El Gobierno de Estonia ha informado este jueves de que, ante la falta “cambios políticos” en Bielorrusia, ha tomado la decisión de prohibir de manera permanente la entrada en su territorio al dictador de ese país, Alexander Lukashenko, y a otros 273 funcionarios.
El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha justificado la decisión ante la situación de Derechos Humanos en Bielorrusia, así como por su apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania, informa la cadena ERR.
“Durante casi cinco años desde que se introdujeran las sanciones, no se han producido cambios positivos en Bielorrusia. No podemos ignorar la represión que sigue en marcha, por lo que las deben mantenerse indefinidamente”, ha explicado.
La lista publicada por el Ministerio de Exteriores del país báltico incluye a un total de 273 personas, entre ellos algunos familiares del presidente bielorruso, como su hijo Viktor Lukashenko, o el ministro de Exteriores, Maksim Rizhenkov, además de otros altos funcionarios, jueces, o miembros de las fuerzas del Estado.
Estas sanciones fueron emitidas por el Gobierno de Estonia por primera vez en 2020, con motivo de la represión del Estado bielorruso sobre las protestas por los resultados de las presidenciales de ese año.
Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento polaco (Sejm) prolongó este miércoles por segunda vez la suspensión temporal del derecho a solicitar asilo en determinadas zonas del país, que se aplica desde el pasado mes de marzo en parte de la frontera con Bielorrusia.
La medida se extenderá otros 60 días a partir del próximo 25 de julio, según se aprobó con los votos a favor de 381 diputados, mientras que 19 votaron en contra.
Durante el debate previo, el viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, argumentó que las bandas de traficantes y actores estatales como Bielorrusia y Rusia están instrumentalizando el derecho a solicitar asilo, según declaraciones citadas por la agencia polaca PAP.
Duszczyk señaló que la ruta migratoria de Europa oriental abarca dos vías activas, situadas en la frontera polaco-bielorrusa, una vía que se está desarrollando a través de las fronteras de Lituania y de Letonia, y una vía congelada, a través de Finlandia.
Por su parte, la diputada gubernamental Malgorzata Janyska aseguró que la suspensión temporal del derecho a solicitar asilo ha tenido un efecto claro, al reducir un 26 % los intentos de atravesar la frontera de manera irregular.
Junto con los partidos integrantes de la coalición de Gobierno encabezada por Plataforma Cívica (KO), respaldaron la medida también la oposición derechista, como el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y el ultraderechista Confederación.
El partido de izquierdas Juntos apeló por el contrario a “diferenciarse” de Bielorrusia y a “respetar e implementar los derechos humanos, incluido el derecho al asilo”.
Según datos del Gobierno polaco, hasta finales de junio se registraron este año 15.000 intentos de cruce fronterizo irregular, frente a 20.400 en el mismo periodo del año anterior.
La ley que regula la suspensión temporal del derecho a solicitar asilo establece que, si un representante de la autoridad cree necesario rechazar una petición de asilo para evitar la desestabilización de Polonia, podrá negarse a tramitarla durante un período de 60 días consecutivos.
Esta medida se suma a las ya existentes para proteger la frontera con Bielorrusia, como la barrera de acero de 5,5 metros de altura construida en 2022 y la implantación de una zona de exclusión en el tramo de la región de Podlaquia.
(Con información de EFE)
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