El Líbano vive desde hace cuatro años la crisis social y económica más grave desde la guerra civil (1975-90). Esta semana se profundizó con un parlamento que no logró sacar una ley de control de capitales y la creación de un fondo soberano que podría destrabar un préstamo fundamental del FMI. El país no tiene presidente desde octubre de 2022. Y el Hezbollah, el partido militar financiado por Irán, hace como si nada sucediera mientras se prepara para una nueva guerra con Israel.
La traba en el parlamento ahora está planteada por los partidos cristianos que se niegan a tratar cualquier ley antes de que se elija un nuevo presidente. El Movimiento Patriótico Libre y las Fuerzas Libanesas creen que el Parlamento debe convertirse en un órgano electoral y reunirse sólo para elegir a un nuevo jefe de Estado. Es la doceava vez que se reúnen los parlamentarios desde octubre de 2022 para elegir al sucesor del ex jefe de Estado, Michel Aoun, mientras se agudizan las tensiones sectarias y se ensombrece aún más las perspectivas de evitar un colapso del Estado.
De acuerdo a la división de poderes entre las diferentes facciones religiosas y políticas del país, el presidente debe ser un cristiano maronita. El poderoso partido militar shiíta Hezbollah y sus aliados habían frustrado la anterior sesión cuando las facciones cristianas, entre ellas algunas como la de Gebran Bassil que era hasta ese momento su aliada, intentaron imponer la candidatura a la presidencia de Jihad Azour, un ex ministro de economía y actual director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Oriente Medio. Ni Azour ni el candidato apoyado por los shiítas, Suleiman Frangieh, estuvieron cerca de conseguir los 86 votos necesarios para ganar en la primera vuelta.
La nominación para la presidencia de Frangieh, un amigo íntimo del dictador sirio Bashar al Assad y con conexiones muy estrechas con los máximos líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, rompe el frágil equilibrio de poder libanés. Según la Constitución, el presidente debe ser un cristiano maronita, independientemente del partido político, el Primer Ministro, un musulmán sunita, y el presidente del parlamento, un musulmán shiíta. Los musulmanes disputan esta fórmula desde hace décadas porque está basada en un censo de 1932 y nunca se pudo modificar. En ese momento, los cristianos maronitas conformaban la mayoría de la población libanesa. Ahora, los cristianos suponen un 40% del total de los libaneses y los musulmanes un 60%, divididos entre shiítas (27%), sunitas (24%) y drusos (5%).
La candidatura de Jihad Azour, 57, tampoco está exenta de polémica. Fue ministro de Finanzas de 2005 a 2008, un periodo de conflicto político que enfrentó a un gobierno respaldado por Occidente y Arabia Saudita con los opositores alineados con Siria y liderados por Hezbollah. Esa crisis culminó en un enfrentamiento armado en 2008, en el que las milicias del Hezbollah se apoderaron de gran parte de Beirut. Ahora, su candidatura aparece enganchada a un nuevo acuerdo con el FMI del que él es hoy el representante para Medio Oriente. Hezbollah lo acusa de ser un agente de la CIA y la máxima autoridad religiosa shiíta, el muftí Ahmad Qabalan, dice que Azour está respaldado por Israel y que “no se permitirá un presidente con sello estadounidense”.
En el medio de la disputa se encuentra un proyecto de ley sobre el control de capitales, que limita el flujo de capital extranjero que entra y sale del país. Este es uno de los requisitos previos de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desbloquear miles de millones de dólares en préstamos y sacar al Líbano de su pronunciada crisis financiera que persiste desde hace cuatro años.
Los depósitos están limitados por un corralito, el término acuñado en la crisis argentina del 2001 y que se adoptó en El Líbano. Debido a la escasez de dólares, los bancos aplicaron límites drásticos y discrecionales a las transferencias y retiros de fondos para los ahorristas. Los libaneses denuncian que las restricciones no son para todos por igual y que los poderosos empresarios siguen operando sin problemas y sacando todos sus dividendos fuera del país. Entre los economistas hay consenso en que el control de capitales es la única forma de garantizar una distribución justa de los activos en divisas que quedan en la economía. Esa medida está en la hoja de ruta de las reformas del nuevo director del banco central libanés, Wassim Mansouri, que asumió el 31 de julio. Desde el inicio de la crisis fueron propuestas varias versiones de la ley de control de capitales, pero nunca se aprobaron a pesar de la disminución casi total de las reservas del Banco Central.
El proyecto de ley adjunto sobre fondos soberanos propicia la creación de un fondo de inversión estatal que posee y gestiona activos financieros en nombre del gobierno al estilo de los países escandinavos. Su creación fue aprobada el 31 de julio por la comisión de Finanzas y Presupuesto del Parlamento, pero desde entonces no se consigue el tratamiento en el pleno. Y tampoco está exento de controversias. Está relacionado con la prospección de petróleo y gas en el denominado “Bloque 9″ de una zona económica exclusiva dirigida por la empresa francesa TotalEnergies y que se creó por un acuerdo, con mediación estadounidense, que en octubre de 2022 delimitó las disputadas fronteras marítimas entre Líbano e Israel. El martes pasado llegó a esa zona la plataforma de perforación para comenzar la exploración de petróleo y gas, aunque aún no hay garantías de que se encuentren en cantidades suficientes para hacerlo sustentable.
A la incertidumbre económica hay que sumarle la perspectiva de una nueva guerra. A raíz de un accidente se supo que el Hezbollah se está rearmando. Un camión que transportaba un cargamento importante de armas y explosivos volcó cuando pasaba por el pueblo cristiano de Kahaleh, cerca de Beirut. Cuando los lugareños vieron la situación comenzaron a arrojar piedras contra los guardias del convoy que a su vez dispararon contra los civiles desarmados. Hay un hartazgo general con el accionar militarista de la facción shiíta y su total obediencia a las posturas iraníes. Todavía está muy fresca en la memoria la terrible explosión de un depósito de nitrato de amonio que el Hezbollah mantenía en forma clandestina en el puerto de Beirut y que en agosto de 2020 destruyó barrios enteros habitados mayoritariamente por cristianos matando a más de 200 personas. A esto se le sumó otro episodio ocurrido en octubre de 2021 cuando milicianos del Hezbollah y sus aliados de la facción Amal intentaron acallar las investigaciones sobre la explosión del puerto provocando otra masacre. Ahora, los cristianos están convencidos de que el Hezbollah estaba transportando las armas en preparación para una nueva guerra con Israel.
Ante la incertidumbre y la frustración, los libaneses vuelven a buscar una solución que provenga desde el exterior como ocurrió ya en diversas situaciones históricas, incluido el acuerdo de 1989 con mediación de Arabia Saudita que puso fin a la guerra civil. Ahora vuelve a sonar la posibilidad de que el gobierno de Riad sea el anfitrión de unas negociaciones. El acercamiento entre los sauditas y los iraníes en los últimos meses podrían aceitar esas conversaciones. Mientras que se espera para la próxima semana un enviado especial del presidente francés, Emmanuel Macron, que tiene prevista una ronda de charlas con todas las facciones en conflicto.
El Líbano es desde hace décadas un laboratorio de ideas y proyectos para todo Medio Oriente. Su desestabilización afecta a toda la región y muestra la enorme dispersión existente en el planeta. La Era de la Incertidumbre está plenamente instalada en la tierra de los fenicios y los cedros.
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