El régimen de China ha intensificado los esfuerzos para frenar posibles actos violentos y sofocar el descontento social tras una serie de ataques masivos que han generado preocupación por la seguridad pública, según informes oficiales.
En las últimas semanas, se han desplegado policías armados frente a escuelas, acompañado de la instalación de bolardos para impedir el ingreso de vehículos en zonas peatonales. Asimismo, se han incrementado las patrullas policiales en supermercados, sitios turísticos y otros espacios concurridos. Paralelamente, las autoridades han anunciado la regulación estricta de armas blancas y otros instrumentos peligrosos. También se han prometido ayudas para los desempleados y subsidios festivos destinados a las personas más necesitadas.
La iniciativa de seguridad, conocida en algunas regiones como “Operación Invierno”, llega después de una serie de ataques que resaltaron las tensiones económicas del país. En noviembre, un conductor embistió a una multitud frente a un centro deportivo en la ciudad de Zhuhai, causando la muerte de al menos 35 personas en el ataque más mortal de China en una década. Días después, un apuñalamiento dejó ocho muertos y otro ataque con vehículo frente a una escuela agravó las alarmas. Según las autoridades, los responsables actuaron motivados por frustraciones financieras.
El presidente chino, Xi Jinping, ordenó tras el ataque en Zhuhai a los funcionarios “prevenir estrictamente casos extremos”. En respuesta, los gobiernos locales han implementado medidas contundentes. Los responsables de los dos atropellos masivos fueron condenados a muerte en juicios rápidos, lo que refleja la determinación del gobierno para disuadir posibles imitadores.
Descontento social y tensiones económicas
El Partido Comunista Chino ha priorizado históricamente la estabilidad como base de su legitimidad, especialmente en momentos de incertidumbre económica. La combinación de un desempleo juvenil elevado, ejecuciones hipotecarias crecientes y relaciones internacionales tensas ha alimentado una sensación generalizada de ansiedad en el país. Además, algunos empleados públicos no han recibido sus salarios debido a la precariedad financiera de los gobiernos locales.
Según un informe de Freedom House, los casos de protestas públicas relacionadas con problemas económicos, como la pérdida de inversiones o el impago de salarios, aumentaron un 18 % en los primeros once meses de 2024 en comparación con el año anterior.
Sin embargo, en lugar de fortalecer la red de protección social o implementar reformas económicas significativas, el gobierno ha optado por tácticas represivas para abordar las quejas de la población. Un aviso emitido el 27 de diciembre por el gobierno central instó a realizar “investigaciones exhaustivas sobre conflictos y riesgos ocultos”, intensificando la vigilancia en espacios públicos y la censura en redes sociales.
En algunas ciudades, como Yinchuan y Yancheng, la policía ha llevado a cabo investigaciones en escuelas para detectar posibles casos de acoso o conflictos, así como inspecciones en bares, viviendas de alquiler y hoteles para identificar a individuos considerados “problemáticos”. En reuniones locales, los ciudadanos han sido alentados a reportar disputas o conflictos en sus comunidades.
Las directrices para mantener la estabilidad durante la temporada festiva han sido más específicas este año, destacando lugares como campus universitarios y estadios deportivos, e instruyendo a los funcionarios a supervisar la opinión pública y promover “orientación positiva”.
No obstante, las discusiones en torno a los ataques y las tensiones económicas han sido censuradas en gran medida, mientras que familiares de las víctimas han sido impedidos de hablar con la prensa.
Límites a las reformas y perspectivas inciertas
Aunque algunos economistas y comentaristas han sugerido medidas para mejorar la confianza de los consumidores y proteger a los ciudadanos frente a las dificultades económicas, el gobierno ha mantenido un enfoque moderado. Se han anunciado esfuerzos para combatir los impagos salariales a trabajadores migrantes y otorgar ayudas a personas sin hogar o con discapacidades. Además, en enero, funcionarios públicos en distintas partes del país recibieron inesperadamente aumentos salariales, aunque sin un anuncio oficial al respecto.
Sin embargo, muchas peticiones de reformas más amplias han sido censuradas. Críticos como Li Chengpeng, ex periodista chino residente en el extranjero, han señalado que en lugar de investigar las causas profundas de los ataques, el gobierno se ha centrado en vigilar a personas que han sufrido pérdidas económicas.
El panorama futuro es incierto. De acuerdo con Hongshen Zhu, profesor de la Universidad Lingnan de Hong Kong, las medidas de seguridad podrían debilitarse debido a las limitaciones presupuestarias de los gobiernos locales. “Mientras no ocurran nuevos incidentes, la prioridad de la seguridad pública disminuirá hasta que surja otra crisis”, advirtió.
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