
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó este viernes una acción de protección ante la Justicia para suspender los efectos de dos decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa, en los que designa a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, como vicepresidenta encargada y le delega facultades presidenciales.
Esta medida judicial se produce en medio de un intenso enfrentamiento político entre Abad y Noboa, que ha escalado desde la campaña electoral de 2023. Abad sostiene que le corresponde asumir las funciones presidenciales durante la licencia de tres días solicitada por Noboa para hacer campaña electoral de cara a los comicios del 9 de febrero, donde busca su reelección.
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Sin embargo, el Gobierno rechaza esta posibilidad y ha emitido los decretos que la vicepresidenta impugna.

Contexto de los decretos presidenciales
El conflicto se intensificó en diciembre pasado, cuando Noboa designó a Abad como consejera en la Embajada de Turquía. Según el Ejecutivo, al no presentarse en Ankara el pasado 27 de diciembre, Abad habría incurrido en “ausencia temporal”.
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En consecuencia, el mandatario nombró inicialmente a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta temporal, y días después encargó esta función a Gellibert por razones de salud de Moya.
Con Gellibert en el cargo, Noboa emitió un decreto encargándole la Presidencia mientras él realizaba actividades de campaña. Esta decisión ha sido cuestionada por abogados, académicos y opositores, quienes aseguran que carece de base legal.
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También provocó la reacción de la Asamblea Nacional, que devolvió al presidente el documento donde se notificaba su licencia y afirmó que Abad debía asumir la Presidencia según la Constitución.

Detalles de la acción de protección
Dominique Dávila, abogada de Abad, explicó que la acción legal busca que la Justicia apruebe medidas cautelares para suspender los efectos de los decretos, especialmente el que designa a Gellibert como presidenta encargada, debido a que, aunque la Asamblea Nacional lo rechazó, “sus efectos están vigentes”.
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Abad busca que se reconozca que dichas decisiones vulneraron sus derechos políticos, su dignidad y el principio de no discriminación. Además, sostiene que estas acciones implican un trato desigual y una degradación de su cargo como vicepresidenta.
“Como ustedes conocen, el país ha tenido ya dos vicepresidentas en menos de un mes, pero es curioso que cuando la ley establece que estas vicepresidentas tienen que ser ministras ninguna de ellas cumpla con ese requisito y, peor aún, no se las ha enviado a Turquía, como se ha enviado la señora vicepresidenta”, explicó Dávila.
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Además de estos decretos, Abad ha impugnado tres decretos anteriores que le asignaron funciones diplomáticas, incluido su nombramiento como embajadora en Israel en noviembre de 2023.

Acusaciones de “golpe de Estado”
La vicepresidenta Abad afirmó haber sido víctima de una “brutal persecución que tiene un solo objetivo: tomar por la fuerza el poder”. Estas declaraciones se dieron luego de que calificara como un “golpe de Estado” la decisión del presidente Noboa de delegar la Presidencia a Gellibert el jueves.
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En diciembre pasado, pese a que la Justicia revocó la suspensión de cinco meses dictada por el Ministerio de Trabajo, a Abad se le impidió asumir la Vicepresidencia. Ante esta situación, la funcionaria expresó: “Yo estoy preparada para reemplazar al presidente en democracia y conforme a la Constitución, pero me han impedido por la fuerza asumir inclusive mi despacho vicepresidencial”.
La sanción de cinco meses impuesta a la vicepresidenta Abad se fundamentó en la acusación de que no se trasladó a tiempo desde Israel a Ankara durante un período de escalada de tensiones en Oriente Medio.
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El conflicto entre Noboa y Abad se remonta a la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023. Al asumir sus respectivos cargos, Noboa envió a Abad como embajadora a Israel con el encargo de buscar la paz entre israelíes y palestinos, una misión que derivó en nuevas tensiones debido a las acusaciones de incumplimiento de funciones.
La fecha para la audiencia de la acción de protección aún no ha sido definida, pero se espera que la disputa marque un nuevo episodio en la pugna política entre ambos líderes en un año electoral clave para el país.
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(Con información de EFE)
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