivo de sus medios de transporte, sanitarios y logísticos.

Estos cambios, si bien detonados por la necesidad, presentan una oportunidad para abrir un debate amplio que facilite la reconciliación de la sociedad y la dirigencia política argentinas con sus FFAA.

*Con permiso de reproducción exclusivo de: “Informe Calíbar el rastreador” (www.calibar.com.ar)

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