El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de atacar a la Policía durante las protestas por el asesinato de Mahsa Amini

La ejecución de Mehran Bahramian en Irán, acusado de participar en ataques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, ha reavivado el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país y el uso de la pena de muerte como instrumento de represión. Las autoridades iraníes confirmaron la ejecución este sábado, en un contexto de aumento de ejecuciones y reiteradas denuncias de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Bahramian fue condenado por su implicación en el asalto a un vehículo policial en la localidad de Semirom, en la región de Isfahán, un hecho que provocó la muerte de un agente y dejó varios heridos. El proceso judicial incluyó la ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo iraní, lo que llevó a la ejecución.

El caso de Bahramian se enmarca en la represión que siguió a las protestas de 2022, originadas por el fallecimiento de Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico.

Las protestas por la muerte de Amini, que sacudieron Irán en 2022, se caracterizaron por una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad y la aplicación de medidas judiciales severas contra los manifestantes. La represión incluyó detenciones masivas y la imposición de penas de muerte a varios acusados de participar en actos violentos durante las movilizaciones. La ejecución de Bahramian es una de las más recientes dentro de una serie de sentencias capitales dictadas en este contexto.

Aumento de ejecuciones y denuncias de la ONU

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado al menos 841 ejecuciones en Irán desde principios de año, una cifra que incluye a opositores políticos, ciudadanos afganos y miembros de minorías étnicas. Solo en julio, se registraron al menos 110 ejecuciones, entre ellas mujeres y personas pertenecientes a comunidades baluche, kurda y árabe. Más de una tercera parte de las ejecuciones estuvieron relacionadas con cargos de tráfico de drogas y que, en algunos casos, las sentencias se aplicaron en público.

El organismo de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso sistemático de la pena de muerte como mecanismo de intimidación estatal, con un impacto desproporcionado sobre minorías étnicas y migrantes. La portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, señaló en Ginebra que el número de ejecuciones en julio duplicó el registrado en el mismo mes del año anterior. Además, la ONU ha advertido que once personas enfrentan una ejecución inminente, cinco de ellas por su presunta participación en las protestas de 2022.

Shamdasani también denunció que las autoridades iraníes han ignorado los reiterados llamamientos internacionales para poner fin a la aplicación de la pena capital, que continúa en aumento. Entre las preocupaciones señaladas por la ONU figuran la aplicación de la pena de muerte en función de leyes imprecisas, la falta de garantías procesales para los acusados y la existencia de numerosos casos documentados de tortura en centros de detención iraníes.

En el plano internacional, la reacción de la Unión Europea se ha hecho sentir en paralelo al endurecimiento de las tensiones diplomáticas con el régimen de Irán. Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, declaró que el proceso de 30 días iniciado para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear representa una oportunidad para explorar soluciones diplomáticas.

Kallas subrayó que esta nueva fase podría abrir vías para el diálogo, en un momento en que las relaciones entre Occidente y Teherán se encuentran especialmente tensas tras el inicio del proceso sancionador y las advertencias de respuesta por parte del gobierno iraní.

La persistencia de la pena de muerte en Irán, aplicada en ocasiones bajo marcos legales ambiguos y sin garantías de defensa adecuada, sigue generando alarma en la comunidad internacional, que observa con inquietud el riesgo de ejecuciones injustas y la erosión de los principios fundamentales de dignidad y derecho a la vida.