La CPI acusó a Mongolia de no cumplir con sus obligaciones al permitir la visita de Putin

Los magistrados de la Corte Penal Internacional acusaron este jueves a Mongolia de faltar a sus obligaciones a principios de septiembre, cuando recibió al presidente Vladimir Putin en su territorio, a pesar de la orden de arresto en su contra, y presentaron una denuncia ante la Asamblea de Estados Partes, órgano legislativo y de supervisión del máximo tribunal.

Específicamente, la Sala de Cuestiones Preliminares señaló en el documento que las autoridades mongolas “no cumplieron con la solicitud de cooperación” establecida en el artículo 86 del Estatuto de Roma “al no arrestar a Putin mientras se encontraba en su territorio y entregárselo a la Corte”, lo que le impidió ejercer “sus funciones y poderes”.

“La Corte desempeña funciones de manera independiente de la intervención estatal, que están alineadas con los intereses generales de la comunidad internacional, ejerciendo jurisdicción sobre los crímenes internacionales más graves, que incluyen violaciones graves de las normas fundamentales del derecho internacional”, por lo que “en vista de la gravedad del incumplimiento de Mongolia de cooperar con la Corte, la Sala consideró necesario remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes”, indica la denuncia.

En ese sentido, recordó que tanto Mongolia como el resto de los más de 100 países que suscribieron el Estatuto, “tienen la obligación de arrestar y entregar a los individuos sujetos a órdenes de arresto de la CPI, independientemente de su posición oficial o nacionalidad”.

Desde marzo de 2023, la Corte mantiene vigente una orden de aprehensión sobre el Presidente y su comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, a quienes se acusa de deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos, en el marco de la guerra. La denuncia por este delito, considerado un crimen de guerra, ha impedido al líder del Kremlin viajar a una larga lista de países que, por adherir a la CPI, deberían proceder con su arresto, de darse su presencia en el territorio.

Tal fue el caso de Sudáfrica, que organizó la cumbre de los BRICS ese mismo año y solicitó a Moscú una intervención por video del mandatario, para evitar tener que detenerlo. “Para nosotros, que no venga es la mejor solución”, dijo entonces el vicepresidente Paul Mashatile.

También, la última semana, Putin debió cancelar su presencia en la cumbre del G20 que se celebrará en Brasil en noviembre, por temor a que la orden se ponga en práctica. A pesar de que el ruso descartó que la decisión estuviese relacionada a algún riesgo contra su libertad y, por el contrario, aseguró que se debe a que su asistencia “perturbaría el trabajo” del bloque, lo cierto es que Lula da Silva no le brindó garantías suficientes para poder embarcarse en un viaje que podría costarle caro.

Sin embargo, distinto fue el caso de Mongolia, que también es un Estado miembro de la Corte, y que omitió aprehender al mandatario durante su visita.

Putin llegó a Ulán Bator el 2 de septiembre por la noche y fue recibido con guardias de honor, alfombras rojas y los himnos nacionales sonando en el fondo, en una señal de los estrechos vínculos que las naciones mantienen. Inclusive, durante su estadía, el presidente Ukhnaagiin Khurelsukh expresó su “gratitud” a su homólogo y planteó “formas de mejorar la cooperación en asuntos económicos”.

En los días previos, la CPI había pedido la cooperación del Gobierno, advirtiendo que, en caso contrario, los jueces podrían “emitir una constatación en este sentido” y adoptar “las medidas que consideren apropiadas”, tal como ocurrió en las últimas horas.

(Con información de EFE y Europa Press)