Los ucranianos que viven en las regiones ocupadas por el ejército ruso en Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia corren el riesgo de ser deportados de sus propios hogares en violación del derecho internacional si no aceptan la ciudadanía rusa, denunció este martes Human Rights Watch (HRW).
Así lo dictaminó un decreto promulgado el pasado 27 de abril por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que busca deportar a los habitantes ucranianos de las cuatro regiones ucranianas anexionadas ilegalmente en septiembre de 2022.
“El decreto es el siguiente paso del proceso acelerado de ‘pasaporte’ que Rusia implementó para los residentes de los territorios ocupados de Ucrania desde febrero de 2022. Aquellos que dudan en solicitar un pasaporte ruso caen rápidamente bajo el escrutinio de las autoridades de ocupación. Al igual que en Crimea después de la ocupación rusa en 2014, pueden esperar sufrir amenazas y enfrentar discriminación, incluso en el acceso a la atención médica o los servicios sociales”, señaló HRW en un informe.
La organización de derechos humanos denunció que un habitante ucraniano en el distrito de Tokmak fue hostigado por soldados rusos, quienes fueron a sus casa unas seis veces. En una de esas visitas, registraron su hogar y tomaron los teléfonos móviles de sus familiares para un supuesto “control de seguridad”.
“Preguntaron por qué no hemos solicitado el pasaporte ruso”, dijo el ucraniano.
Por su parte, Hanna denunció que las tropas rusas han amenazado de forma constante a su familia, que vive en la ciudad de Melitopol.
“Una autoridad rusa les dijo que si no sacan los pasaportes, sus tierras serán confiscadas y toda la familia, incluidos los niños pequeños, será deportados”, dijo Hanna.
De acuerdo con una investigación de HRW, las autoridades rusas en los territorios ocupados tienen listas de personas que consideran “no confiables”. La mayoría incluyen a quienes no han solicitado la ciudadanía rusa (pasaporte) o no se han registrado para recibir beneficios sociales.
“Durante meses, Rusia ha estado impulsando sus esfuerzos de reconstrucción en la ciudad de Mariupol, que ha sufrido una destrucción considerable a causa de la guerra. Liudmila, cuyo departamento resultó gravemente dañado durante los combates en marzo de 2022, dijo que el dinero y los materiales para los trabajos de reparación solo se entregan al propietario si puede presentar un pasaporte ruso”, denunció HRW.
La ONG señala que Rusia, como potencia ocupante, está obligada a cumplir con el derecho internacional humanitario. Además, Moscú debe respetar las leyes vigentes y recordó que no tiene soberanía sobre el territorio ocupado.
“Los civiles de los territorios ocupados conservan todas las protecciones previstas por el derecho internacional y no pueden ser obligados a renunciar a sus derechos. Rusia tiene obligaciones legales internacionales para garantizar que se protejan los derechos de todos en el territorio ocupado”, recalcó HRW.
Según el Ministerio del Interior de Rusia, más de dos millones de extranjeros, principalmente oriundos de antiguas repúblicas soviéticas, obtuvieron la ciudadanía rusa en los últimos tres años.
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