Los rebeldes hutíes de Yemen han confiscado equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a oficinas desocupadas de las Naciones Unidas en Saná, según confirmó la organización este viernes. La acción, que se suma a una serie de restricciones impuestas por el grupo respaldado por Irán, amenaza con agravar el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, donde reside la mayor parte de la población yemení en situación precaria.
El jueves, miembros de los hutíes ingresaron en al menos seis oficinas de la ONU en la capital y trasladaron la mayor parte del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos a un lugar no revelado. La ONU afirmó que no recibió explicación alguna sobre el retiro de estos activos esenciales, que habían sido introducidos en Yemen cumpliendo los protocolos locales y con el permiso correspondiente. Julien Harneis, coordinador residente y humanitario para Yemen, señaló que las medidas se realizaron sin diálogo previo, lo que impidió alcanzar acuerdos para garantizar la continuidad de la asistencia.
Las restricciones no se limitan al decomiso de bienes. Desde hace más de un mes, los hutíes han impedido la operación de vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) hacia Saná, y por más de cuatro meses hacia la provincia de Mareb, controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estos vuelos constituyen el único medio para que organizaciones internacionales ingresen o salgan de las zonas hutíes y mantengan sus operaciones de ayuda.
La situación se produce en un contexto de creciente represión: la ONU informó que los hutíes han intensificado sus acciones contra agencias humanitarias y han detenido a decenas de empleados, bajo acusaciones de espionaje para Israel, sin presentar pruebas. Setenta y tres miembros del personal de la ONU y trabajadores de otras organizaciones civiles han sido privados de libertad en los últimos años, limitando severamente la distribución de asistencia en áreas que concentran cerca del 70% de las necesidades humanitarias del país.
Como consecuencia de las dificultades crecientes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la terminación de los contratos de sus 365 empleados en las zonas bajo control hutí, alegando problemas de financiación y un entorno inseguro para su personal. El cierre de estas operaciones representa un golpe significativo en un país donde, según datos de la ONU, 19,5 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2025.
En noviembre, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron a Yemen como uno de los países con riesgo inminente de hambruna catastrófica. La confiscación de activos y la suspensión de vuelos humanitarios ocurren en un momento en que las necesidades en las áreas controladas por los hutíes están en aumento, lo que, según la ONU, agravará aún más la situación humanitaria y dificultará la entrega de ayuda esencial a la población afectada.
(Con información de AP y AFP)
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