El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, compareció este jueves ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl en la primera vista preliminar del juicio penal que enfrenta por insurrección, tras haber declarado la ley marcial en diciembre, un hecho que ha desencadenado una crisis política en el país.
Yoon, inhabilitado por el Parlamento nacional tras su decisión de imponer la ley marcial, sigue ocupando el cargo mientras el Tribunal Constitucional evalúa su posible destitución. Este mismo jueves, el Constitucional celebrará su décima y última audiencia antes de iniciar sus deliberaciones.
El juicio por insurrección es el único delito ante el que un presidente surcoreano no tiene inmunidad, lo que ha convertido a Yoon en el primer mandatario del país en ser juzgado penalmente mientras sigue en funciones.
La audiencia comenzó a las 10:00 hora local (1:00 GMT) con el objetivo de definir los hechos en disputa y planificar los procedimientos futuros. Aunque la ley surcoreana no exige la presencia del acusado en esta etapa preliminar, Yoon decidió acudir.
Vestido con traje negro y corbata roja, el presidente ingresó al tribunal bajo un fuerte despliegue de seguridad, según reportó la agencia Yonhap.
Los abogados del mandatario señalaron que aún están revisando los registros del caso y que su postura será expuesta en próximas audiencias. El tribunal ha programado otra vista preliminar, aunque sin fecha definida.
Solicitud de liberación y fuerte dispositivo policial
En paralelo al juicio, el tribunal comenzó a analizar una solicitud del equipo legal de Yoon para anular su arresto. Su abogado, Yun Gap-geun, argumentó que la detención del presidente es ilegal y confió en que el juez “tome una decisión sensata”, asegurando que su cliente cooperará con el proceso.
Para evitar incidentes, la policía movilizó 3.200 agentes en los alrededores del tribunal, instalando barreras y autobuses como cordón de seguridad. La medida responde a los disturbios provocados por seguidores de Yoon, quienes vandalizaron otro tribunal tras su arresto.
Yoon Suk-yeol permanece detenido desde el 15 de enero, acusado de insurrección por haber declarado brevemente la ley marcial en diciembre.
En Corea del Sur, este delito se castiga con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última se encuentra en moratoria desde 1997.
La acusación
En cuanto a la acusación, la misma sostiene que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon fue un intento ilegal de cerrar la Asamblea Nacional y arrestar a políticos y autoridades electorales.
El presidente ha defendido su decisión, argumentando que la medida pretendía ser “una advertencia temporal” a la oposición liberal y que planeaba respetar la voluntad de los legisladores si estos votaban a favor de levantar la medida.
La ley marcial se levantó seis horas después de haber sido declarada, pero provocó una fuerte crisis política, afectó la diplomacia de alto nivel y puso a prueba la estabilidad democrática del país.
El arresto de Yoon, autorizado el mes pasado por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, desató protestas de sus seguidores, quienes irrumpieron en la sede del tribunal.
En cuanto a su postura, Yoon se ha mantenido en una posición desafiante, expresando su desprecio hacia sus adversarios políticos y respaldando teorías no verificadas sobre fraude electoral para justificar su decisión de imponer la ley marcial.
Además del presidente, varios altos funcionarios de su gobierno también fueron arrestados, incluidos el ministro de Defensa, el jefe de policía y varios comandantes militares, acusados de rebelión, abuso de poder y otros delitos.
Mientras avanza el juicio penal, el Tribunal Constitucional decidirá en las próximas semanas si ratifica su destitución, en un fallo que podría marcar un hito en la política surcoreana.
(Con información de EFE y AP)
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