
El conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán generó un aumento abrupto en el precio del petróleo, presión sobre los insumos agrícolas y una cadena inflacionaria que afecta el costo de los alimentos a nivel global.
Desde finales de febrero de 2026, el valor del Brent subió 50%, situándose en USD 109 por barril. Este ascenso refleja tanto la escasez efectiva como una prima de riesgo geopolítica derivada de la restricción logística en el estrecho de Ormuz, principal corredor de exportación de petróleo y fertilizantes en el mundo.
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Otra consecuencia es el flujo limitado de petróleo y fertilizantes a nivel internacional, que perjudica a países exportadores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a importadores y consumidores de materias primas.
El cierre de facto del estrecho de Ormuz mantiene fuera del mercado alrededor de 16.000.000 de barriles diarios de crudo, lo que ha elevado la volatilidad en los mercados internacionales, encarecido los fertilizantes y reducido su disponibilidad. Este fenómeno incrementa el precio de los alimentos y amplifica la presión inflacionaria, con mayor impacto en regiones dependientes de la importación de insumos agrícolas y energéticos, explicó Bancolombia en un informe.
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La interrupción logística y los ataques directos a infraestructura estratégica causaron una mayor escasez de crudo en los mercados de referencia, mientras que la incertidumbre y la falta de consenso entre los actores implicados intensificaron la prima de riesgo.
Las consecuencias para Colombia<b> </b>

Las respuestas de los países consumidores buscan mitigar el impacto económico. En Asia, persisten las estrategias de ahorro energético, aunque su eficacia es limitada por la inflexibilidad de la demanda petrolera en el corto plazo. Todas las economías mundiales enfrentan presiones inflacionarias y volatilidad en los mercados financieros, energéticos y agrícolas.
Para regiones altamente dependientes de insumos externos, como América Latina, el impacto es doble. Países exportadores pueden beneficiarse por el aumento del valor del petróleo, pero enfrentan riesgos fiscales y de sostenibilidad.
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En el caso colombiano, Bancolombia destacó que el alza de precios internacionales amenaza con trasladarse a la canasta familiar, pues el país importa millones de toneladas de insumos agrícolas: 7,7 millones de toneladas de maíz, 2.000.000 de harina de soya, 600.000 toneladas de fríjol soya y 1.000.000 de fertilizantes nitrogenados en 2025. Todo esto eleva los costos de producción y encarece los alimentos procesados y la proteína animal.
El conflicto impacta cada eslabón de la cadena global, llevando los precios del petróleo y de los alimentos a niveles que desafían tanto la inflación internacional como la economía interna de los países más expuestos. Aunque el alto precio del crudo favorece a los exportadores y fortalece algunas monedas, persisten desafíos fiscales y riesgos de desbalance en los fondos de estabilización energética, mostrando la complejidad de este entorno de constantes fluctuaciones.
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Según cálculos de la Fundación Xua Energy citados por El Tiempo, el precio de referencia de la gasolina en pesos incrementó un 65% desde el inicio del conflicto en Irán el 28 de febrero de 2026. Este salto, relacionado tanto con el encarecimiento del crudo como con el comportamiento del dólar, provocó que el costo del galón colombiano, que promedia ahora $15.449, quedara en una franja notablemente inferior al valor internacional.
El experto Sergio Cabrales, docente en la Universidad de los Andes y citado en la misma publicación, estimó que la gasolina en Colombia se encuentra actualmente $2.000 por debajo de la referencia externa, mientras que el presidente de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, sitúa ese desfase en algo más de $1.600.
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El incremento medio de este mes alcanzó $375 por galón, aunque en zonas de frontera como Pasto y Cúcuta el ajuste fue menor, gracias a los beneficios tributarios de esas regiones, donde las subidas se limitaron a $240 y $239, respectivamente, según el medio citado. La razón oficial para actualizar el precio responde a la necesidad de proteger las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que cerró 2023 con un déficit de $3 billones.
No obstante, diversos analistas, entre ellos el centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), coincidieron en que el aumento aplicado se queda corto frente a la presión internacional, pues debió situarse entre $800 y $1.000 para evitar el crecimiento del déficit.
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