A nueve meses de los ataques del 7 de octubre de 2023, un nuevo informe sacude los cimientos de la respuesta internacional ante los crímenes cometidos ese día. Un grupo de mujeres juristas y expertas en género, reunidas bajo el nombre de Proyecto Dinah, concluyó que la violencia sexual de los milicianos de Hamas no fue un exceso circunstancial de la guerra, sino un arma aplicada de manera sistemática.
La investigación, titulada “En busca de justicia: 7 de octubre y más allá”, no se limita a registrar horrores. Su objetivo es más profundo: redefinir cómo el derecho internacional investiga, prueba y castiga los casos de violencia sexual relacionada con conflictos (VSRC). Las autoras —entre ellas la profesora Ruth Halperin-Kaddari, la coronel Sharon Zagagi-Pinhas y la jueza jubilada Nava Ben-Or— trabajaron sobre una premisa clara: que “la sexualidad, símbolo de vida y continuidad, fue atacada para sembrar muerte y destrucción colectiva”.
“Hamas utilizó la violencia sexual como arma táctica de guerra”, estableció el documento, citado por The Jerusalem Post.
Del horror al registro
El informe documenta lo ocurrido en al menos seis escenarios: el festival de música Nova, la Ruta 232, la base de Nahal Oz, y los kibutzim Re’im, Nir Oz y Kfar Aza. En todos los casos, los testimonios y la evidencia recopilada apuntan a un patrón: las agresiones sexuales fueron generalizadas, planificadas y orientadas a la deshumanización.
“Los ataques fueron todos dirigidos a una deshumanización total de los israelíes y de la sociedad israelí”, reza el informe. Según el medio israelí, los relatos recabados incluyen violaciones, violaciones en grupo, tortura sexual, humillación y amenazas de violencia sexual dentro y fuera del cautiverio.
Sin embargo, las pruebas tradicionales no alcanzan. Las autoras advirtieron que muchas víctimas murieron antes de poder declarar, y que quienes sobrevivieron se encuentran profundamente traumatizadas. “Los enfoques probatorios tradicionales no funcionarán”, afirmaron. Por eso propusieron un marco alternativo, que otorgue peso legal a testimonios circunstanciales, relatos de socorristas, imágenes visuales e incluso el contexto social del ataque.
Patrones, no excepciones
La piedra angular del informe es el reconocimiento de patrones. Según las expertas, para probar la sistematicidad de la violencia sexual, debe observarse la recurrencia de ciertos elementos en múltiples escenas del crimen. Y eso fue justamente lo que encontraron.
“El objetivo es reconocer la violencia sexual ocurrida el 7 de octubre como crímenes de lesa humanidad”, explicaron. De hecho, la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de arresto contra el comandante de las Brigadas al-Qassam, Mohammed Deif, acusándolo de violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Una verdad incómoda
En enero de este año, una misión de Naciones Unidas, encabezada por Pramila Patten, visitó Israel para investigar lo ocurrido. En marzo, el organismo publicó su primer informe formal sobre el tema, reconociendo “motivos razonables” para creer que hubo violencia sexual, aunque no logró probar su uso sistemático como táctica bélica. No obstante, en abril, un nuevo informe del Secretario General de la ONU fue más claro: vinculó directamente los ataques a Hamas, identificó patrones y delimitó seis zonas clave donde ocurrieron los crímenes.
A pesar de estos avances, queda un vacío importante: el de los abusos cometidos durante el cautiverio de los rehenes. El documento del Proyecto Dinah busca cerrar esa grieta. Testimonios de 15 personas que estuvieron secuestradas indicaron una gama de prácticas aberrantes: agresiones físicas, desnudez forzada, acoso sexual, amenazas de violación y “despojo de la identidad sexual y de género”.
Dos rehenes hombres contaron haber sufrido “humillación sexual” y uno de ellos fue obligado a permanecer desnudo durante el encierro. “La mayoría de las víctimas de primera mano fueron asesinadas, mientras que las que sobrevivieron estaban demasiado traumatizadas para contar la experiencia”, indicó el informe.
Justicia más allá del castigo
La propuesta del informe no se limita a buscar condenas penales. “La justicia para estos crímenes no consiste simplemente en castigar a los perpetradores. Se trata de reconocer el profundo daño infligido a las personas y las comunidades, establecer la verdad histórica y prevenir futuras atrocidades”, aseguraron las autoras.
Por eso insisten en dar más peso a las voces silenciadas: sobrevivientes, rescatistas, personal médico, y trabajadores de la base militar Shura, que funcionó como morgue improvisada tras la masacre.
“Hay una verdad que no debe ser relativizada ni tapada por el ruido político”, señaló el informe, que también realiza una advertencia clara: aunque se reconozca el sufrimiento en Gaza por las operaciones militares israelíes posteriores, esto no puede usarse para minimizar los crímenes sexuales del 7 de octubre. “La violencia sexual en tiempos de guerra no puede ser aceptable, justificable ni contingente al contexto.”
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