La migración forzada es una situación contraria a la voluntaria y representa un concepto que se aplica a contextos en situaciones de violencia política o guerra. Estamos ante la presencia de la mayor crisis migratoria en la historia de la región, un fenómeno que no tiene antecedentes. Durante los últimos años hemos podido advertir a pasos acelerados cómo en la medida que se agudizaba la situación social venezolana, tomaba mayor vigor la expulsión forzada de millones de personas. El desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y la pulverización de la moneda han desatado una crisis económica, social y humanitaria, que ha obligado a sus ciudadanos a salir de su país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Ya poco queda del país que fuera reputado por su formidable bienestar y producción petrolífera; tal cual están dadas las cosas hoy, la crisis migratoria representa un verdadero reto y oportunidad para toda América Latina. La economía de Venezuela está en una caída libre y estrepitosa, reducida al 50% en los últimos diez años, se complementa con la reducción e involución del espacio democrático, la disminución de los ingresos petroleros, la creciente evaluación negativa de la población del gobierno así como de la comunidad internacional y una manifiesta reversión autoritaria del Estado, impregnada de graves violaciones a los derechos humanos.

¿Acaso le espera a Venezuela convertirse en un Estado fallido? Tal como podemos recordar, ese fue el destino de Somalia, Libia y Sudán. La crisis de los refugiados del norte de África y Medio Oriente, como un contexto análogo, es donde los medios internacionales han dado mayor cobertura y han acentuado, no obstante que la envergadura de la situación regional en Venezuela es muy compleja ya que los flujos de personas que salen de allí tienen una dimensión superior. Parte de los 4 millones de personas han tenido como destino Sudamérica, en una lista que encabeza, Colombia (1,5), Perú (850.000) y Chile (300.000), sin perspectivas de que la migración se reduzca.

Se trata de una verdadera ola humana que está poniendo a prueba a los gobiernos y organismos internacionales del tema migratorio- como es la agencia ACNUR, OIM- y los servicios de asistencia de los países receptores, en muchos casos sobrepasados por la demanda. La situación sigue agravándose sin freno, ya que lo que en un principio parecía estar enfocada en una migración de los sectores medios y de mayor poder adquisitivo, en el último tiempo giró y comenzaron a llegar nuevos grupos de migrantes a pie con una mayoría de personas de bajos ingresos. Otra de las características más alarmantes es que han surgido síntomas sociales de perturbación, incomodad y rechazo, acompañados por xenofobia; como en el caso del Perú, que imponiendo medidas gubernamentales donde piden el pasaporte y visa humanitaria realiza un ajuste que implica exigencias para conceder el status de refugiado.

Particularmente en la Argentina, durante el primer trimestre de 2019 se radicaron unos 40.000 venezolanos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en todo el año pasado fueron 70.531. En apenas tres meses ingresaron más de la mitad de los que ingresaron en 2018; una cifra que fue confirmada por la Dirección Nacional de Migraciones, y aporta la cantidad de ingresos de los últimos 7 años: desde 2012 a marzo del 2019 se otorgaron 170.000 radicaciones. Ya en 2017, como comunidad, escalaron al tercer puesto en el ranking de nacionalidades por cantidad de radicaciones en Argentina, detrás de los paraguayos y bolivianos. En cuarto lugar están los peruanos, seguidos por los colombianos. El caso de Venezuela es una realidad social y de migración forzada que pone a prueba la región.

En Chile, por ejemplo, se ha generado una delicada situación en la frontera peruana, específicamente en Tacna, donde permanecen los venezolanos que están siendo rechazados. En este caso el gobierno chileno agregó una medida restrictiva requiriendo visa consular destinada a quienes quieran ingresar en calidad de turistas. Para muchos de los venezolanos, Chile es una meta final que no tantos logran por los casi 6.000 kilómetros que los separan. La mayoría de los que llegan, lo hacen a través del complejo fronterizo de Chacalluta, muy cercano a Arica, tras haber atravesado Colombia, Ecuador y Perú. Una vez allí, su destino principal es Santiago, donde el particular aroma de la arepa ya se hace presente en zonas como Providencia.

De todas formas, la situación sigue siendo extremadamente grave. Ante la negativa y las dificultades, muchas familias se atreven a cruzar la frontera de manera no regular. Caminando por la playa, vías del tren y zonas desérticas totalmente abiertas donde existen minas antipersonales que fueran sembradas hace décadas y que no han sido eliminadas. El gobierno militar colocó en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien creía que Argentina, Bolivia y Perú podían invadir Chile por conflictos territoriales. Durante el año 2015 dos colombianos pisaron minas y sufrieron mutilaciones en una pierna. Ambos, de acuerdo con la cónsul colombiana en Arica, Nina Consuegra, volvieron con prótesis a su país después de recuperarse. En 2016, un peruano murió y un dominicano también perdió parte de una pierna.

En Ecuador la convivencia no ha sido fácil, ya que se documentan casos de xenofobia, sobre todo tras el asesinato en Ibarra -en el norte- el pasado enero de una ecuatoriana embarazada, crimen por el cual fue detenido un venezolano que ya tenía antecedentes criminales en su país.

La ola migratoria resulta indetenible porque se le complementan factores que indudablemente han contribuido, como es el caso de las sanciones externas a Venezuela en el contexto de las exportaciones, que perturbaron directamente a los ciudadanos alentando el éxodo. Lo que está mostrando la inmigración venezolana en los países receptores es que el mercado informal tiene capacidad de absorción sobre los nuevos demandantes de empleo y este es el segmento de la inmigración venezolana. Esto quiere decir que, en general, los migrantes están dispuestos a trabajar por menos dinero y seguramente con perspectivas de encontrar un empleo. Muchos analistas económicos ya plantean que las oleadas migratorias generan un verdadero crecimiento en el mediano plazo que se va expandir en forma extensiva a la toda la región.

La información de organismos internacionales como la ONU prevé que el flujo migratorio aumentará a unos 5,3 millones hasta finales de 2019, por lo que no es de descartar que otros países ya entren a ser parte de la lista. El marco político en el cual se está produciendo la emigración venezolana está coincidiendo con la salida de Brasil y Chile del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un indicio que no es bueno a la hora de encontrar consensos.

Desde el punto de vista económico financiero también existen complicaciones como, por ejemplo, la situación del tipo de cambio que establecen los bancos venezolanos a través de una tasa oficial. Por este motivo, los envíos no se puede realizar directamente sino través diversos medios, como casas de cambio, financieras o individuos. A modo de ejemplo, por cada 100 dólares, cobran 50 de comisión, lo que plantea un verdadero latrocinio a las personas que necesitan realizar giros o remesas; a raíz de esta causa han florecido oficinas financieras que envían dinero desde Buenos Aires.

Los informes de los organismos internacionales plantean aspectos muy poco alentadores. Por ejemplo, en su último informe de perspectivas económicas en las Américas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la crisis humanitaria que ha provocado un "marcado aumento" de la diáspora venezolana podría tener un impacto negativo mayor para sus vecinos que un eventual default. Millones de venezolanos han decidido emigrar a lo largo de los últimos 18 años, proceso se ha acelerado desde hace tres. Otros estudios como el de Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur, de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), organismo de la Organización de Naciones Unidas, sostiene que en los últimos dos años la mayoría de los migrantes se ha dirigido hacia Colombia o usan este país como tránsito con el fin de llegar a otros destinos. Estados Unidos y España, en ese orden, son después de Colombia los países donde se registra más cantidad de venezolanos.

No obstante, en las últimas semanas el Banco Central de Reserva del Perú, anunció que la inmigración pudo haber reducido la inflación conforme los venezolanos hacen que bajen los salarios en el comercio minorista y otros servicios, mientras que su consumo añadió 0.3 puntos porcentuales de crecimiento económico el año pasado. Algo similar a lo que sucedió en Chile, cuando los mercados se sorprendieron al ver la reducción este mes de la tasa de interés, pero el Banco Central ofreció una explicación muy simple: hay mucha más gente en la economía del país.

Históricamente tenemos que recordar que durante las diversas situaciones de conflicto en la década del 80 se pudieron vertebrar políticas regionales en América Latina compartidas con el consenso de los países. Sin ir más lejos, en la crisis migratoria europea, 4 millones de sirios en Turquía han tenido en apoyo y la cooperación internacional de la misma Unión Europea. En este conflicto en Siria se ha obligado a 5,6 millones de sirios a buscar refugio en países vecinos como Líbano, Turquía, Irak y Egipto. Por esto, desde 2016 Alemania ha financiado programas de la OIT por un valor de más de 90 millones de dólares a través de proyectos de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) dirigidos a mejorar la vida de los refugiados sirios, iniciativas orientadas al desarrollo de competencias, y apoyo a la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, centros comunitarios y el acceso atierras agrícolas. En esta iniciativa, se han ido librando aportes en función de proyectos concretos (liderados por ONG y organizaciones internacionales). No se hicieron desembolsos directos en las arcas turcas, sino que el dinero se fue transferido a medida que se fueron identificando los proyectos para los asilados. Las áreas prioritarias son alimentación, sanidad y educación. En ese mismo acuerdo se dispuso de fondos adicionales asignados a Grecia para centros de acogida, operaciones de retorno y personal adicional. Por eso resulto esencial garantizar que el servicio de asilo griego y disponga de una capacidad sostenible. En este contexto, los europeos negociaron la asistencia financiera adicional que deberá asignarse para reforzar el personal del servicio para los inmigrantes, contratar intérpretes, prestar apoyo adicional a la policía griega en las fronteras exteriores e introducir los ajustes necesarios a fin de reducir los atrasos acumulados por los comités de apelación.

Otro caso de cooperación internacional para tener como referencia tuvo lugar cuando cientos de personas de Centroamérica intentaban huir de las masacres y persecuciones que fueron factor común entre las décadas de 1970 y 1980 y que tenían como fuente de financiamientos a los países más influyentes. La década de los años 70 marca, por las situaciones de alta conflictividad, expresadas en guerras, en que se vieron involucrados tres de sus países: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Estos conflictos armados surgidos en la región generaron una dinámica migratoria que provocó un importante flujo de población hacia el norte y un desplazamiento político que generó un elevado número de refugiados, situación que se comenzó a regularizar en 1987 con la realización de la Conferencia Internacional sobre Refugiados, Desplazados y Repatriados de Centro América (CIREFCA) convocada por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) donde se propone un plan de acción que fue rubricado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Belice y México. Complementando ese acuerdo, las naciones centroamericanas, signatarias de las convenciones regionales que garantizan y reconocen el derecho a asilo, ofrecieron la posibilidad a la población víctima de solicitar asilo territorial.

Por estas causas que referenciamos, creemos que no son visibles los esfuerzos de coordinación entre los países de América Latina para articular esta situación. Por eso resulta imprescindible tener políticas, estrategias y respuestas conjuntas inmediatas a la situación. La historia reciente y la actualidad nos demuestran que están al alcance las herramientas para lograr una salida a esta crisis. La coordinación del trabajo va permitir acoger a las familias que huyen de la crisis humanitaria; darle flexibilización a los requisitos de documentación, eliminando los requerimientos de visas. Por esto debemos priorizar la migración de familias con niñas y niños de acuerdo a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, entendiendo que el fenómeno es un tema natural que debe verse desde una óptica amplia, con un claro enfoque en los derechos humanos.

La mayor parte de los Estados han creado mecanismos que permiten obtener permisos temporales de residencia, no obstante los mencionados muchas veces son instrumentos problemáticos por la enorme discrecionalidad con la que que se manejan los gobiernos, lo que genera una falta de certeza jurídica en los individuos. Por eso es importante estudiar los sistemas de solicitudes de asilo que están totalmente desbordados y colapsados. Es ineludible la generación de un debate sobre la aplicación de la definición de refugiados de Cartagena, en el plano regional, así como la internalización de los instrumentos jurídicos que garanticen una mejorar el estado de derecho. Esto implica trabajar en un plexo de medidas integrales sobre migración y refugio ya que este no es únicamente un tema de regularización migratoria, sino de promover la admisión de medidas de inclusión en todos los ámbitos. Se debe poner el acento y la cooperación en la comunidad de los países que son receptores. Es esencial que se trabaje en evitar prácticas deportación, de criminalización de personas migrantes y se brinden mecanismos de ayuda de protección al refugio para garantizar una vida digna para aquellos que han sido obligados a dejar su país ante la mirada indiferente e indolente de un gobierno que niega la crisis de derechos existente. Nunca debemos olvidar que la migración forzada constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos.

El autor es director ejecutivo de SOS Discriminación y especialista en temas migratorios