El régimen talibán de Afganistán impuso una prohibición total del uso de teléfonos inteligentes a funcionarios de instituciones civiles y militares, una orden que entró en vigor el 16 de junio e incluyó a jueces y empleados administrativos en todo el país.
La disposición, difundida a través de un tribunal militar, estableció que las autoridades confiscarían y destruirían los teléfonos de quienes incumplieran la medida, además de enfrentar sanciones legales.
En las principales ciudades afganas, el uso del teléfono móvil se había convertido en una herramienta habitual para la administración pública. Muchos procesos oficiales dependían de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y del correo electrónico para la gestión diaria. Tras la entrada en vigor de la prohibición, empleados de distintas oficinas informaron que la actividad administrativa prácticamente quedó paralizada, ya que la comunicación interna y externa dependía en buena medida de los dispositivos móviles.
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La medida afectó tanto a las oficinas civiles como a las militares. En la provincia de Panjshir, el gobernador anunció la aplicación inmediata de la prohibición en todas las dependencias locales. En Gazni, funcionarios transmitieron la decisión por grupos de WhatsApp antes de que la orden se implementara. Un empleado de la Administración de Minas y Petróleo envió un mensaje en el que se precisó que desde el miércoles ningún trabajador podría ingresar a las oficinas con un teléfono inteligente.
Las consecuencias para quienes desobedecieran la norma son claras: despido inmediato, acciones penales y hasta seis meses de prisión. Los talibán justificaron la decisión como parte de su política de control y vigilancia, alineada con la interpretación estricta de la ley islámica que aplican desde que recuperaron el poder en agosto de 2021. Desde entonces, el régimen endureció las restricciones sobre la vida pública, limitó el acceso a la educación para mujeres y niñas, y recortó libertades para periodistas y activistas.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la prohibición de los teléfonos inteligentes entre los funcionarios representa una nueva barrera al acceso a la información y la comunicación. Destacaron que los dispositivos móviles, además de ser esenciales para el funcionamiento administrativo, constituyen uno de los pocos medios que le quedan a la sociedad afgana para informarse, documentar abusos y mantener comunicaciones privadas fuera de la vigilancia estatal.
Activistas señalaron que la medida refuerza la tendencia del régimen a aislar a la población y limitar la circulación de información no controlada por las autoridades.
La decisión se produjo en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen talibán y de intentos de la comunidad internacional por establecer canales de diálogo para gestionar cuestiones migratorias y consulares.
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En Bruselas, representantes de 15 países europeos, incluidos Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia, se reunieron con una delegación talibán para coordinar el retorno de ciudadanos sin permiso de residencia en la Unión Europea. Las autoridades europeas destacaron que los contactos no implican reconocimiento al régimen, sino que buscan soluciones operativas para la repatriación de personas consideradas una amenaza o que han cometido delitos en Europa.
Voceros del Ministerio de Exteriores afgano informaron que trataron temas como la confianza mutua, la presencia institucional y la búsqueda de mecanismos para resolver la situación de quienes no logran asilo y enfrentan dificultades legales y administrativas en países europeos.
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El comisario de Interior, Magnus Brunner, defendió la necesidad de impulsar estos diálogos para cumplir con el derecho internacional en materia de repatriaciones, aunque se negó a ofrecer detalles sobre el alcance de las conversaciones y recalcó que la gestión consular corresponde a cada país de la Unión Europea.
(Con información de Reuters)
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