Elecciones, polarización e incertidumbre: el futuro de Corea del Sur tras la destitución de Yoon Suk-yeol

La decisión del Tribunal Constitucional de Corea del Sur de destituir formalmente al presidente Yoon Suk-yeol representa una nueva prueba para la democracia del país, en medio de una creciente polarización entre conservadores y liberales, agudizada tras la imposición de la ley marcial por parte del mandatario y su posterior juicio político.

El fallo, emitido este viernes, activa la convocatoria de elecciones presidenciales extraordinarias.

Aunque Yoon aún enfrenta cargos penales por rebelión, es poco probable que se mantenga al margen. Todo indica que intentará seguir influyendo en la agenda política, movilizando a sus seguidores más leales e incidiendo en la elección del próximo líder de su partido, que ha centrado sus esfuerzos en pedir su restitución.

¿Por qué fue destituido Yoon Suk-yeol?

Los ocho jueces actuales del Tribunal Constitucional votaron de forma unánime a favor de confirmar la moción de destitución y cesaron a Yoon como presidente.

La crisis constitucional estalló el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon declaró la ley marcial y desplegó tropas en la Asamblea Nacional. A pesar de la presencia de cientos de soldados y agentes de policía, los legisladores lograron ingresar al recinto y votaron por unanimidad la suspensión de la ley marcial pocas horas después.

El 14 de diciembre, la Asamblea —controlada por la oposición liberal— aprobó el juicio político contra Yoon y suspendió sus funciones presidenciales, acusándolo de violar la Constitución al declarar la ley marcial, movilizar tropas hacia el Parlamento y oficinas electorales, y ordenar la detención de sus opositores.

Según la Constitución surcoreana, la ley marcial solo puede aplicarse en tiempos de guerra o ante emergencias nacionales de gravedad.

Yoon alegó que su decisión fue necesaria para denunciar lo que calificó como un “partido opositor antiestado” que, según él, bloqueaba su agenda política mediante el abuso de su mayoría legislativa.

Sin embargo, incluso bajo un régimen de ley marcial, el presidente no tiene autoridad para cerrar el Parlamento. Poco después de la proclamación, el mando militar a cargo de la ley marcial emitió un decreto prohibiendo “todas las actividades políticas”, incluidas las del propio Parlamento.

Yoon ha sostenido que nunca tuvo la intención de inhabilitar a la Asamblea Nacional, y que el envío de tropas tenía como objetivo mantener el orden, no interrumpir la votación. También negó haber ordenado el arresto de líderes opositores.

Pero su versión fue contradicha por el testimonio de varios altos mandos militares y policiales, quienes describieron un intento deliberado —aunque mal ejecutado— de tomar el control del Parlamento.

Corea del Sur deberá elegir nuevo presidente en 60 días

El país tiene ahora un plazo de 60 días para celebrar elecciones presidenciales, en lo que podría convertirse en una de las votaciones más tensas desde la transición democrática en los años 80. La sociedad surcoreana está profundamente dividida en líneas ideológicas, y el escándalo legal de Yoon ha agudizado aún más esa fractura.

Sus seguidores conservadores llegaron incluso a protagonizar disturbios en el tribunal del distrito oeste de Seúl, que autorizó su arresto en enero.

Los abogados de Yoon y su partido han cuestionado públicamente la legitimidad del sistema judicial y de las fuerzas del orden. Además, el ahora ex mandatario ha expresado su desprecio hacia sus adversarios liberales y ha respaldado teorías conspirativas sobre fraude electoral para justificar su intento de concentración de poder.

Según analistas, las acciones de Yoon están alimentando una polarización tan severa que dificultan cualquier posibilidad de acuerdo político, y podrían minar la legitimidad de las elecciones al generar desconfianza en los resultados. Existe un alto riesgo de alteraciones durante la votación, lo que ha llevado a expertos como Kim Su-min, analista político y ex concejal de la ciudad de Gumi, a recomendar reforzar la seguridad en los centros de votación y conteo de votos.

“Si la gente empieza a rechazar cualquier resultado electoral que le sea desfavorable, el otro bando hará lo mismo”, advirtió Kim Tae-hyung, profesor en la Universidad Soongsil de Seúl. “Si ese ciclo se mantiene, la confianza en la democracia colapsará por completo”.

Yoon no se retirará en silencio

Fiel a su estilo combativo, Yoon difícilmente permanecerá en silencio. En las próximas semanas, podría movilizar a sus simpatizantes en las calles y tratar de afianzar su control sobre el Partido del Poder Popular, cuyo liderazgo sigue dominado por sus aliados y que ha visto repuntar su popularidad gracias a las demandas de restitución.

Enfrentando un juicio penal por rebelión —delito que podría ser castigado con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte—, Yoon tiene un fuerte interés en que un presidente conservador lo indulte en caso de ser condenado. Por ello, se espera que presione para que en las primarias de su partido se imponga un candidato afín, lo que podría convertir la próxima elección en una suerte de revancha frente a Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático, quien perdió por estrecho margen ante Yoon en 2022 y también enfrenta problemas legales.

El próximo presidente surcoreano enfrentará retos clave

Quien asuma la presidencia heredará un escenario complejo. La crisis provocada por el intento de Yoon de concentrar el poder y su destitución ha afectado las relaciones diplomáticas, dañado la economía y debilitado la capacidad de Corea del Sur para responder a aranceles y otros cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Según Paik Wooyeal, profesor en la Universidad Yonsei de Seúl, la alineación diplomática que prepara Trump para Corea del Sur y sus países vecinos podría estar definida antes de que el nuevo gobierno surcoreano asuma el poder, lo que limitaría la capacidad de Seúl para presentar su postura en negociaciones clave.

Yoon sigue enfrentando cargos penales

Yoon fue liberado en marzo después de que el Tribunal del Distrito Central de Seúl anulara su orden de arresto y permitiera que enfrentara el juicio en libertad. Sin embargo, como ex presidente, ha perdido los privilegios legales que lo protegían de ser procesado, salvo por delitos graves como la rebelión. Ahora, los fiscales pueden retomar otras investigaciones penales relacionadas con la declaración de ley marcial y pedir su detención nuevamente.

Expertos legales señalan que la decisión del Tribunal Constitucional podría aumentar las probabilidades de que Yoon sea condenado por los cargos de rebelión en su juicio actual.

Además de Yoon, también fueron arrestados e imputados su ministro de Defensa, el jefe de la Policía y otros altos mandos militares por su participación en la imposición de la ley marcial.

(Con información de The Associated Press)