Polonia detuvo a 32 personas acusadas de colaborar con la inteligencia rusa en actos de sabotaje

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este martes la detención de 32 personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia de Rusia en actividades de sabotaje dentro del territorio polaco, en lo que definió como una ofensiva directa contra la seguridad del Estado. El caso, que involucra a ciudadanos de diversas nacionalidades —entre ellos polacos, rusos, ucranianos, bielorrusos y un colombiano— se enmarca en una serie de acciones atribuidas a la llamada “guerra híbrida” emprendida por el Kremlin desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Según explicó el primer ministro, uno de los acusados ya ha sido condenado, mientras que los otros 31 permanecen detenidos en espera de juicio. Las acusaciones incluyen desde espionaje hasta la ejecución de ataques incendiarios en depósitos de mercancías, como los ocurridos en mayo de 2024. En particular, el ciudadano colombiano enfrenta una posible condena de hasta diez años de prisión tras haber sido filmado lanzando bombas molotov en dos puntos de Varsovia. Las autoridades sostienen que actuó siguiendo instrucciones precisas transmitidas por canales encriptados, en los que se detallaba cómo fabricar artefactos incendiarios y se asignaban blancos específicos.

Tusk remarcó que “no hay duda de que la actividad rusa está dirigida a paralizar nuestros servicios y desestabilizar el país”, y calificó los hechos como parte de una campaña de sabotaje drástico que atenta contra la infraestructura civil y logística. La Agencia de Seguridad Interna (ABW) ha señalado que los detenidos recibieron compensaciones económicas a cambio de sus acciones, en varios casos transferidas a través de criptomonedas, y que algunos habían sido reclutados mediante redes sociales y plataformas de mensajería como Telegram.

Este nuevo episodio se suma a una serie de operativos realizados por las autoridades polacas desde el estallido de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. En los últimos dos años, Polonia se ha convertido en uno de los principales objetivos de operaciones encubiertas atribuidas al Kremlin. En 2023, el país ya había condenado a 14 ciudadanos extranjeros —entre ellos rusos, ucranianos y bielorrusos— por conspirar para cometer sabotajes, incluido el intento de descarrilar un tren con ayuda humanitaria destinada a Ucrania. En otro caso, un ciudadano ucraniano fue sentenciado a ocho años de prisión tras admitir que recibió pagos por planear incendios en una fábrica de pinturas en la ciudad de Wroclaw.

En total, desde 2022 se han registrado al menos 61 arrestos relacionados con actividades de espionaje o sabotaje en territorio polaco. Entre 2010 y 2025, Polonia resolvió más de 30 casos vinculados al accionar de servicios de inteligencia extranjeros, una cifra que representa cerca del 35 % de los casos europeos relacionados con espionaje ruso. El actual gobierno de Donald Tusk ha endurecido su política de seguridad, reforzando la cooperación con servicios de inteligencia occidentales y reinstaurando una comisión especial para supervisar la influencia extranjera.

Además del contexto regional, las investigaciones revelan un patrón operativo cada vez más frecuente: los servicios rusos externalizan tareas de sabotaje a intermediarios poco rastreables, muchas veces con antecedentes penales o en situación precaria, lo que permite mantener la negación plausible en caso de ser descubiertos. En varios de los casos recientes, los sospechosos recibieron instrucciones para enviar paquetes incendiarios disfrazados de productos inocuos —cosméticos, juguetes sexuales— a través de empresas de mensajería, con destino no solo a Polonia sino también a países como Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

En mayo pasado, nueve personas fueron detenidas por realizar ataques incendiarios en Varsovia, Vilna y Riga, todos ellos coordinados, según la fiscalía, desde Rusia. Una de las figuras centrales de esta operación fue un ciudadano ruso deportado desde Bosnia, acusado de haber coordinado los ataques y que ahora enfrenta cargos por terrorismo. Según Tusk, su extradición representó “un golpe importante” a la red de sabotaje que opera desde Moscú.

Las autoridades polacas han afirmado que este tipo de ataques buscan provocar caos, afectar la cadena logística —incluyendo rutas de suministro para Ucrania— y sembrar desconfianza en las instituciones. En respuesta, el Estado ha incrementado el presupuesto en inteligencia, aprobado reformas legislativas para acelerar los procesos judiciales relacionados con espionaje, y ha profundizado la cooperación con la OTAN.