El Consejo Editorial de The Wall Street Journal planteó una acusación directa contra el gobierno laborista de Reino Unido, al sugerir que priorizó los vínculos económicos con China por encima de la seguridad nacional. Según el análisis del periódico, la administración de Keir Starmer enfrenta una prueba decisiva: “¿Por qué el gobierno sigue abierto a la propuesta de Pekín de construir una embajada gigante en Londres que sería el mayor puesto diplomático de China en Europa?”, cuestionó el editorial, aludiendo a la controversia por la posible aprobación de este proyecto pese a los riesgos de espionaje.
La polémica se intensificó tras el colapso de un caso de espionaje que involucraba a dos ciudadanos británicos, Christopher Berry y Christopher Cash, acusados de entregar información sensible a Pekín en violación de la Ley de Secretos Oficiales de 1911.
El editorial explicó que una sentencia del Tribunal Superior de 2024 amplió la definición de “enemigo” para incluir a cualquier país que represente una amenaza a la seguridad nacional del Reino Unido. Sin embargo, los autores señalaron que la Fiscalía de la Corona afirmó que el gobierno laborista “no proporcionó tal evaluación sobre China pese a repetidas solicitudes, y como resultado ‘el caso no pudo continuar’”. Berry y Cash negaron las acusaciones y los cargos fueron retirados.
Ante la presión política, Starmer responsabilizó al gobierno anterior por no haber emitido una designación formal contra China. Para responder a las críticas, el primer ministro publicó declaraciones del viceasesor de seguridad nacional, Matthew Collins, quien detalló la magnitud de la amenaza. Collins sostuvo que “los servicios de inteligencia chinos son altamente capaces y llevan a cabo operaciones de espionaje a gran escala contra el Reino Unido para promover los intereses del Estado chino y perjudicar los intereses y la seguridad del Reino Unido”.
A pesar de estas advertencias, el editorial cuestionó la disposición del gobierno a considerar la construcción de la nueva embajada china. En mayo, el diputado conservador Iain Duncan Smith y otros miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) advirtieron al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que la ubicación del complejo “presenta graves riesgos para las economías del Reino Unido y Estados Unidos”.
El análisis de The Wall Street Journal subrayó que el memorando de IPAC alertó sobre el hecho de que el complejo de 2,2 hectáreas (5,5 acres) se situaría directamente sobre cables de datos que sirven a la industria financiera. Luke de Pulford, director ejecutivo de IPAC, advirtió que el riesgo es doble: “Si China accediera a los cables, podría monitorear flujos privados y confidenciales de información financiera, y en una crisis podría interrumpir a las instituciones financieras occidentales”.
El editorial también recogió la preocupación de legisladores estadounidenses. En una carta enviada en febrero al embajador británico en Estados Unidos, los congresistas Chris Smith de Nueva Jersey y John Moolenaar de Michigan advirtieron que el complejo podría servir para “ampliar el hostigamiento a disidentes y críticos”. Los autores recordaron que “el monitoreo y la intimidación de chinos en el extranjero por parte de China es bien conocido”.
The Wall Street Journal precisó que el gobierno británico debía tomar una decisión sobre la embajada china el mes pasado, pero la postergó hasta diciembre. El editorial concluyó que si Starmer desea demostrar que sus críticos se equivocan, puede atender las advertencias y rechazar la propuesta de Pekín.
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