La respuesta del régimen de Irán al ultimátum de Donald Trump, ahora pospuesto por cinco días, para la reapertura del estrecho de Ormuz tomó forma en mapas, gráficos y listas difundidas por medios estatales y semioficiales, entre ellos Mizan Online, la agencia Mehr y Fars. Los documentos no señalaban bases militares ni posiciones de combate. Apuntaban, en cambio, a centrales eléctricas y plantas desalinizadoras distribuidas en varios países del Golfo, esenciales para el funcionamiento cotidiano de sus sociedades.
“Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses”, indicó en paralelo la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim. “Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos”.
El patrón es consistente: infraestructuras civiles que sostienen servicios básicos. La advertencia sugiere que un eventual ataque contra la red eléctrica iraní sería respondido con acciones destinadas a interrumpir el suministro de energía y agua en la región, ampliando el alcance del conflicto más allá de los frentes tradicionales.
El control sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, se ha convertido en el nuevo foco de la guerra en Medio Oriente, que ahora amenaza con escalar a niveles regionales con impacto directo sobre el suministro global de energía. Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha restringido el tránsito marítimo por esa vía —por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo y gas natural licuado global—, lo que motivó el ultimátum de Washington para su reapertura. La amenaza de atacar la infraestructura eléctrica iraní surge en ese contexto, y es a esa presión a la que Teherán responde con la enumeración de objetivos en la región.
En Arabia Saudita, la planta desalinizadora de Ras Al-Khair aparece entre los primeros puntos señalados. Es una de las mayores del mundo y cumple un rol central en el abastecimiento de agua potable. En la misma línea figura la central eléctrica de Shuqaiq, integrada al sistema energético del sur del país. Ambas instalaciones reflejan la dependencia del reino de sistemas que combinan generación eléctrica y producción de agua.
Más al norte, en Qatar, la lista incluye la central solar de Al Kharsaah, una de las principales instalaciones destinadas a diversificar la matriz energética, y el complejo de Ras Laffan, donde la generación eléctrica y la desalinización operan de manera conjunta para sostener tanto el consumo doméstico como la actividad industrial, incluida la exportación de gas natural licuado.
En Emiratos Árabes Unidos, los gráficos difundidos mencionan la desalinizadora de Taweelah y la central nuclear de Barakah. La primera es una de las principales fuentes de agua en Abu Dabi. La segunda, con varios reactores en funcionamiento, ocupa un lugar central en la estrategia energética del país y su eventual daño introduce riesgos adicionales, tanto por el impacto energético como por posibles efectos ambientales.
La enumeración se extiende a Bahréin, con la planta Al Dur, y a Kuwait, donde la central de Zour Norte figura como uno de los principales nodos del sistema eléctrico y de producción de agua potable. En Jordania, los puntos señalados son la planta de Aqaba y la central de Samra, responsable de una parte significativa de la generación nacional y pieza clave para la estabilidad del sistema eléctrico.
Israel también aparece entre los objetivos potenciales. Medios iraníes difundieron referencias a las centrales de Orot Rabin y Rutenberg, dos de las principales instalaciones eléctricas del país, en una señal de que la respuesta contemplaría tanto a adversarios directos como a actores regionales vinculados.
La precisión de los objetivos —instalaciones identificadas, ubicaciones concretas— redefine el alcance de la amenaza. No apunta a frentes de combate, sino a los sistemas que sostienen la vida cotidiana en la región. Electricidad y agua, dos recursos críticos en Medio Oriente, pasan a ser variables de presión en un escenario de escalada. En ese marco, la advertencia iraní sugiere que cualquier ataque ya no se medirá solo en términos militares, sino en la capacidad de paralizar servicios esenciales a escala regional y provocar un impacto directo sobre la población civil.
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