El fiscal general del Líbano ordenó este miércoles la libertad de todos los sospechosos detenidos por la mortífera explosión en el puerto de Beirut en 2020, de acuerdo a lo indicado por el abogado de dos presos y funcionarios judiciales.
“Hemos decidido liberar, sin excepción, a todos los detenidos en el caso de la explosión del puerto de Beirut y prohibirles que viajen, poniéndoles a disposición del Consejo Judicial en caso de que éste se reúna e informando a quien sea necesario”, reza una notificación firmada por el fiscal Ghassan Oweidat.
Esta decisión representa un nuevo revés para la investigación, paralizada desde hace años. La investigación amenaza a la elite gobernante, plagada de corrupción e ineficiencia, que ha precipitado al país a una crisis económica sin precedentes.
El lunes, el juez Tarek Bitar reanudó la investigación, detenida durante 13 meses por recursos legales presentados por los políticos acusados, incluido el fiscal general. También llamó a declarar al ex primer ministro Hassan Diab y dos altos mandos libaneses.
Sin embargo, la Fiscalía considera que Bitar todavía “tiene las manos atadas” en el caso de la explosión, por lo que el proceso no cuenta con un magistrado que pueda decidir sobre los recursos presentados por las personas detenidas “desde hace más de un año” en su marco, según la notificación emitida hoy.
Diecisiete personas se encuentran con prisión preventiva desde la enorme explosión del 4 de agosto de 2020. Cientos de toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en fertilizantes, se detonaron en el puerto, con un saldo de 218 muertos, más de 6.000 heridos y la destrucción de gran parte de la capital.
Oweidat decidió ordenar la liberación de los sospechosos amparándose en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que defiende el derecho de los detenidos a la libertad. “Cualquiera que sea detenido por un cargo criminal debe ser llevado inmediatamente ante un juez u otro oficial autorizado por la ley para ejercer el poder judicial, y debe tener derecho a un juicio en un plazo razonable de tiempo o ser liberado”, reza el pacto adoptado por la ONU en 1966.
El abogado Sakher El Hachem, quien defiende a dos de los detenidos, dijo a la agencia AP que recibieron la confirmación en consultas a funcionarios judiciales y que sus defendidos quedarían en libertad en las próximas horas.
Los funcionarios añadieron que Oweidat, quien desafió la decisión de Bitar de reanudar la investigación, presentará cargos en su contra. Hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
Bitar, el segundo juez que dirige la investigación, ha acusado a una decena de altos funcionarios políticos, policiales y portuarios. El lunes ordenó la libertad de cinco de los 17 detenidos y acusó a ocho funcionarios, entre ellos el mayor general Abbas Ibrahim y el mayor general Tony Saliba, ambos de la inteligencia militar, así como a Oweidat.
El juez convocó al menos a 14 políticos y funcionarios judiciales, de seguridad y de aduanas para responder a interrogatorios durante febrero. Desde el inicio de la investigación, varios altos funcionarios se han negado a presentarse a los interrogatorios.
Bitar se hizo cargo de la investigación tras la remoción en febrero de 2021 del juez Fadi Sawwan, acusado de prejuicios por dos ministros del gabinete. La remoción de Bitar podría significar el fin del proceso.
Diversas organizaciones por los derechos humanos han acusado a ex altos cargos sospechosos de obstruir la investigación de la explosión, y han llamado a abrir una pesquisa internacional ante la falta de avances en el proceso doméstico transcurridos dos años y medio de la tragedia.
(Con información de AP y EFE)
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