El régimen de Irán difundió este viernes su balance de víctimas de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre, en un intento por fijar su propio relato sobre una represión que ha generado una fuerte condena internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que los ayatollahs califican como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según el jefe de la diplomacia iraní, del total de fallecidos, 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, sostuvo Araqchi en un mensaje público, sin detallar los criterios utilizados para esa clasificación ni aportar información independiente que respalde esa cifra.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, tras semanas de versiones fragmentarias y comunicados parciales.
El anuncio llegó pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de asistir a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Para observadores internacionales, el hecho de que el propio gobierno haya recurrido a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos en el marco de una represión que se extendió por numerosas ciudades. Esos grupos denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción de gran escala de infraestructura pública. Aseguró que los “ataques terroristas” dejaron más de 400 edificios oficiales dañados, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias y 800 vehículos, además de cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron en los últimos días de diciembre, en medio de una profunda crisis económica marcada por el desplome del rial y una inflación persistente que golpea a amplios sectores de la población. Durante varias jornadas, las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y en otras grandes ciudades, con consignas centradas en la situación económica y en el rechazo a la gestión del poder político. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen iraní ha insistido en responsabilizar a actores externos de la violencia. Según Teherán, fuerzas extranjeras y opositores en el exilio habrían alimentado los disturbios para justificar una eventual intervención internacional. Esa narrativa se reforzó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su país podría volver a atacar a Irán si continuaba la represión.
Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto insta además a garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
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