
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró este viernes que recibió “informes creíbles” de varios casos en los que fuerzas rusas utilizaron bombas de racimo en áreas pobladas de Ucrania, y agregó que el uso indiscriminado de estas armas podría constituir crímenes de guerra.
“Debido a sus efectos de área extensos, el uso de municiones de racimo en áreas pobladas es incompatible con los principios del derecho internacional humanitario que rigen la conducción de las hostilidades”, dijo la portavoz Liz Throssell a periodistas en Ginebra.
“Recordamos a las autoridades rusas que los ataques dirigidos contra civiles y bienes civiles, así como los llamados bombardeos de área en pueblos y aldeas, y otras formas de ataques indiscriminados, están prohibidos por el derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra”, acotó.
Cuando se le preguntó sobre un posible cambio en la política de Facebook que permitiría a algunos usuarios llamar a la violencia contra los soldados rusos, Throssell lo calificó de “preocupante” y dijo que su oficina lo plantearía a la empresa.
Por su parte, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ya ha comenzado a recopilar pruebas incriminatorias de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania. Detectives virtuales se suman a poner a buen recaudo evidencias desde redes sociales para ayudar a garantizar esa rendición de cuentas.
Como ya pasa en Siria desde 2011, el genocidio rohinyá desde 2016, o incluso con la tragedia del MH17 (el avión malasio derribado en el este de Ucrania en 2014), las guerras y crímenes internacionales del siglo XXI se retransmiten en directo en redes sociales, y cada video e imagen constituye una prueba y un paso más hacia la posibilidad de hacer justicia.
“Está saliendo una gran cantidad de información visual capturada por la gente que vive en Ucrania, en los pueblos que están siendo atacados por los rusos. A veces son soldados los que graban estas imágenes, otras son cámaras de seguridad, y todo eso se filtra a Internet a través de diferentes plataformas como Twitter o Facebook”, explicó a la agencia de noticias EFE Giancarlo Fiorella, investigador del grupo Bellingcat.
Algunas de estas imágenes contienen evidencias de diferentes tipos de crímenes, incluyendo presuntos crímenes de guerra, incluido el uso indiscriminado de armas contra la población, e infraestructuras civiles (casas, escuelas y hospitales).
Líderes como el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ya instaron a “documentar bien” los crímenes en Ucrania para que la evidencia “quede debidamente registrada” y se pueda “hacer justicia”.
Así, diferentes periodistas, voluntarios e investigadores monitorean las redes sociales con un ojo en el material que posiblemente constituya una evidencia de crímenes de guerra: “Lo estamos categorizando y archivando para asegurarnos de que, si se borran o Twitter cierra la cuenta que compartió la foto, la tengamos de todos modos”, dijo Fiorella.
Eso está en una base de datos pública y el objetivo final es que con ese material “verificado y archivado”, en algún momento, sea en “un año, cinco o diez años”, alguna Corte como la CPI diga: “Necesitamos buscar pruebas de lo que ocurrió en Ucrania y aquí hay un mapa que esta gente en Bellingcat ayudó a armar”, dice el investigador.
(Con información de Reuters y EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego
Los residentes de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, dijeron que los panfletos fueron lanzados el lunes sobre familias que vivían en tiendas de campaña en el barrio de Al-Reqeb
¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?
La justicia dictaminó el encarcelamiento del responsable del magnicidio ocurrido en 2022, lo que ha intensificado la discusión pública sobre las relaciones entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación en la sociedad japonesa

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo fue condenado a 23 años de prisión por insurrección
La condena dictada por el tribunal en Seúl supera en ocho años la petición de la fiscalía, tras considerar el papel determinante del funcionario en la instauración del estado de excepción durante la administración de Yoon Suk-yeol


