Sudáfrica investiga el reclutamiento de jóvenes para combatir con Rusia en Ucrania

El gobierno sudafricano abrió una investigación tras conocerse que al menos 17 ciudadanos de su país habrían sido reclutados para unirse como mercenarios a las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania. La revelación, difundida por el medio local News24 y confirmada parcialmente por autoridades ucranianas, desató preocupación en Pretoria por la posible violación de leyes nacionales y por el impacto diplomático de un caso que evidencia la creciente influencia de Moscú en África.

El embajador ucraniano en Sudáfrica, Oleksander Shsherba, pidió este jueves a los sudafricanos “no dejarse engañar” por ofertas laborales que esconden un vínculo con el frente de combate. En declaraciones a AFP, el diplomático afirmó que los 17 hombres fueron “atraídos con promesas de contratos lucrativos”, sin saber que serían enviados a luchar en el Donbás, una de las zonas más devastadas por la guerra. “Desde que esto estalló, he recibido correos de familiares desesperados. Mi mensaje es claro: no se involucren en esta guerra bárbara e injusta”, dijo.

La presidencia sudafricana reconoció haber recibido “llamadas de socorro” de varios de esos jóvenes, de entre 20 y 39 años, que pedían ayuda para regresar al país. Según el comunicado oficial, fueron engañados con supuestos trabajos en seguridad privada y se encontraron atrapados en el epicentro del conflicto sin posibilidad de retorno. Las autoridades no detallaron cuántos de ellos siguen en territorio ucraniano ni en qué condiciones.

El caso pone a prueba la ambigua posición de Sudáfrica frente a la invasión rusa. Aunque el gobierno de Cyril Ramaphosa se ha declarado “neutral” y ha impulsado iniciativas diplomáticas para mediar en el conflicto, ha sido acusado por Occidente de mantener una relación demasiado cercana con Moscú. Pretoria es miembro de los BRICS junto a Rusia, China, India y Brasil, y se abstuvo en repetidas ocasiones en las votaciones de la ONU que condenaban la invasión.

La investigación ordenada por Ramaphosa apunta a determinar si existió reclutamiento ilegal a través del partido uMkhonto we Sizwe (MK), una formación política recién creada y liderada por el expresidente Jacob Zuma, tradicionalmente alineado con el Kremlin. Según News24, los sudafricanos habrían sido enviados a Rusia bajo el pretexto de recibir formación en seguridad, pero terminaron siendo incorporados a compañías militares vinculadas a las fuerzas rusas.

Zuma, que gobernó Sudáfrica entre 2009 y 2018, mantiene lazos históricos con Moscú desde los tiempos de la lucha contra el apartheid, cuando la Unión Soviética apoyaba al Congreso Nacional Africano (ANC). Su nuevo partido, que obtuvo un importante apoyo en las elecciones de mayo, ha abogado por fortalecer los vínculos con Rusia y por una política exterior “antiimperialista”, lo que ha generado inquietud entre diplomáticos occidentales y sectores moderados del ANC.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó la semana pasada que al menos 1.436 ciudadanos de 36 países africanos estarían combatiendo en las filas rusas, muchos de ellos atraídos por salarios elevados o falsas ofertas laborales. “Rusia está violando la legislación internacional y nacional de varios Estados africanos al inducir a sus ciudadanos a unirse a la guerra”, denunció el canciller Andriy Sybiga.

La legislación sudafricana prohíbe expresamente la participación de sus ciudadanos en conflictos armados extranjeros sin autorización del gobierno. La Ley de Asistencia Militar Extranjera, de 1998, prevé penas de prisión y multas severas para quienes actúen como mercenarios, con el objetivo de evitar que Sudáfrica vuelva a ser un terreno fértil para empresas militares privadas, como ocurrió durante la guerra civil de Angola en los años noventa.

El caso de los 17 sudafricanos atrapados en el frente ucraniano se inscribe en un contexto más amplio de expansión rusa en el continente africano. A través de contratos mineros, acuerdos militares y campañas de desinformación, Moscú ha reforzado su influencia en países como Mali, República Centroafricana y Sudán, donde el grupo Wagner y otras compañías asociadas actúan con respaldo estatal. Ucrania, por su parte, intenta contrarrestar esa narrativa con misiones diplomáticas y llamados a la opinión pública africana.

Para el gobierno de Ramaphosa, el episodio supone un dilema político. Por un lado, busca preservar la neutralidad y los lazos económicos con los BRICS; por otro, enfrenta presiones internas e internacionales para impedir que ciudadanos sudafricanos participen en una guerra considerada ilegal por gran parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, las familias de los jóvenes reclutados siguen esperando noticias. Algunos, según fuentes diplomáticas, habrían logrado salir del Donbás y se encuentran bajo protección consular.