El régimen de Irán superó las 500 ejecuciones en 2022, el año más letal del último lustro

El régimen iraní ejecutó en lo que va de año a más de 500 personas, según el recuento elaborado por la ONG Iran Human Rights (IHR), con lo que 2022 supera a los cinco años anteriores en ejecuciones de la pena capital.

El grupo denunció, además, que la mitad de los abatidos del mes pasado eran de la minoría baluche. En todo el año, dicha etnia representó el 30% de las ejecuciones, pese a que son menos del 6% de la población de Irán.

IHR denunció esta práctica “cruel e inhumana” y criticó el asesinato de presos políticos por delitos relacionados con la seguridad, ya que supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este domingo, las fuerzas represoras de Irán ahorcaron a cuatro personas condenadas a muerte por colaborar con el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, uno de los principales enemigos de Irán.

En un juicio que no fue público y cuyas pruebas no trascendieron, el Tribunal Supremo consideró que los cuatro acusados, Hosein Ordukhanzadeh, Shahin Imani Mahmudabad, Milad Ashrafi y Manuchehr Shahbandi Bejandi, formaban parte de “una red que bajo la dirección de los oficiales de inteligencia del régimen sionista (Israel), realizaban secuestros armados” y recibían el pago por sus trabajos en “monedas digitales”, informó la agencia de noticias del Poder Judicial iraní, Mizan.

Sus miembros fueron arrestados con la cooperación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia de Irán, explicó el citado medio.

Irán anuncia ocasionalmente la detención de personas que, según dice, espían para países extranjeros, incluidos Estados Unidos e Israel. El régimen persa no reconoce a Israel y apoya a grupos terroristas antiisraelíes en toda la región, como Hezbollah y Hamas.

Según las estadísticas que maneja la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, Irán es, con más de 400 ahorcamientos al año, uno de los cinco países del mundo que más penas capitales ejecuta, junto a China y Arabia Saudita.

Las ejecuciones se producen en un momento de gran tensión en Irán, tras más de dos meses de protestas desencadenadas por la muerte en prisión de Mahsa Amini. Miles de personas han sido detenidas, entre ellas unos 40 extranjeros.

Irán acusa a Estados Unidos y a sus aliados, entre ellos Gran Bretaña, Israel y grupos kurdos radicados fuera del país, de fomentar la violencia callejera que el gobierno califica de “disturbios”.

La justicia iraní ya ha confirmado seis condenas a muerte por las protestas, y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que, según los informes oficiales, al menos 21 personas que están siendo juzgadas están acusadas de delitos que podrían llevarlas a la horca.

“Se trata de juicios manifiestamente injustos que tienen por objeto infundir miedo a la población”, declaró al Washington Post Raha Bahreini, investigadora sobre Irán en Amnistía Internacional, en relación con los recientes procesos judiciales en los que están implicados manifestantes.

“Esto es también un reflejo del creciente uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica como herramienta de represión política”, añadió.

En una entrevista concedida a Reuters el martes, el relator especial de la ONU sobre Irán, Javaid Rehman, se mostró preocupado por la “campaña” de condenas a muerte que ha acompañado a la represión.

Tras la ola masiva de protestas contra el régimen, las autoridades iraníes suprimieron la policía de la moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica, informó el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí.

“La Policía de la moral ha sido desmantelada por la misma gente que la creó”, se limitó a anunciar el fiscal durante una reunión en la ciudad de Qom, antes de asegurar que esta organización, encargada de la observación de los valores tradicionales islámicos, “no tiene nada que ver con la Judicatura iraní”, encargada oficial de esta práctica, según declaraciones recogidas por el medio reformista iraní Shargh Daily y la agencia de noticias ISNA.

Su comentario se produjo en una conferencia religiosa en la que respondió a un participante que preguntaba “por qué la policía de la moral estaba siendo clausurada”, según el informe.

Analistas consideran que el anuncio es una cesión ante el movimiento de protesta popular que registra el país desde hace tres meses.

Montazerí explicó que el poder judicial continuará con su supervisión respecto al comportamiento a nivel comunitario y subrayó que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante, sobre todo en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

“El mal hiyab (velo islámico) en el país, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial así como de nuestra sociedad revolucionaria, pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso y las medidas culturales anteceden a cualquier otra”, justificó Montazerí en un discurso en una reunión con clérigos en Qom.

(Con información de Europa Press, EFE y AFP)

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