El líder opositor turco tilda de “golpista” la petición de 2.352 años de cárcel contra el alcalde de Estambul

La petición de penas que superan los 2.000 años de cárcel contra Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y figura de la oposición turca, ha desencadenado un terremoto político en Turquía, agudizando la impresión de que el sistema judicial se ha convertido en una herramienta al servicio del poder. La Fiscalía de Estambul presentó este martes un pliego acusatorio en el que describe al dirigente del Partido Republicano del Pueblo (CHP) como “cabecilla de una organización criminal con fines de lucro” y solicita una pena de hasta 2.352 años de prisión.

El líder de la formación socialdemócrata, Ozgur Pzel, calificó la acción como “una advertencia de tipo golpista”, aludiendo al temor de que no se busca solo una sanción individual, sino neutralizar al CHP entero como alternativa electoral. La rueda de prensa tuvo lugar en Ankara y el tono, de hecho, es de movilización: “No es algo legal, sino totalmente político”, dijo Ozel, incidiendo en que el procedimiento apunta a “bloquear al candidato presidencial” de su partido.

El contexto internacional y nacional añade urgencia a sus palabras. El alcalde fue detenido en marzo de 2025 y desde entonces está privado de libertad bajo cargos de corrupción, blanqueo, manipulación de licitaciones públicas y organización criminal. Junto a ello se le ha abierto otro proceso por presunto espionaje relacionado con campañas municipales. El momento no es casual: su presencia como contendiente relevante frente al Recep Tayyip Erdogan y el desgaste económico del país convierten su acusación en una pieza clave del tablero político.

Según los documentos, la Fiscalía estima que la red de corrupción que se le imputa provocó daños al Estado por valor de 160.000 millones de liras turcas en un periodo de diez años. En paralelo, se ha solicitado al Tribunal Supremo de Casación que valore la posibilidad de clausura del CHP, histórico partido de la República turca fundado por Mustafa Kemal Ataturk, lo que agrava la sensación de que no es solo un juicio, sino un acto de mayor alcance.

Desde Bruselas hasta Washington llama la atención la tensión entre el discurso gubernamental —que afirma que la justicia actúa con independencia— y las voces de la oposición, que denuncian que Turquía oscila hacia un régimen autoritario. Las manifestaciones que siguieron al arresto de Imamoglu fueron las más multitudinarias de la última década en el país.

La economía tampoco está al margen. La lira turca ha sufrido depreciaciones tras cada escalada de tensión política. El mensaje que envían las instituciones, domésticas e internacionales, es que la inestabilidad democrática penaliza directamente la confianza de inversiones y mercados.

Para Imamoglu, que llegó al cargo tras derribar en 2019 al candidato del partido del presidente, la ofensiva legal representa una doble derrota: personal y simbólica. Su acusación por “insultar y amenazar” al fiscal jefe de Estambul le costó ya en julio anterior una condena de un año y ocho meses de prisión, confirmando la estrategia de hostigamiento judicial.

El flanco humanitario y de derechos también arde. Periodistas han sido citados o detenidos al cubrir el caso. La preocupación radica en que el proceso inaugura un ambiente en que la discrepancia política es criminalizada, lo cual socava los cimientos del sistema de partidos.

Aunque el proceso se hunda en tecnicismos jurídicos, la lectura política está sobre la mesa: impedir que la principal figura opositora compita o gobierne, y erosionar la base institucional del rival. Es un mensaje que excede a İmamoğlu y alcanza a quienes podrían heredar su espacio.

La cuantía simbólica de 2.352 años viene a presentarse como una condena ejemplar. Pero si algo revela es que la política turca ya no se define solo en urnas, sino en tribunales. La cuestión que queda por ver es si el tablero electoral volverá a abrirse o seguirá cerrado mediante mecanismos extra-electorales.