Varsovia ha dado un paso contundente: el Gobierno polaco anunció que imputará a dos ciudadanos ucranianos por un ataque explosivo contra una vía ferroviaria usada para las entregas a Ucrania, calificado por las autoridades como sabotaje de naturaleza terrorista. Según el primer ministro Donald Tusk, los sospechosos colaboraban desde hace tiempo con los servicios secretos rusos y huyeron a Bielorrusia tras cometer el atentado.
El incidente ocurrió el fin de semana en el tramo ferroviario que conecta Varsovia con la frontera ucraniana, cerca de la localidad de Mika — unos 100 km al sureste de la capital —, donde una explosión dañó los raíles. En paralelo se detectó un segundo ataque contra tendido eléctrico en la región de Puławy. No hubo heridos.
Tusk calificó el hecho como “un acto de sabotaje sin precedentes” y sostuvo que “este tipo de ataque” ataca directamente la seguridad nacional. El ministro de Exteriores polaco, Radek Sikorski, lo elevó a “acto de terrorismo de Estado” y anunció el cierre del último consulado ruso activo en Polonia como parte de la respuesta.
Las reacciones europeas no se hicieron esperar. Desde Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, respaldó la acción polaca y defendió la necesidad de “una respuesta firme”, al tiempo que alertó de no caer en una escalada que beneficie a Moscú sembrando miedo en la sociedad europea.
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido expresó la condena sin paliativos al sabotaje: la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, lo calificó de “inaceptable” y ofreció apoyo a Polonia en la investigación. Cooper vinculó el episodio al incremento de “incidentes híbridos” del entorno ruso y remarcó la importancia de la cooperación con Alemania.
La trama acusatoria de Polonia descansa en que los dos ucranianos identificados —uno con antecedentes por sabotaje en Ucrania y otro procedente de Donbás— ingresaron al país desde Bielorrusia, realizaron la operación y atravesaron nuevamente la frontera hacia ese país aliado de Rusia. Se detalla que uno de los métodos había sido instalar una abrazadera de acero para provocar un descarrilamiento, mientras que el artefacto explosivo utilizado era de tipo militar, quizá C4.
El episodio se encuadra en lo que Polonia y sus aliados califican como la estrategia de “guerra híbrida” de Moscú, dirigida a minar el apoyo occidental a Ucrania, sembrar temor y dividir a las sociedades europeas. En este contexto, la UE y los países de la OTAN analizan reforzar la protección de infraestructuras críticas, desde cables submarinos a líneas ferroviarias, conscientes de que el ataque perpetrado apunta más allá del daño material.
Mientras tanto, Rusia rechazó categóricamente las acusaciones y prometió represalias diplomáticas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las relaciones con Polonia “se han deteriorado por completo” y calificó los señalamientos de reflejo de una “rusofobia” creciente en Varsovia.
En Varsovia, el Ejecutivo anunció el despliegue de hasta 10.000 soldados para reforzar la vigilancia de infraestructuras sensibles. Es una medida un tanto inédita: el Ejército movilizado en territorio nacional ante un acto de sabotaje, lo que subraya el nivel de alarma.
Este episodio plantea un nuevo umbral en la tensión entre Europa del Este y Moscú. La acusación formal de Polonia contra ciudadanos ucranianos que, según sus servicios, actuaban para Rusia, y el apoyo público de la UE y el Reino Unido marcan una escalada diplomática que puede abrir múltiples frentes: jurídicos, operativos y militares. La línea mencionada, entre Varsovia y la frontera ucraniana, se convierte desde ahora en símbolo de un blanco estratégico —y también de alerta— en un continente que debe decidir si responde con firmeza o retrocede ante la lógica de la intimidación.
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