La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala, el sistema sanitario ucraniano acumula casi 3.000 ataques documentados y una espiral de violencia que no se detiene: la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló este lunes que los ataques contra instalaciones de salud aumentaron casi un 20% en 2025 respecto al año anterior, consolidando una tendencia de agresión deliberada que organismos de derechos humanos califican como posibles crímenes de guerra.

Desde el 24 de febrero de 2022, la OMS ha registrado 2.881 ataques contra el sistema sanitario ucraniano, que afectaron a trabajadores, hospitales, ambulancias y almacenes de suministros médicos. El pico más alto se produjo en el tercer trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 184 agresiones en tres meses, con un saldo de doce personas muertas y 110 heridas entre personal sanitario y pacientes. En el conjunto del conflicto, 233 personas han muerto y 930 han resultado heridas en este tipo de ataques.

“Después de cuatro años de guerra, las necesidades sanitarias están aumentando, pero mucha gente no puede conseguir la atención que necesita, en parte porque los hospitales y clínicas son atacados frecuentemente”, denunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un acto en Copenhague. La señal de alarma llega en una fecha especialmente significativa: el 24 de febrero se cumplen cuatro años del inicio de la invasión.

Uno de los datos más preocupantes del informe es la triplicación de los ataques contra almacenes médicos en 2025. Esta modalidad de agresión no solo destruye infraestructuras físicas, sino que interrumpe cadenas de distribución de medicamentos y material quirúrgico en regiones ya aisladas, con consecuencias directas sobre pacientes con enfermedades crónicas que dependen de suministros regulares. La destrucción logística amplifica el impacto de cada ataque individual.

A la violencia directa se suma el colapso de las infraestructuras civiles. Los ataques rusos contra centrales de calefacción y la red eléctrica han convertido hospitales funcionales en estructuras sin calor ni energía constante, comprometiendo desde el almacenamiento de fármacos hasta la recuperación postquirúrgica. El resultado es una doble presión sobre un sistema que opera al límite. Un 59% de la población en las zonas próximas al frente califica la situación sanitaria como mala o muy mala, frente al 47% en zonas alejadas de los combates, según datos de la propia OMS.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, puso el foco en la crisis de salud mental, que atraviesa de forma transversal a la sociedad ucraniana. El 72% de las personas encuestadas declararon haber sufrido ansiedad o depresión en el último año, pero solo una de cada cinco buscó ayuda profesional. Las barreras son múltiples: el estigma, la falta de servicios en zonas de combate y la incertidumbre cotidiana que impide proyectar una recuperación.

Las enfermedades crónicas agravadas por la guerra constituyen otra emergencia silenciosa. Uno de cada cuatro ucranianos sufre hipertensión y ocho de cada diez no tienen acceso a los medicamentos que necesitan para tratarla. Kluge describió la dimensión humana de esta estadística con casos concretos: pacientes cardíacos sin medicación, amputados que esperan meses por una prótesis, adolescentes que no pueden salir de casa por el miedo. La guerra, en esta dimensión, no produce muertes instantáneas sino un deterioro crónico y sostenido.

Estos ataques constituyen una violación reiterada del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe expresamente agredir instalaciones médicas y al personal sanitario bajo cualquier circunstancia. El Kremlin niega sistemáticamente atacar objetivos civiles, pero las evidencias documentadas por la OMS, la Cruz Roja Internacional y organismos como Médicos por los Derechos Humanos apuntan en sentido contrario. Durante 2025, la OMS asistió a 1,9 millones de ucranianos y ha solicitado 42 millones de dólares para 2026 con el objetivo de garantizar acceso sanitario a 700.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Lo que el informe revela, más allá de las cifras, es una estrategia de desgaste: destruir la capacidad de un país para curar a sus ciudadanos es una forma de guerra que no aparece en los mapas del frente pero que moldea, de forma irreversible, el cuerpo y la psique de una nación.