Washington intensificó este jueves su campaña de presión económica contra Irán con una doble ofensiva: el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita desarticular los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra redes vinculadas a las ventas de petróleo militar iraní.
Las medidas se adoptaron el mismo día en que Washington confirmó haber alcanzado un preacuerdo con Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, extremo que las autoridades iraníes desmintieron oficialmente.
La recompensa busca obtener información sobre los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria y sobre la identidad de empresas fachada que operan en nombre del régimen. En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de crudo militar iraní, con el argumento de que esos ingresos financian la reconstrucción de las fuerzas armadas de la República Islámica y representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en la región.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Washington seguirá incrementando la presión económica sobre las exportaciones petroleras iraníes para impedir que Teherán obtenga recursos destinados a reforzar su capacidad militar. Las sanciones se adoptaron al amparo de la Orden Ejecutiva 13224, el instrumento antiterrorista utilizado para señalar a grupos terroristas y sus patrocinadores, la misma base legal que sirvió para designar a la Guardia Revolucionaria en octubre de 2017.
El Tesoro también designó a la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo iraní vinculado a la Guardia Revolucionaria que Washington describió como un mecanismo de extorsión contra el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz. Bessent calificó la iniciativa como el último intento del ejército iraní de extorsionar el comercio marítimo mundial y señaló que revela la desesperación financiera generada por la campaña de sanciones denominada Economic Fury.
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Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán, el Tesoro ejecutó sucesivas rondas de sanciones. Entre febrero y mayo, Washington sancionó a más de 30 individuos, entidades y buques acusados de facilitar exportaciones ilícitas de crudo y apoyar programas de misiles y drones. Solo en abril, la administración Trump impuso restricciones a 35 personas y compañías señaladas de integrar un sistema bancario paralelo para mover miles de millones de dólares derivados de ventas petroleras ilegales.
La ofensiva económica de este jueves se produjo en un contexto de negociaciones diplomáticas aceleradas. El gobierno de Estados Unidos confirmó que sus equipos negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz —por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial— y extender el alto el fuego durante 60 días adicionales. Según el medio digital Axios, el entendimiento solo requeriría la aprobación final del presidente Donald Trump y estipula que la navegación por el estrecho será sin restricciones ni peajes.
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Las autoridades iraníes rechazaron esa versión. Fuentes del gobierno de Teherán desmintieron la existencia del preacuerdo, en una contradicción que revela la fragilidad del proceso diplomático. Las negociaciones, mediadas por Pakistán y Qatar, se intensificaron en la última semana, aunque Teherán rebajó sistemáticamente las expectativas de un acuerdo inminente. Trump advirtió el miércoles que no estaba satisfecho con las propuestas iraníes y no descartó retomar las operaciones militares si el diálogo fracasa.
La estrategia dual de la administración queda así al descubierto: mantener el cerco financiero sobre Teherán mientras tantea un acuerdo que evite la reanudación de los combates. La clave reside en si Trump avala o veta el preacuerdo suscrito por sus propios negociadores.
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