El régimen de Irán ejecutó el miércoles a un militante kurdo que había sido condenado por matar a un oficial de policía, un caso condenado por grupos de derechos humanos que lo llamaron preso político.
“Arash Ahmadi, también conocido como Sarkot, miembro del grupo terrorista Komala, fue ejecutado esta mañana”, dijo la televisión estatal iraní.
Dijo que Ahmadi, de 29 años, había asesinado al mayor de policía Hassan Maleki en Ravansar, una ciudad en la provincia occidental de Kermanshah, en agosto de 2018.
El canal mostró videos de Ahmadi “confesando” que había estado detrás del ataque.
Dichos videos son comunes en Irán y con frecuencia son condenados por grupos de derechos, argumentando que las confesiones a menudo son forzadas y el resultado de la tortura.
Los grupos de derechos humanos con sede en el extranjero dijeron que Ahmadi fue arrestado a principios de 2021 cuando intentaba huir por tierra a Europa después de ser condenado por el asesinato. Siempre había negado los cargos.
Ahmadi fue ahorcado el miércoles por la mañana en una prisión en la ciudad occidental de Kermanshah, dijeron en declaraciones separadas el grupo de Derechos Humanos de Irán (IHR) con sede en Noruega, el grupo Hengaw centrado en los kurdos y la Red de Derechos Humanos de Kurdistán con sede en París.
La ejecución se llevó a cabo en secreto sin que su familia fuera notificada con anticipación, agregaron.
El activista político había sido miembro del partido político kurdo Komala, que presiona por una mayor autonomía para la minoría kurda de Irán, pero Teherán lo prohíbe como grupo terrorista.
El militante pasó algún tiempo en el vecino Irak, donde se encuentra el liderazgo de Komala, antes de regresar a Irán, dijeron los grupos de derechos humanos.
“La ejecución de este preso político kurdo se llevó a cabo sin notificar a la familia y sin realizar una última reunión”, dijo IHR.
La Red de Derechos Humanos de Kurdistán dijo, citando a familiares, que Ahmadi había sido “sometido a severas torturas para aceptar las acusaciones en su contra y hacer confesiones forzadas”.
Irán ejecuta a más convictos cada año que cualquier otra nación que no sea China, según grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.
Los activistas también han acusado a Teherán de utilizar la pena de muerte como arma para reprimir las protestas que estallaron tras la muerte de la kurdo-iraní Mahsa Amini, que había sido detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de las mujeres.
El régimen iraní ya ejecutó a cuatro hombres por cargos relacionados con las protestas, mientras que IHR dice que 87 personas han sido ejecutadas hasta ahora solo en 2023.
Amnistía dijo el miércoles que las autoridades iraníes habían “desaparecido por la fuerza” a cuatro disidentes kurdos vinculados a Komala que ahora corrían “grave riesgo” de juicios injustos por cargos que conllevan la pena de muerte.
Los cuatro hombres, Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad Faramarzi y Mohsen Mazloum, fueron arrestados en julio de 2022 y se cree que enfrentan cargos de espionaje y terrorismo.
Amnistía acusó a Irán de “ocultar su destino y paradero a sus familias y abogados desde sus arrestos”.
Con información de AFP
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