El régimen de Irán ejecutó este domingo a al menos once personas en distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.
Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios, y forman parte de una campaña cada vez más agresiva por parte de las autoridades iraníes en su intento de disuadir el crimen y consolidar el control interno.
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El gobierno confirmó tres ejecuciones en las prisiones de Yasuj y Tabriz, entre ellas la de Saman Karimi, un joven de 25 años originario de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien había sido condenado por homicidio premeditado hace dos años. Fue ejecutado en la prisión central de Yasuj, en un caso que ha despertado especial interés al tratarse de una condena por asesinato que, según activistas y Human Rights Monitor (HRM), tuvo irregularidades en su proceso judicial.
Por su parte, en la prisión central de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de aproximadamente 45 años, ambos condenados por delitos de drogas. Khani, una trabajadora de un taller de costura antes de su arresto, había estado encarcelada durante cuatro años, acusada de tráfico de drogas, mientras que Babaei había estado bajo custodia durante más de dos años y medio antes de su ejecución.
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En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años residente en Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Este tipo de ejecución contra un extranjero también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que Papalzehi habría sido condenado en un proceso cuestionado por su falta de garantías legales, aseguró HRM.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos de delitos de drogas. A pesar de la creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, Irán continúa empleándola de manera regular, ubicándose entre los países con mayor índice de ejecuciones del mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, utilizada con frecuencia contra minorías y personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de garantías y justicia en el sistema judicial iraní.
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La condena de una activista política kurda
En las últimas horas condenó a pena de muerte a la activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
“Varishe Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, ha sido condenada a muerte hoy”, informó este domingo la cuenta de X de la encarcelada premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, gestionada por su familia.
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El mensaje destacó que Moradi recientemente realizó una huelga de hambre que duró 20 días, en protesta, precisamente, por las sentencias de muerte dictadas contra activistas.
Según algunas ONG proderechos humanos kurdo-iraníes, la sesión final en la que se abordaron los cargos contra la activista encarcelada en la prisión de Evin de Teherán tuvo lugar el 6 de octubre y la sentencia ha sido notificada este domingo a sus abogados por la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán.
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Sin embargo, no se precisa la razón por la que Moradi ha sido acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
La activista kurda fue detenida el 1 de agosto de 2023, mientras viajaba de la ciudad de Marivan a Sanandaj, y desde agosto del año pasado se encuentra en la prisión de Evin. Su trabajo incluye proyectos comunitarios enfocados en la transformación social, a menudo en conflicto con la postura del régimen iraní sobre los derechos de las mujeres y la autonomía kurda.
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