El fiscal general de Estambul presentó una acusación de casi 4.000 páginas contra el alcalde encarcelado de la ciudad, Ekrem Imamoglu, atribuyéndole 142 presuntos delitos vinculados a la corrupción y el crimen organizado y solicitando penas de prisión que podrían superar los 2.300 años, según informaron los medios turcos. Entre los delitos imputados a Imamoglu, considerado el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan, figuran la organización y liderazgo de una red criminal, 12 cargos de soborno, siete de lavado de dinero, siete de fraude, extorsión y manipulación de licitaciones.
Imamoglu, fue arrestado en marzo junto a varios funcionarios municipales, ha sido descrito en la acusación como el “fundador y líder de la organización” investigada. El fiscal jefe Akin Gurlek precisó que la causa involucra a 402 sospechosos, de los cuales más de un centenar se encuentran ya bajo custodia. La imputación lo responsabiliza, además, de delitos supuestamente cometidos por otros investigados, incluidos soborno y falsificación de documentos, según la oficina de Gurlek. Si el tribunal acepta la acusación y se dicta condena, Imamoglu podría enfrentarse a una pena de hasta 2.352 años de cárcel, según cálculos de Haberturk y la televisión estatal TRT Haber.
El político, uno de los principales rivales electorales del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha negado todas las acusaciones. Grupos críticos y el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora, califican el proceso como una táctica motivada políticamente para debilitar a la oposición tras su buen desempeño en las elecciones locales del año pasado, según han expresado varias fuentes consultadas por Haberturk y TRT Haber. Los críticos han advertido que se trata de una “represión más amplia”, citando la reciente oleada de detenciones de cargos del CHP en Estambul y otros municipios controlados por el partido.
El arresto de Imamoglu desató unas protestas públicas de intensidad inédita desde 2013 en Turquía, con manifestaciones masivas en varias ciudades tras conocerse su detención, informó la agencia estatal Anadolu. Desde entonces, decenas de funcionarios locales y miembros del CHP han sido también arrestados dentro del mismo caso o por causas relacionadas.
El mes pasado, los fiscales presentaron además cargos de espionaje contra Imamoglu relacionados con una investigación sobre su campaña política y sobre un empresario arrestado en julio por supuestas actividades de inteligencia para gobiernos extranjeros, según medios turcos. La acusación incluye la transferencia de datos personales de residentes de Estambul con fines de financiación internacional, cargos calificados por el propio Imamoglu como “tonterías”.
A estas acusaciones se suman denuncias previas por presuntos insultos a miembros del Consejo Supremo Electoral, amenazas contra Gurlek y sospechas de falsificación de diplomas y otros documentos oficiales.
El Gobierno de Turquía, por su parte, rechaza que se trate de una persecución y sostiene que el poder judicial opera con independencia, asegurando que las investigaciones se centran exclusivamente en casos de corrupción y otras irregularidades.
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